El Tribunal de Cuentas urge a tomar medidas contra el déficit de 89.000 millones de la Seguridad Social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, exconsejera de Economía y Hacienda de Navarra, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo, este jueves en el Senado. EFE/ Borja Sánchez-trillo

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las Cortes Generales –Congreso y Senado- que adopten con urgencia medidas para afrontar y resolver el endeudamiento de la Seguridad Social, cuyo patrimonio neto negativo alcanzaba al finalizar 2022 los 88.759,4 millones de euros. Así consta en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, realizada por la Intervención General (IGAE) del ejercicio de dicho año. En su informe al Parlamento, el órgano fiscalizador subraya que la Seguridad Social lleva seis años seguidos con déficit.

Fuentes del órgano fiscalizador han subrayado la importancia de que el fondo de reserva o “hucha de las pensiones” forme parte, en términos de contabilidad, del patrimonio de la Seguridad Social. En teoría, está legalmente previsto que así sea a partir del ejercicio de 2023. Una de las causas de esa deuda deriva de los préstamos que ha venido empleando el Estado para financiar la Seguridad Social. Las fuentes consultadas indican que los préstamos son en muchos casos prorrogables. En el caso de 2022, los préstamos del Estado a la Seguridad Social ascendieron a casi 7.000 millones de euros. Cuando vencen, por lo general estos préstamos vuelven a prorrogarse.

Probablemente, las recomendaciones que se remitan a las Cortes aconsejarán que se aporten los recursos a la Seguridad Social por medio de transferencias corrientes, y no a través de préstamos. En 2022 ya se hicieron, hasta un total de 18.396 millones de euros. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que un reciente informe del Banco de España señalaba que el pasivo total de la Tesorería General se situó en el 7,8% del PIB hasta marzo pasado. Ello equivale a colocarse en los 116.000 millones de euros, que a su vez son 10.000 más que en el ejercicio anterior.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado se repite, en suma, una vez más desde 2017. El cálculo relativo a 2022, dado a conocer este viernes, agrava la situación, porque los 88,7 millones de patrimonio neto negativo (las deudas son mayores que los activos), suponen una cifra récord. En todo caso, el crecimiento de ese desequilibrio se produjo ese año a un ritmo más lento que en otros anteriores. Dicho aumento fue inferior al de ejercicios anteriores, pero el hecho es que alcanzó los 7.700 millones de euros. En todo caso, el órgano fiscalizador considera que los datos siguen marcando una tendencia que se debe frenar. De ahí que su informe dirigido a las Cortes vaya a instar la adopción de “las medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera de endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado”. El criterio del Tribunal de Cuentas es que se han tomado ya algunas iniciativas, pero siguen siendo insuficientes.

El informe del Tribunal de Cuentas relativo a la contabilidad general del Estado correspondiente a 2022 destaca que persisten las discrepancias entre la contabilidad patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado respecto a las insuficiencias de financiación de asistencia sanitaria y servicios sociales. La más importante, 3.3724 millones de euros, sólo reflejada por la Tesorería de la Seguridad Social. Se destaca que “tampoco se ha producido el saneamiento financiero por los préstamos otorgados por la Administración General del Estado a la Seguridad Social entre 1992 y 1999 (17.168,6 millones), ni se han amortizado las deudas de la Seguridad Social con la Administración General por la liquidación de los conciertos suscritos con el País Vasco y Navarra (9.081,5 millones)”.

Hay otros aspectos de la Cuenta General del Estado sobre los que el Tribunal de Cuentas va efectuar recomendaciones a las Cortes. Por ejemplo, que se adopten medidas para integrar en la Cuenta General del Estado a todas las entidades del sector público estatal, y que se impulsen reformas legislativas para acortar los plazos de rendición de cuentas, así como que se restrinja el diferimiento a ejercicios futuros de la imputación presupuestaria de ingresos y obligaciones. Asimismo, que se mejore el contenido de los inventarios, que se amplíe la información contenida en la memoria, y que se digitalicen todos los procesos de obtención de información contable. También que se establezcan mecanismos de control de la ejecución presupuestaria y se resuelva la moratoria de las deudas con la Seguridad Social de las instituciones sanitarias públicas y privadas.

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