Senado aprueba proyecto de Ley Antiterrorista y lo despacha a la Cámara de Diputadas y Diputados

La sala de sesiones del Senado. Foto: Dedvi Missene

Cerca de las 20.00 de este jueves, la sala del Senado despachó en su votación en particular el proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, más conocido como “Ley Antiterrorista”. Fue durante una sesión extraordinaria que se logró avanzar en la iniciativa y ocurrió tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, lo que obligó al Congreso Nacional a interrumpir la semana distrital.

Los senadores se reunieron este jueves para aprobar las indicaciones del proyecto de ley, el que ahora pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. El avance es relevante, según destacaron los legisladores, ya que la actual normativa data de 1984.

La sesión contó con la asistencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien durante la mañana hizo un llamado a apurar la tramitación.

Dentro del contenido del proyecto hay artículos que tipifican el delito de asociación terrorista, se establece el concepto de “terrorismo individual”, además de fijar sanciones penales para cada tipo. También se aborda penas al financiamiento del terrorismo, se fija una exclusión a los menores de 18 años para ser calificados como terroristas y se dan atribuciones para que los fiscales puedan solicitar a jueces las intervenciones de redes de servicios de telefonía o datos móviles.

Durante la votación se aprobó una indicación del senador Manuel José Ossandón (RN), la cual establece un cambio de jurisdicción. “El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago”, señala la enmienda.

Además, se aprobaron otras normativas, entre ellas, la facultad de que el Ministerio Público podrá solicitar el “sobreseimiento definitivo” para quienes revelen información sobre la existencia de actividades terroristas. El Ejecutivo también agregó a la norma que eso no correrá para el caso en que dicha actividad haya tenido participación en algunos delitos graves, como los homicidios.

Durante la tramitación del proyecto, la ministra Tohá dijo en sala: “Esta votación tiene una importancia particular y quisiera tratar de recoger algunas inquietudes que han surgido en este rato en el debate respecto a por qué importa avanzar en este proyecto”.

Y agregó: “En materia de Ley Antiterrorista, la sociedad chilena tiene todas las razones el mundo para tener una desesperanza aprendida y una enorme desconfianza porque desde el retorno a la democracia no hemos tenido en la práctica una ley antiterrorista funcionante”.

Otro artículo incorporado es que “el Ministerio encargado de la Seguridad Pública proponga al Presidente de la República ‘una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente’”.

Tras la aprobación de la iniciativa, el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), lo calificó de “un gran paso”.

“Lo hicimos por una gran mayoría, independientemente de los resultados, votaciones. En definitiva hay una gran mayoría de acuerdo en el texto aprobado en la comisión de Seguridad y de Constitución. Hoy día va a ser más fácil sancionar conductas terroristas porque la actual ley, con las modificaciones introducidas el año 2010, apelaban a un elemento subjetivo, había que probar el ánimo terrorista. Vamos a tener una legislación mucho más objetiva”, dijo.

Debate legislativo

Durante el debate intervino el senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, manifestando su “preocupación” por haber recibido el texto un par de horas antes de la votación. El legislador planteó que una modificación de 2010 provocó que la ley quedara sin aplicación durante casi 15 años. “Hicimos las cosas mal, a la rápida, a matacaballo porque hubo un hecho político y ese proyecto salió mal”, expresó, advirtiendo que se debe evitar un resultado similar. “Yo no estoy disponible para un contrato de adhesión”, añadió.

Luego fue el turno de Daniel Núñez (PC), quien dijo estar consciente “de que Chile requiere actualizar esta legislación”.

“No nos gusta, pero en Chile ocurren cosas que pueden tener connotación terrorista y se requiere tener una legislación más eficaz”, acotó.

Asimismo, pidió claridad para la definición de la acción terrorista, por lo que solicitó al Ejecutivo su corrección en el artículo 2 y también a las medidas intrusivas de la investigación, establecidas en el artículo 13. (antes 12). “¿Por qué el Ejecutivo no nos ha propuesto una indicación más clara en ese sentido?”, preguntó Núñez.

“No generemos la posibilidad de que ciudadanos que son absolutamente inocentes, que no tienen nada que ver con ningún hecho terrorista, con ninguna organización, queden sujetos a una violación de todos los aspectos de su intimidad”, planteó el senador PC.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD), por su parte, sostuvo que estaba “a favor de actualizar o de cambiar una ley que fue creada en dictadura el año 1984, o sea que no tiene legitimidad democrática, en otro contexto donde se entendía la persecución a opositores, donde el Estado con sus agentes cometió actos terroristas en territorio nacional y extranjero″.

Asimismo, catalogó de “estéril” las modificaciones realizadas a la legislación en 2010.

“Tengo algunas dudas con el artículo 12, ahora 13, respecto a las nuevas técnicas especiales de investigación sobre interceptación de equipos electrónicos… que habilita a intervenir equipos electrónicos en una zona geográfica determinada que podría ser demasiado amplia”, manifestó Latorre, respaldando el planteamiento del senador PC Daniel Núñez, por lo que también solicitó nuevas indicaciones al Ejecutivo.