Tres gobernadores peronistas le darían votos al Gobierno para un capítulo clave de la ley Bases

Tres gobernadores peronistas le darían votos al Gobierno para un capítulo clave de la ley Bases

“Va a salir, pero por suerte no es la ley original”. La voz de un diputado kirchnerista resonó en el pasillo contiguo al recinto de la Cámara de Diputados. Su mirada hacia el piso y las manos en el bolsillo delataban cierta angustia política por el futuro que tendría la ley Bases, a poco de iniciado el debate: hasta en la oposición más dura ya reconocen que el oficialismo se encamina a darle media sanción al proyecto ómnibus y el paquete fiscal. Su consuelo era que el paquete había sido severamente podado con respecto a la versión original.

El poroteo de votos durante la tarde de este lunes le daba a La Libertad Avanza un piso de entre 135 a 140 votos –sobre un mínimo de 129– para aprobar en general las iniciativas de Javier Milei. Una mayoría que se construye entre las bancas del PRO, parte de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, más fuerzas provinciales y bloques minoritarios afines al oficialismo. La sensación que atraviesa a las distintas bancadas es que ese número se repetiría a lo largo de la votación en particular de los dos textos. Sin embargo hay articulados puntuales con una suerte incierta, y cuyo desenlace dependerá del toma y daca que habrá entre bambalinas.

La rosca más relevante por estas horas tiene que ver con el Régimen de Incentivo de Grandes Inversión (RIGI), que otorga beneficios impositivos a partir de inversiones de US$ 200 millones. El capítulo abarca más de 60 artículos de la ley Bases y está pensado para atraer inversiones en el agro, energía, infraestructura, energía, petróleo y minería. El cuestionamiento es que permitiría el blanqueo de dinero de fuentes ilegales.

La novedad que recorrió el Palacio esta tarde de lunes es que el oficialismo contaría para aprobar ese régimen con el apoyo sorpresivo de diputados peronistas de Unión por la Patria que responden a un grupo de mandatarios provinciales. Puntualmente el respaldo vendría de los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Raul Jalil, y de La Rioja, Ricardo Quintela. Un diputado del PRO subrayó a elDiarioAR que se trata de 11 legisladores que votarían en particular a favor del proyecto. Fuentes del radicalismo ratificaron dicho escenario.

Milei busca hacer muy atractivo el RIGI, sin importarle el origen de los fondos. Ayer Elisa Carrió denunció que podrían provenir del narcotráfico. Las facilidades del régimen son notorias: estabilidad fiscal de largo plazo, desgravaciones de IVA, retenciones, aranceles y Ganancias.

De los once legisladores, el gobernador Zamora maneja a su criterio a todos los santiagueños, que son siete. Es la misma fortaleza que ostenta en el Senado: tiene ascendencia por sobre los tres senadores. Casualmente, el Congreso se iluminó el sábado de celeste por el “Día de la Provincia de Santiago del Estero”.

El espinoso artículo 3

“El artículo 3 es el único que se podría caer, a menos que se cambie la redacción a último momento”. La certeza de un operador radical aventura la que a priori será el momento de mayor expectativa durante la votación en particular, ya avanzada la mañana del martes: se trata de la reforma del Estado y el alcance de los superpoderes al Presidente para que haga y deshaga con un sinfín de organismos públicos.

Fue el lilito Maximiliano Ferraro el que planteó dentro del recinto que el texto sea cambiado por una opción que define bien los límites de la delegación de facultades, porque –denuncia– con la redacción actual están en riesgo importantes dependencias estatales que no están en el listado de excepciones, como el Banco Nacional de Datos Genéticos o el Instituto del Teatro.

Según la letra oficial, “el Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución de los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ”Dr. Carlos G. Malbrán“ (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”.

“Trabajo para voltear el artículo”, se jactó Ferraro entre los suyos. El posicionamiento de la Coalición Cívica es parte de la nueva estrategia que adoptó Carrió hacia la relación con el oficialismo: acaba de romper HCF, el espacio que conduce Pichetto. Los partidos lilitos se plegarían al rechazo cerrado que militan UP, más la izquierda, y una quincena de legisladores radicales: los referenciados en Martín Lousteau y los que responden a Facundo Manes. 

El desafío que tiene LLA es que esa votación en contra, si finalmente resulta la estrategia opositora, no se convierta en una bola de nieve que se lleve puesto toda la ley, como ocurrió en febrero. “La ley que sale no va a ser la que entró. Esta vez es distinto”, apuntó el diputado kirchnerista consultado.

En UP incluso dan por descontado que hasta la reforma laboral acotada tendría el visto bueno de la mayoría del recinto. Sin el espinoso apartado de avanzar sobre las cuotas sindicales, el rumor que recorrió el Palacio es que la letra chica de la ley la acordó el Gobierno con la Casa Rosada. La iniciativa parece estar en un punto medio entre el capítulo laboral del DNU 70/23 frenado en la Justicia y la fuerte flexibilización que proponía la UCR.

Otro ítem de la votación en Diputados cuyo poroteo está al rojo vivo es la restitución de Ganancias como parte del paquete fiscal, donde también se establece un blanqueo de capitales. Según las cúpulas del PRO y la UCR, los votos a favor también están allí.

Más difícil para los opositores del centro es la intención de incorporar el impuesto al tabaco, que el Gobierno sacó, supuestamente, para que el lobby empresarial no entorpezca toda la ley Bases. Los federales, lilitos y algunos radicales y peronistas no llegarían a los 70 votos para insistir en que se vuelva a meter. El PRO se plegará a LLA en su rechazo para no contradecir a la Rosada y un opositor vaticinó que UP también rechazará en tren de su negativa a toda la ley.

MC/MG