Alta tensión entre la Suprema y Fiscalía por chats de exjuez Poblete

La Tercera

Cuando el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, decidió abrir de oficio una causa penal tras el hallazgo de hechos que podrían constituir otros ilícitos en el caso “Operación Topógrafo”, en que se indagan infracciones a la Ley de Inteligencia, lo hizo solo bajo la carátula de violación de secreto.

La resolución se dictó poco antes de que Ciper revelara, el 5 de junio, conversaciones de WhatsApp que contenía el celular que se le incautó al exministro Juan Antonio Poblete, quien hoy está en prisión preventiva por haber autorizado, en su calidad de magistrado, interceptaciones telefónicas ilegales en contra de periodistas y exmilitares que habían sido denunciantes de casos de corrupción en el Ejército.

Ya por esos días el fiscal a cargo del “caso topógrafo”, Jaime Retamal -quien integra la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte-, había detectado que en el último informe de la PDI allegado al expediente, de 171 páginas, había chats de los cuales se desprendía que un integrante de la Corte Suprema habría estado entregando información de situaciones que se debatían en el pleno de la Corte Suprema, en particular cuando se zanjó la remoción de Poblete del Poder Judicial, lo que se concretó en abril de 2022. El acuerdo, de carácter reservado ante la ley, habría sido violado y a ojos del fiscal Retamal era necesario abrir un caso paralelo que indagara si existió o no tal conducta delictiva.

Ambos hechos terminaron por poner el foco de la embestida judicial en las tratativas políticas que derivan en los nombramientos de los ministros.

Una reunión secreta

En la agenda del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, no quedó registro de la visita que el 7 de junio le hizo el fiscal nacional Ángel Valencia. A modo de deferencia, la máxima autoridad del Ministerio Público había acudido hasta el Palacio de Tribunales, a cinco cuadras de su despacho, para informar de la apertura de una causa penal que involucraría a todos aquellos jueces y supremos mencionados en los chats de Poblete.

Y si bien la investigación tuvo como origen el delito de violación de secreto, tras el reportaje de Ciper se apuntó a otros ilícitos. De hecho, el mismo día en que Blanco informó de la cita con Valencia al pleno, el consejo del INDH acordó presentar una querella por el delito de tráfico de influencias apuntando no al secreto, sino a las tratativas entre políticos y jueces para nombramientos judiciales.

El libelo del organismo dirigido por Consuelo Contreras se basa, principalmente, en los resultados del informe policial de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI. Ahí aparece una conversación en que Poblete le pedía ayuda directa a Mario Desbordes para apoyar a su amiga, la ministra María Teresa Letelier, en su aspiración para llegar al máximo tribunal.

Desbordes ha sido enfático en rechazar los cargos y asegura que todo se trata de una operación política que busca enlodar su candidatura como alcalde de Santiago, en la que competirá con la PC Irací Hassler, y apuntó directamente a la jefa de Retamal, la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong y a operadores del ala de izquierda del INDH.

Al interior de este último organismo acusaron presiones de la Fiscalía para apurar la presentación de la querella. Desde el Ministerio Público aseguran en privado que ningún fiscal se comunicó con los abogados del INDH para pedir agilizar el libelo y explican que “no era necesario, pues el fiscal Armendáriz ya había abierto de oficio una investigación”. El mismo lunes 10, Valencia sacaba el caso de la Centro Norte y lo enviaba, “por la gravedad de los hechos”, a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Ánimos caldeados

Cuando Blanco terminó de hablar el lunes sobre lo que le había informado el fiscal nacional, no pocos supremos manifestaron su molestia. Algunos jueces insinuaron que debía volver a operar el Comité de Ética ante estos casos y -según El Mercurio- la propia ministra Letelier dijo ante sus pares que ninguno había sido nombrado en el cargo “por obra del Espíritu Santo”. De la eventual violación de acuerdos del pleno no se habló nada, y nuevamente, al igual que en la opinión pública y en el INDH, la disputa giró en torno a la relación entre políticos-jueces y apoyos.

Y es que un magistrado para poder ascender a la cúspide del Poder Judicial debe contar con el voto del 2/3 del Senado, según el actual sistema de nominaciones del único poder del Estado que no elige a sus autoridades con elección popular. Esto es, justamente, para resguardar la independencia de sus decisiones.

Choque de frente

El “choque de trenes” entre la Corte Suprema y la Fiscalía se produce también, según comentan ministros, porque los fiscales regionales también deben ir a solicitar votos a las cortes de Apelaciones para ser elegidos. Lo mismo pasa con el cargo de fiscal nacional, que debe contar con el respaldo de la Corte Suprema.

Los supremos también advierten una diferencia en el trato de la información. “¿Por qué en el caso Hermosilla no se sabe de todos los mensajes?”, preguntaron. La respuesta que obtuvieron desde el Ministerio Público es que son dos formas distintas de trabajar. Mientras la Fiscalía Centro Norte no posee la capacidad para revisar cada uno de los chats de Poblete, y le entregó dicha misión a la PDI, en la Fiscalía Oriente el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, revisa personalmente uno a uno -junto a un perito informático- aquellos WhatsApp de Hermosilla que podrían constituir delito. Esto último con el fin de evitar que en el expediente se registren conversaciones personales resguardadas por el derecho a privacidad y que no deberían conocerse a menos que constituyan un ilícito o exista un indicio de aquello.

La molestia se da, además, en un contexto en que la Corte Suprema debe resolver la remoción de Armendáriz solicitada por un grupo de parlamentarios de oposición. “A diferencia de ellos (los fiscales), acá no habrá defensas, ni molestias corporativas”, dijo un supremo que descartó que el impasse con los chats de Poblete influya en el futuro del jefe regional del Ministerio Público.