Cuando el problema está más en el récord de gasto público que en el de ingresos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de los Presupuestos 2023 en el Congreso de los Diputados.
A este humilde escribidor sobre la efímera levedad del agua se le antoja muy pobre el desempeño fiscal de 2023 en España, tanto comparado con el de los vecinos como con las alternativas que la coyuntura ofrecía. Si con el más generoso crecimiento de la economía de Europa no ha sido posible llevar el déficit a la zona desapercibida del 3% del PIB, sino de incrementar el de naturaleza estructural, qué será del saldo cuando las vacas flaqueen y Europa y los mercados prescriban una dieta estricta.
Puede parecer ventajista echar mano del menos mal que nos queda Portugal, ese fatalista anestésico que puso en circulación Siniestro Total en los ochenta y de uso tan socorrido cuando las cosas no van aquí como deberían. Pero no lo es. Los gestores públicos del país vecino, aplicados en la disciplina desde que Europa les lanzó en 2011 el salvavidas financiero, han logrado cerrar las cuentas de 2023 con un superávit fiscal del 1,2% del PIB y una deuda pública por debajo del 100% (99,1%). Mesura en los ingresos (43,5% de la riqueza) y rigor en los gastos (42,3%).
Portugal tiene crecimiento parecido al español, mejor balance inflacionista y una tasa de desempleo del 6,5%, tras superar el 17% en 2013, y todo ello con un Gobierno de parecida orientación ideológica al español, lo que demuestra que las cosas pueden hacerse de manera diferente desde parecidas posiciones. Y aunque España resiste mejor la comparación con economías europeas más grandes (Francia ha cerrado con un déficit del 5,5% del PIB, e Italia, del 7,4%), en el caso español se le ha echado gasolina a la inercia de los ingresos, pero si ello puede ser un problema para la economía por los niveles de presión fiscal, más grave es echársela a la inercia del gasto público, que ceba unas cifras de muy complicada reducción ulterior.
Dinero público
No puede considerarse cicatero el comportamiento del dinero público con los administrados en los últimos años si tenemos en cuenta que ha puesto a su disposición partidas por valor cercano a los 57.000 millones de euros si se contabiliza la renuncia a ingresos de 25.800 millones y el incremento del gasto de 2.000 a 27.000 millones activadas entre 2021 y 2025 para aliviar la presión de la inflación y los efectos de la guerra de Ucrania, según los cálculos del Banco de España recogidos en su Informe anual de 2023.
Pero no es menos cierto que al desempeño de los ingresos fiscales y por cotizaciones tras superar la pandemia puede atribuírsele cualquier adorno menos el de moderado. Tras cerrar 2023 con un récord de ingresos por impuestos de 272.000 millones de euros, con más de 120.000 millones de la mano del impuesto sobre la renta, y un nuevo techo en los recursos por cotizaciones sociales, alcanzan un nivel agregado del 42,8% del PIB, ya por encima de la media aritmética de la UE y solo 3 puntos porcentuales por debajo de la media ponderada, cerrando a marchas forzadas buena parte de la brecha que justifica desde hace años el comportamiento fiscal del Gobierno de Sánchez y Montero.
La OCDE recordaba días pasados que España es la economía desarrollada en la que más se ha incrementado la presión fiscal sobre las rentas salariales, y el Consejo de Economistas advertía también de que la factura fiscal sobre los hogares, sobre la clase media, contabilizando IRPF, IVA, especiales e impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, supone ya un tercio de sus rentas.
Solo el impuesto sobre la renta, estimulado por el avance del empleo, de los salarios, de las cuantías de las pensiones y del inestimable efecto multiplicador de la inflación, ha supuesto un tipo medio efectivo de presión fiscal del 14,7% del PIB el año pasado, cuando en 2019, año de referencia prepandemia, era de solo el 12,8%. A la buena marcha de las variables que mueven las bases imponibles del impuesto hay que añadir las subidas de algunas figuras o figuras de nueva creación, así como la progresividad en frío (componente de los ingresos imputable a la no deflactación de la tarifa), cuya aportación cuantifica el servicio de estudios del Banco de España en el 70% del avance de los recursos.
El Gobierno ha dedicado discrecionales cantidades de recursos a combatir, en ingresos y pagos, los efectos de la crisis energética e inflacionista, unas veces con criterios universales y otras con selectividad, pero ha decidido incorporar a la caja de Hacienda el dividendo a cuenta de la inflación. Solo parcialmente deflactó algunos tramos tras las iniciativas de las comunidades autónomas, que se enfrentaban todas a la reválida electoral mediado 2023.
Pero pese a este crecimiento generoso de los ingresos tributarios y de las cotizaciones, el saldo fiscal deficitario se ha reducido pobremente, hasta el 3,66% del PIB, mucho menos de lo que el Gobierno apostó y muchísimo menos de lo que hubiere sido razonable con situación tan favorable de la actividad. Si no lo ha sido es porque el otro platillo de la balanza, el gasto público, ha crecido más de lo conveniente, hasta el 46,4% del PIB, estimulado más allá de lo que el ciclo imponía con decisiones sin vuelta atrás demasiado arriesgadas.
Hay más, pero el ejemplo paradigmático es el alza nominal de las pensiones igual a la inflación, aunque esta sea anormal y coyunturalmente alta, que fuerza a unas subidas desaconsejadamente elevadas de las cotizaciones para correr detrás del gasto, y sin garantía alguna de lograr el equilibrio en las cuentas en el futuro.
Así, el déficit estructural, el que el sector público registra independientemente de los vaivenes cíclicos que elevan ingresos en etapas de euforia y ceban gastos en las de crisis, repunta desde el 3,1% del PIB en 2019 al 3,7% actual. Cuando las circunstancias fiscales facilitaban el camino a la reducción del desequilibrio se ha esquivado el control del gasto y se ha permitido que absorba todo el ingreso y genere deuda pública adicional.
Volvamos al principio: si contabilizar récord de ingresos es un problema porque limita la capacidad de consumo e inversión de los contribuyentes, más problema son los sucesivos récords de gastos estructurales, puesto que condicionarán las cuentas venideras, justo cuando Europa quiere recuperar la disciplina fiscal, con reducciones obligadas del déficit primario (sin intereses) y de la deuda. Entre tanto, España carece de Presupuestos este año y de los de 2025 nadie sabe nada.
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