La industria exige ya al Gobierno un pago por la electricidad que genera con gas para evitar que hasta 111 fábricas se vayan a otros países

la industria exige ya al gobierno un pago por la electricidad que genera con gas para evitar que hasta 111 fábricas se vayan a otros países

La industria exige ya al Gobierno un pago por la electricidad que genera con gas para evitar que hasta 111 fábricas se vayan a otros países

La industria española vive tiempos inciertos, con la necesidad de descarbonizar sus técnicas de producción pero para la que todavía no dispone de tecnologías suficientemente desarrolladas y baratas y el gas natural sigue siendo la materia prima con la que sectores como el petroquímico, el alimentario, agrícola, del papel o del textil generan calor necesario para sus procesos de transformación, mediante la tecnología de cogeneración. En el mismo proceso también se genera electricidad, de la que estas industrias solo consumen en torno a la mitad. Del pago, la retribución, por parte del Gobierno por la parte de la electricidad que no consumen depende su pervivencia, sobre todo de las más de un centenar de fábricas -un 40% de ellas en Cataluña- que ya han quedado fuera o están apunto de hacerlo de esta retribución regulada y que podrían optar por deslocalizarse, establecerse en otros países, donde sí se les garantice un pago por esa energía que es vital para seguir funcionando y captar inversiones para transformarse hacia un sector más 'limpio'.

La asociación que reúne a la industria cogeneradora, ACOGEN, ha advertido este jueves de que este sector -que representa el 20% del PIB y reúne unos 200.000 empleos industriales- "afronta la etapa más difícil de su historia" ante los efectos que ya empieza a tener el retraso durante años por parte del Gobierno de un nuevo régimen de retribución por la producción de electricidad a partir del gas natural por el 15% de la demanda nacional. Se trata de uno de los combustibles fósiles que el Gobierno está comprometido a desterrar tan pronto como sea posible. Aunque este proceso está en manos del Ministerio de Industria, fuentes del sector indican que todo depende finalmente del de Transición Ecológica, que diseña la política energética y climática.

Tal y como se les prometió hace ya dos años, el sector espera que la semana que viene o, a lo sumo, el Gobierno tome la "decisión política" de aprobar un nuevo régimen de retribución, es decir, que concrete a cuánto va a pagar cada megavatio (MW) de la electricidad que, junto al calor, se genera a partir del gas en las plantas de cogeneración. Según los casos, estas instalaciones son una parte más de fábricas azucareras o cerámicas, o la actividad de empresas energéticas que después se las venden pero igualmente crítica para su competitividad.

El sector espera que se ponga este precio "antes de junio", como paso previo al verdadero hito, la convocatoria que esperan que sea cuanto antes de una subasta regulada en la que el Gobierno se comprometa a retribuir la producción de 1.200 MW de electricidad por cogeneración, para permitir seguir funcionando a la industria. En concreto, esperan que en un mes se anuncie la subasta que sería la siguiente desde la última, en 2012.

Si no ocurre así, ACOGEN advierte del "riesgo inminente de deslocalización" de hasta 111 fábricas, que representan el 25% del sector de la cogeneración, que lleva años en declive -entre 2019 y 2023 asegura que ha retrocedido un 45%-, y con ello, la producción industrial española y ha pasando de producir el 11% de la electricidad nacional al 6,5%. Entre 2021 y 2024 habrán llegado al final de su vida útil y que no recibirán ya en España ninguna retribución por su producción eléctrica y que podrían irse a otros países en busca de estos ingresos. Este riesgo de deslocalización puede afectar especialmente a comunidades como Cataluña, donde los efectos de seguir sin contar con un marco de retribución puede afectar al 40% de sus industrias de cogeneración, pero el problema es a escala nacional.

"La cogeneración está por todo el país. Cuando vas a un supermercado, el chocolate, el queso, el aceite, las conservas, todo se produce en el sector químico, del papel de la alimentación. Se han retrasado los planes y esta industria ha perdido su retribución, no pueden invertir, hay empresas con el 30% de sus plantas paradas esperando para invertir", ha alertado el presidente de ACOGEN, Rubén Hernando, sobre la situación de la industria difícilmente puede electrificar sus procesos productivos y que de momento solo cuenta con el gas natural como fuente de energía.

Este jueves, la asociación ha presentado una encuesta en la que, entre otras cosas, las industrias del sector de la cogeneración responden que el 35% de ellas vende parte de su electricidad al operador del mercado (OMIE), y solo un 11% la suministra a "consumidores vecinos" por medio del autoconsumo de proximidad debido a barreras regulatorias.

"Somos el país de las renovables. Si queremos seguir siendo el país de la industria, la cogeneración tiene todo el sentido", ha destacado Hernando sobre un sector que en España reúne 33 instalaciones de la industria química; 13 del refino; 25 de celulosa y papel, 36 de alimentación y bebidas; 19 de residuos, incluidos purines y olivar, o 18 azulejeras, además de, en menor medida, otras de los ámbitos del metal, el automóvil, ladrillos, agrícola y textil.

Según datos de ACOGEN, el 63% de las empresas industriales que funcionan mediante cogeneración son pymes y el 37% restantes, grandes empresas, que generan la mayor parte de la electricidad para la que ahora esperan retribución, 3.124 MW. En la subasta que el sector espera como agua de mayo se subastarán 1.200 MW, aunque fuentes del sector doblan las necesidades reales en el doble, 2.400MW. Pero al menos consideran que servirá para ir 'salvando' a las empresas y fábricas que están en peor situación, el 25% de la industria de cogeneración a las que el Gobierno ya no retribuye la electricidad que generan y no consumen y que no disponen ya de esta fuente de ingresos para seguir funcionando o para afrontar nuevas inversiones, principalmente para recorrer el camino hacia una descarbonización que en este sector es más complicado porque todavía no disponen de alternativas ni eficientes ni rentables para abandonar los combustibles fósiles.

El tercer elemento que "urge" a este sector industrial es prorrogar dos años la vida a las empresas que cumplen el final de la vida útil -otras 37 en 2024 que sumarán a 26 el año pasado o 18 en 2022- para que puedan alcanzar a invertir sin paradas forzadas. "El calendario de fin de vida útil de las cogeneraciones aboca a España a un severo retroceso industrial", dice ACOGEN, que además de una subasta cuanto antes "para revertir la desaparición progresiva de la cogeneración" y, con ella, "la pérdida de los múltiples beneficios que aporta a la industria, a los sistemas energéticos y al país".

Energías limpias

Fuentes del sector no ocultan su convencimiento de que si ya existiera una materia prima capaz de sustituir al gas natural como fuente de energía en la industria cogeneradora, la subasta que llevan años esperando ya se habría celebrado. Sin embargo, la realidad que reflejan las respuestas de estas empresas en la encuesta elaborada por ACOGEN muestran una realidad en la que son mayoría las empresas que ya utilizan también paneles fotovoltaicos para generar electricidad y mucho menos otras fuentes de energía alternativas como el hidrógeno, considerado todavía una "tecnología en desarrollo".

Por lo que respecta a las "tecnologías maduras", el 76% de las empresas del sector tienen instalados ya paneles fotovoltaicos mientras que en torno al 46%-47% de las empresas estudia y desarrolla proyectos de biogás, biometano, calderas eléctricas o bombas de calor. Menores perspectivas existen con respecto a "tecnologías en desarrollo" como el hidrógeno (solo el 43% dice estar teniéndolo en cuenta), el almacenamiento térmico (29%) o la captura y almacenamiento de CO2 (23%).

ACOGEN defiende que para poder hacer esta transición ecológica, estas industrias necesitan, en primer lugar, seguir existiendo mediante la cogeneración con gas natural y, en segundo lugar, con un régimen retributivo que les permita afrontar las inversiones necesarias para hacer este cambio.

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