Eliminar exenciones y desgravaciones, una salida fiscal para Sheinbaum en 2025

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, aseguró que no tiene contemplada una reforma fiscal en su gobierno. Y que los recursos extra los obtendrá de la digitalización del gobierno, los ingresos aduanales y una mayor digitalización del SAT.

El recorte al gasto público en 2025 es inminente dada la histórica reducción del déficit fiscal que desafiará las finanzas públicas de la primera presidenta de México en su primer año de gobierno. Pero ¿cuáles son los sectores más vulnerables al tijeretazo que se viene y cómo puede Claudia Sheinbaum revertir el impacto? El gobierno federal ya se planteó la necesidad de reducir el déficit fiscal desde un 5% hasta 2.5% del PIB el próximo año y tendrá que realizarse sin una reforma fiscal a la vista. Esto implica un recorte al gasto neto por más de 834,000 millones de pesos en 2025.

¿Crecimiento incluyente sin inversión? Sin reforma fiscal a la vista, ¿qué se puede hacer? Focalizar el gasto y las transferencias

Los sectores históricamente afectados por los recortes al gasto, sobre todo en crisis macroeconómicas, son los más vulnerables. Y los rubros como la educación o la inversión pública han sido los más propensos a un ajuste presupuestario, señaló John Scott, consejero e investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El gasto en infraestructura ha sido históricamente “fácil de recortar y ha sido recortado en el pasado, porque no tienes beneficiarios directos, con los que tengas que negociar o enfrentarte”, apunta el economista. Pero advierte que los afectados son los ciudadanos de las generaciones futuras, que no están bien representados “ni siquiera en una democracia”. El debilitamiento de la inversión puede comprometer el “crecimiento incluyente” necesario para abatir la pobreza y la desigualdad en el país. Por ello, la inversión pública, al proyectarse escasa, “debe basarse en evidencia”. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya señaló que no planteará, de momento, una reforma fiscal y que la digitalización del gobierno y del SAT, así como los ingresos aduanales, serán suficientes para mantener a flote las finanzas públicas. Los últimos esfuerzos del gobierno federal han dado resultados relativamente exitosos, de acuerdo con John Scott. Pues si bien el aumento de los ingresos tributarios es una realidad (alrededor de 5 puntos porcentuales en los últimos 10 años), dicho incremento “se ha ido básicamente a compensar la caída de los ingresos petroleros”. En dicho escenario, John Scott plantea una alternativa para aumentar la recaudación, a través de la eliminación selectiva de las renuncias recaudatorias. Éstas se refieren a todas aquellas exenciones, reducciones y desgravaciones que se desvían de la estructura “normal” de cualquier impuesto, constituyendo un régimen impositivo favorable para cierto tipo de ingresos o sectores de la economía. Este “hueco” representa alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB en recaudación de impuestos a la cual renuncia el Estado, estima el también exdirector de la División de Economía del CIDE. La estrategia de eliminar, por lo menos, las exenciones fiscales regresivas no sería tan complicada, dado que no implica aumentar ninguna tasa impositiva. Y se puede hacer por decreto, señaló el experto. Este jueves, la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal, de la cual forma parte Scott, de hecho, planteó durante su presentación que muchas de estas exenciones fiscales en México no deberían existir. Pues aunque algunas de ellas han nacido de demandas sociales legítimas, han terminando beneficiando únicamente a sectores de altos ingresos. Los miembros de la Comisión Independiente para la Igualdad Fiscal, encabezada por economistas como Gerardo Esquivel y Nora Lustig, enfatizaron la necesidad de focalizar el gasto en grupos vulnerables. Dado que actualmente, los más pobres terminan 'perdiendo frente al fisco' al pagar más impuestos de lo que reciben como transferencias. El Coneval calcula que en México hay 9.1 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Y atender sus necesidades será difícil con el 80% del gasto neto total comprometido para pagar obligaciones ineludibles: pensiones, gasto federalizado, costo de la deuda. A ello se sumarán objetivos de eficiencia energética y de cambio climático.