Reforma Judicial profunda y macroeconomía

El Universal

Hemos escrito las razones biográficas del temperamento del Presidente AMLO, sobre sus competencias, habilidades políticas y comunicacionales.

El resultado electoral avala sus políticas sociales y estilo personal de gobernar.

El diseño de la política interior post electoral está caminando.

Sin embargo, crecen una serie de variables en el marco de la economía que deben cuidarse en este periodo de transición.

Son evidentes las expresiones de nerviosismo de los distintos mercados derivadas de las iniciativas de reforma constitucional en materia del Poder Judicial Federal.

Dos proyectos de nación, pero sobre todo, dos cosmovisiones chocan: el mundo de la política interior de México en dónde la voluntad del Presidente AMLO es amplia, y el paradigma dominante de la economía, cuyas reglas estrictas han delineado los mercados mundiales.

Las tasas de interés, los precios de las materias primas, los mercados de derivados y de futuro, el acceso al crédito, la valoración de los institutos centrales en el manejo monetario, el tipo de cambio, los controles inflacionarios, son indicadores, variables y decisiones de política que fueron diseñados y operados en el exterior, un sistema que viene del siglo pasado y que gobierna el mundo.

Son reglas que se han hecho y practicado de manera inflexible, a las que la doceava economía del mundo debe cuidar su forma de cumplirlas y de tomar distancia por el cambio de régimen político que se impulsa.

Sería una vana ilusión para quienes se aferran al viejo modelo de poder en México, asumir que la reforma del poder judicial no tocará los fundamentos y las reglas del juego del Estado mexicano que se probaron hegemónicas en la era priísta y la hegemonía institucional neoliberal.

No obstante, en esas reglas, el fortalecimiento y permanencia del Estado de Derecho, como garante de la propiedad privada y los derechos humanos, mandata imperativos.

A los regímenes y mandatarios que han intentado desviarse, simular o fingir cumplimientos parciales, se les ha hecho pagar frontalmente con desprestigio en la comunidad financiera internacional.

Confrontar las reglas de los mercados financieros internacionales limita el acceso al crédito público, incumplir las obligaciones de disciplina financiera y monetaria interna, provoca malas calificaciones de las instituciones encargadas de evaluar desempeños.

México enfrenta en este momento un problema de elevado déficit público que pone en riesgo el financiamiento del gasto público.

El gasto social ha sido expandido denodadamente en el último sexenio y es importante garantizar sus fuentes de financiamiento suficientes y sanas.

Al paralelo, se sigue postergando la pertinencia para el país de una reforma fiscal.

Ello implicaría que se grabe la propiedad con mayor eficiencia y la federalización del pago del impuesto predial.

La Reforma Judicial Constitucional enviada al Congreso federal puede llegar a dinamitar las oportunidades que tiene el país para recibir inversión extranjera directa y desequilibrar el tipo de cambio.

En efecto, se puede diseñar ahora una elección popular, estructural, pero creemos que en un esquema gradual, de Juzgadores.

Debe ser escalonada, sin escatimar su espíritu de reforma profunda del sistema.

La reforma del poder judicial debe calar en los cimientos y desmantelar privilegios y resortes de corrupción sistémica.

El Instituto Nacional Electoral debe prepararse para organizar esos comicios.

Es cierto que existen prácticas de corrupción en diversos juzgados.

Dentro de la Reforma al Poder Judicial, la propuesta de constituir un Tribunal sancionador y además elegir a los magistrados, justamente se comprueba como una ruta no promisoria.

La Auditoría Superior de la Federación debe fiscalizar el ejercicio del gasto del Poder Judicial de la Federación, de esa manera un órgano técnico perteneciente a otro poder federal (en este caso el Legislativo) puede realizar autónomamente dicha tarea.

Así mismo, la Auditoría Superior de la Federación puede evaluar la eficacia y eficiencia de los juzgadores mediante el establecimiento de indicadores.

El error consiste en que empleados del mismo poder fiscalicen y evalúen a sus pares.

Puede construir ahora un modelo propio sin necesidad de mayor burocracia judicial.

Actualmente, la Defensoría pertenece al propio Poder Judicial Federal. Consideramos que se debe constituir una Defensoría de Oficio Federal a cargo del Poder Ejecutivo Federal.

En este órgano deben actuar las y los mejores abogados del país que de manera expedita y gratuita brinden servicios de defensa jurídica en juicios a la población solicitante. Nuestra propuesta busca equilibrio y visualiza una genuina División de Poderes en México.

Para tener certeza sobre la verticalidad y honradez del personal judicial deberán ser auditados los ministros de la Suprema Corte, Magistrados y Jueces. Esas Auditorías deberán correr a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP.

Así también, todo aspirante al cargo de Juzgador deberá ser auditado por el SAT antes de inscribirse al proceso electoral.

En los días que corren el proceso de gobernanza impulsado por el Congreso Federal erigido en Parlamento Abierto, alimenta la reflexión profunda que deben realizar los legisladores ante esta propuesta de nueva cimentación de la estructura fundamental del Estado mexicano.

Es una tarea trascendente en responsabilidad política e histórica.

Sin duda, el poder judicial necesita ser reformado, pero las reglas y tiempos operativos de implementación deben ser analizados con responsabilidad ante la frágil realidad económica. Un error de implementación, una presión desbordada en las decisiones provocaría un cisma de los fundamentales de la economía, acaso el escenario de fuga de capitales, devaluaciones e inestabilidad social, en suma, sería lastimada la clase popular, los que menos tienen.

Cajón de Sastre

Nos sigue sorprendiendo para bien la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum con la conformación de su gabinete.

Hay mesura e inteligencia política en los pasos que da. Felicitamos la ratificación de Rogelio Ramírez de la O en Hacienda. Un hombre serio, prudente, bien formado técnica e intelectualmente, quien por cierto, no asistió a la ceremonia de presentación por encontrarse en Londres, tratando de calmar a los mercados.

Luz Elena González en Energía es un buen anuncio; dio buenos resultados en el manejo de las finanzas públicas de la Ciudad, además de declarar su compromiso con las energías limpias y el cuidado de la soberanía energética.

David Kershenobich en la Secretaría de Salud nos brinda certezas al saber que un sector rezagado, con insuficiencia palpable en la cobertura, errores en el diseño de políticas y de las prácticas de corrupción, ha de ser rescatado. Una biografía científica destacada y experiencia probada en instituciones de excelencia en servicios de salud, deberá funcionar para dar resultados en el corto plazo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.