Las dudas que sembró Tohá: el posible efecto de las reglas de uso de la fuerza en la Ley Nain Retamal

La ministra del Interior, Carolina Tohá, este viernes en la Cámara. Foto: Aton Chile.

Con más dudas que certezas, el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza (RUF) comenzará este martes su tramitación formal en el Senado, luego de que el viernes pasado, en la noche, la Cámara de Diputadas y Diputados despachara la iniciativa.

Si bien el intento de la oposición de devolverle competencias a la justicia militar probablemente será reflotado en la Cámara Alta, hay otras implicancias jurídicas que aún no están completamente decantadas y que requerirán un análisis más profundo de parte de los senadores.

De hecho, el texto que fue aprobado “a matacaballo”, según decían algunos diputados, presionados por el contexto social tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, no dejó completamente satisfechos ni al gobierno ni a la oposición, donde coinciden en que el articulado quedó con vacíos o incoherencias que deberían ser corregidos en el Senado

Uno de esos temas es el supuesto efecto que tendrían las RUF (que fijan criterios y protocolos para que los efectivos puedan usar su armamento, por ejemplo, para repeler una agresión) en la llamada Ley Nain Retamal, normativa aprobada en abril de 2023, que surgió en homenaje a dos carabineros mártires y que creó un estatuto de protección a policías, militares y gendarmes.

Uno de los puntos centrales de la Ley Nain Retamal es crear una presunción de legítima defensa privilegiada para los efectivos, quienes a partir de esta legislación no son automáticamente acusados por haber repelido un ataque, sino que se presume que actuaron correctamente en cumplimiento de un deber, por lo que en caso de existir un delito que se les impute, es la Fiscalía la que debe probar que no actuaron apegados a la ley.

A juicio de los diputados opositores, el gobierno alteraba ese orden en su propuesta sobre Reglas de Uso de la Fuerza, pues presuntamente obligaba al efectivo a demostrar que se apegó al reglamento, para que se les aplicaran las mismas eximentes penales de presunción de legítima defensa.

Esa crítica fue desestimada constantemente por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), durante toda la discusión que se dio en la Cámara. “(Este proyecto) no se creó por una petición de una parte de la alianza de gobierno para hacerle contrapeso a Nain-Retamal, se creó por un acuerdo político de todas las fuerzas por petición especialmente de Carabineros y las Fuerzas Armadas, y esta versión pública que se ha instalado de que esto es una especie de guiño al Frente Amplio o al PC, claramente es falso”, dijo la ministra en abril del año pasado.

Sin embargo, en la fase final del debate en las comisiones unidas de Seguridad y Constitución, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), con el apoyo de la oposición, presentó el jueves pasado una indicación para volver al espíritu de la Ley Nain Retamal.

“Se presume que concurre la circunstancia eximente del cumplimiento del deber, prevista en el artículo 10 N° 10 del Código Penal, respecto del personal policial o militar que, en cumplimiento al mandato recibido, actúa de conformidad con las reglas de uso de la fuerza contenidas en la presente ley, cualquiera que sea el daño o afectación que se ocasione a las personas o cosas”, decía parte de esta indicación.

“Se presume que concurren las circunstancias de la legítima defensa exigidas en el artículo 208 del Código de Justicia Militar y en el artículo 10 N° 4 (en defensa propia) y N° 6 (en defensa de un tercero) del Código Penal, respecto del personal policial o militar en razón de su cargo”, añadía la enmienda que fue aprobada con 14 votos, contra 11 del oficialismo. El independiente-PPD Jaime Araya, en tanto, se abstuvo.

Esta norma fue ratificada en la sala, incluso por el respaldo de más fuerzas políticas. De hecho, la DC presentó una indicación que apuntaba en la misma línea.

Sin embargo, este artículo aprobado que no hacía un reflejo exacto de lo que señala la Ley Nain Retamal.

En este punto, la ministra Tohá expuso el fin de semana este problema de concordancia. “Se hizo una presunción de un eximente de responsabilidad en base una presunción que no quedó plenamente armonizada con lo que se dictó en la Ley Nain Retamal y esto, ciertamente, es importante resolverlo adecuadamente, porque son leyes penales que tiene que aplicar un juez, y cualquier incongruencia puede tener consecuencias muy graves”, dijo la secretaria de Estado a El Mercurio.

Según el análisis del gobierno, el problema radica en que las RUF y la Ley Nain Retamal tienen una aplicación y objetivos diferentes y, al abordar un mismo tema con redacciones distintas, no exactamente iguales, se genera un espacio interpretativo.

De acuerdo a la visión de La Moneda, la presunción de inocencia en Nain Retamal es solo para cuando se repele agresión que pueda afectar gravemente la integridad física o la vida, mientras que en lo aprobado en el proyecto de RUF no distingue el tipo de agresión o si afecta a personas o cosas, sino que es para cualquier caso.

Además, explican en el gobierno, en el proyecto establece que se presume la eximente cuando el funcionario cumple con las RUF, algo que no está en Nain Retamal.

A juicio del Ejecutivo, la sobrerregulación de la presunción de legítima defensa genera un problema grave, porque será el juez el que deberá decidir qué norma aplicar. Por tal razón, la idea es corregir ese tema en el Senado

Sin embargo, el análisis de La Moneda no es compartido por la oposición. El diputado Gustavo Benavente (UDI), quien es parte de la Comisión de Constitución y participó en la redacción del texto sobre la RUF, comentó que el argumento de la ministra respecto de una eventual incongruencia resulta un poco exagerado, ya que gracias a esta indicación se habría subsanado un problema mayor. “Lo que aprobó la Cámara es totalmente armónico con Nain Retamal. Es bien divertido esto, porque era el eximente que proponía el gobierno el que disminuía la Ley Nain Retamal”, señaló Benavente.

Al explicar su abstención, el diputado Jaime Araya (indep. PPD), integrante de la Comisión de Seguridad, dijo que “finalmente compartí la aprensión del gobierno en orden a que la indicación podría generar problemas en la aplicación de Nain-Retamal, lo que a mi juicio es lo más relevante en materia de certeza a las policías en el cumplimiento de su labor y, por tanto, me abstuve, porque entendí que, a veces, los cuidados del sacristán matan al señor cura. Este es un ejemplo de aquello”.