Fallo del TC para blindar a Benavides afecta el régimen democrático y legal
La resolución emitida por cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para intentar salvar a Patricia Benavides, la fiscal suspendida y presuntamente implicada en una organización criminal, ha generado impactos, tanto en la institucionalidad democrática del país, como en el sistema normativo y judicial, según advierten el Colegio de Abogados de Lima y especialistas en derecho constitucional.
La decisión exprés de dicha instancia, sin embargo, aún no logra bloquear el procedimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que podría culminar con la destitución de la otrora fiscal de la nación. Los días siguientes, entonces, serán igual de intensos para los distintos actores de la presente crisis política.
Impacto en la democracia
El Colegio de Abogados de Ayacucho fue la primera organización que salió ayer a pronunciarse, en medio del notorio adormecimiento de la mayoría de organizaciones de los profesionales del derecho. “Lamentamos que no existan razones constitucionales y legales en el proceder de los miembros del TC”, expresan los abogados ayacuchanos, quienes, además, realizaron ayer una vigilia “en defensa del Estado de derecho y la constitucionalidad”.
Sobre la marcha ayer también se pronunció el Colegio de Abogados de Lima y alertan sobre el impacto del fallo del actual TC en la institucionalidad democrática. “La reciente decisión del TC debilita el régimen democrático del país”, comentan.
Esta organización hace hincapié en el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, que establece que ninguna autoridad puede abocarse a causas que se encuentran pendientes en el Poder Judicial, ni interferir en el ejercicio de sus funciones de este importante poder del Estado.
Y es que, contrario a dicha disposición constitucional, cinco magistrados del TC suspendieron la medida cautelar del Poder Judicial que había permitido el retorno de Aldo Vásquez e Inés Tello a sus cargos en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el marco de una demanda de amparo que aún está pendiente de una decisión sobre el fondo.
Los cinco miembros del TC que emitieron dicha resolución son Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández. Todos elegidos por el actual Congreso, dominado en la práctica por la bancada Fuerza Popular.
Impacto en la JNJ
De momento, los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello expresaron su preocupación por el impacto que tendrá la resolución del TC en el funcionamiento de la JNJ, entidad clave en el sistema de justicia.
“Nosotros no podemos en este momento hacer ejercicio de nuestras funciones constitucionales, se nos ha privado”, advirtió Aldo Vásquez, quien tras la decisión del TC vuelve a su condición de magistrado inhabilitado por el actual Congreso.
Inés Tello, la segunda magistrada de la JNJ inhabilitada por el Congreso, alertó que varias funciones de fondo de la JNJ se encuentran en riesgo, al quedar solamente cinco miembros.
“La principal afectación es que no ya no hay un pleno completo de la JNJ. El TC no se ha proyectado sobre las consecuencias. La mayor parte de las funciones queda en suspenso. Si en algunos casos uno de los miembros de la JNJ es instructor, ya no podrá votar”, comenta.
También advirtió que en los procesos de evaluación de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) ya no se contará con un pleno completo. En la JNJ quedan cinco miembros. Si alguno renuncia o se ausenta, sencillamente no se podrá votar.
Por esta razón, el constitucionalista Samuel Abad observa un doble impacto en el fallo del TC. Por un lado, esta la injerencia en las funciones del Poder Judicial al dejar en suspenso una medida cautelar. Por otro, el impacto directo en la composición de la JNJ. Y no es la primera vez. Abad recuerda que el TC ya antes decidió que otra persona (Marco Falconí) integre la JNJ, con una mala interpretación de las normas.
Impacto en el derecho
Samuel Abad alerta que el TC está sentando un mal precedente, porque “cuando el Congreso esté en desacuerdo con una resolución judicial ahora podrá ir al Poder Judicial y luego al TC”. El abogado subraya que solamente el Parlamento tiene este camino.
“Estamos ante una situación muy peculiar. Hay una decisión del TC que interfiere en un procedimiento judicial en trámite y también interfiere en el funcionamiento de la JNJ. Yo considero, claramente, que el TC ha actuado incorrectamente y de manera arbitraria y sin justificación, y sin evaluar el impacto grave de su decisión en el sistema de justicia en el país y los principios democráticos”, cuestiona Abad.
En relación al impacto en el sistema de justicia, Beatriz Ramírez también critica la decisión del TC: “Lo más graves es que la resolución del TC supone una ruptura de la normativa procesal de las demandas de amparo”.
Según detalló, el TC puede dar medidas cautelares en procesos competenciales, pero deben ser de manera muy restrictiva y excepcional, y previo cumplimiento de requisitos.
La abogada recordó que el Congreso ya presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial, cuando un juez constitucional bloqueó el proceso de elección del defensor.
“En esa resolución de marzo, el TC le otorga al Congreso un gran margen de acción y libertad, pero también dice que, si hay vulneración de derechos fundamentales, sí se puede ir a un proceso judicial”, recuerda. Desde su punto de vista, con este precedente no había una necesidad de urgencia para que el TC emita la medida cautelar que vuelve a sacar de sus cargos a los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello.
“Esta resolución me genera mucha preocupación porque, en la práctica, supone una injerencia del TC en un proceso judicial en curso”, expresa, por su parte, Heber Joel Campos, profesor de derecho constitucional de la PUCP.
El especialista también cuestiona la decisión del TC de retomar la inhabilitación de Vásquez y Tello solamente hasta que la segunda instancia judicial resuelva la apelación del Congreso sobre la medida cautelar.
El proceso contra Benavides
Con el fallo del TC, ahora la JNJ se queda con cinco miembros. Se trata del mínimo del quorum que todavía permite a esta instancia votar la propuesta de destitución de Patricia Benavides, cuyo proceso sigue en curso.
El próximo 30 de abril es la última audiencia ante la JNJ, con participación de Enma Benavides. Luego, el ponente, que es uno de los cinco miembros vigentes, presenta su proyecto de resolución. La norma precisa que se requiere una mayoría simple para aprobar la sanción.
Es decir, bastaría tres votos en esta nueva composición de la JNJ para concretar la destitución de Patricia Benavides, por el caso de la separación de la fiscal Bersabeth Revilla para proteger a su hermana Enma Benavides.
Subordinación
Francisco Morales, presidente de un Tribunal Constitucional que le debe favores al Congreso. Ahora les tocó lanzarle un salvavidas a Patricia Benavides.
Reacciones
Beatriz Ramírez, constitucionalista
“Lo más graves es que la resolución del TC supone una ruptura de la normativa procesal de los amparos. El TC puede dar medidas cautelares en procesos competenciales, pero en este caso lo concedió sin cumplir con los requisitos”.
Heber Joel Campos, constitucionalista
“Esto es un síntoma más del proceso de erosión democrática que atravesamos. La resolución del TC deja un mal precedente. Me genera mucha preocupación. En la práctica, es una injerencia del TC en un proceso judicial en curso”.
Samuel Abad, constitucionalista
“El TC ha actuado incorrectamente, de manera arbitraria y sin justificación, y sin evaluar el impacto grave de su decisión en el sistema de justicia y los principios democráticos de la separación de poderes y el respeto a las autonomías”.
Omar Cairo, constitucionalista
“El principal impacto de esta resolución del TC es la interferencia en un proceso judicial en trámite, que es el amparo de los miembros de la JNJ contra el Congreso. El TC se ha inmiscuido en competencias que corresponden al Poder Judicial”.
Procuraduría General del Estado opta por el silencio
La Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia remitió un escrito al procurador general del Estado, Javier Pacheco, donde le solicita que actúe en relación a la información surgida sobre la posible coordinación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, para atender intereses particulares de la suspendida fiscal Patricia Benavides.
“Ponemos en conocimiento la noticia difundida a efecto de que vuestro despacho evalúe y/o determine las acciones correspondientes”, se lee en el documento remitido ayer.
El procurador Javier Pacheco fue designado en el cargo por la mandataria Dina Boluarte y, de momento, ha mostrado una actitud pasiva frente a las últimas denuncias.