SHCP constituirá un fideicomiso público para el fondo pensionario

El Fondo de Pensiones para el Bienestar tendrá carácter de fideicomiso público y será constituido por la SHCP y administrado por el Banco de México. Foto Roberto García Rivas / Archivo

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, donde se concentrarán los recursos de las cuentas de retiro no reclamadas por trabajadores de más de 70 años, que son manejadas ahora por las Afore, además de otros ingresos provenientes del gobierno federal, tendrá el carácter de un fideicomiso público, que será constituido por la Secretaría de Hacienda y administrado por el Banco de México (BdeM), por lo que se le aplicarán las disposiciones que rigen a este órgano autónomo.

Así se establece en el dictamen final de la iniciativa presentada por Morena, que tiene como objetivo un pago complementario a las pensiones de los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del primero de julio de 1997, con el sistema de cuentas únicas en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

El dictamen, que se votará mañana en el pleno de la Cámara de Diputados, estableció en un artículo segundo transitorio todo lo relativo a ese fideicomiso que fue uno de los puntos objetados por la oposición en San Lázaro y obligó el miércoles pasado a que no se decidiera en el pleno y se regresara a comisiones, ya que hubo un cambio del que todos se echaron la culpa, en el que se daba carácter de paraestatal a ese fondo.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria el viernes, se señala que el Fideicomiso del Fondo de Pensiones para el Bienestar, no será paraestatal, sino que tendrá como fiduciario al Banco Central y se regirá además por los términos que se establezcan en un decreto que el Presidente de la República deberá emitir dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de esa reforma a diversas leyes.

Se precisa que el decreto que emita el Ejecutivo federal deberá establecer, entre otros puntos, que los recursos del patrimonio de ese fondo deberán permanecer en el fideicomiso e invertirse hasta que sean destinados a sus fines, por lo que no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario, es decir, destinarse al gasto gubernamental.

Igualmente, en ese decreto se precisará que el fideicomiso podrá recibir aportaciones adicionales a su patrimonio y brindará al IMSS los recursos necesarios para procurar que los trabajadores que alcancen 65 años de edad y deban jubilarse bajo el régimen de las Afore, reciban un complemento a fin de que sus pensiones sean equivalentes al salario promedio que recibían.

Lo mismo para el caso de los trabajadores que cotizan en el Issste, bajo el régimen de cuentas individuales. Se destaca que ese complemento a las pensiones de trabajadores y servidores públicos estará sujeto a la suficiencia del fondo, así como en las reglas que determine la Secretaría de Hacienda.

Se señala, asimismo, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un comité técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos.

En el dictamen se detalló con claridad que los recursos de cuentas inactivas durante 10 años de trabajadores del IMSS con 70 años y del Issste con 75 años, que pasen al Fondo de Pensiones, podrán ser reintegrados a éstos o sus beneficiarios en el momento que lo soliciten, junto con los intereses generados, ya que los fondos de retiro y de vivienda son imprescriptibles.

Incluso, se reformará la Ley del Issste para eliminar que los fondos de pensiones prescriban a los 10 años, disposición impuesta en el gobierno de Felipe Calderón.

En relación con otra de las críticas de la oposición, en el dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social se precisa que el IMSS se coordinará con el Infonavit para que, un año previo a que el trabajador cumpla 70 años, se le envíe un aviso de sus recursos consolidados en el Fondo de Pensiones.

Esta medida permitirá proteger el ahorro de los trabajadores, evitando que las Afore continúen cobrando comisiones por la administración de sus recursos y con deterioro el patrimonio imprescriptible de los propios trabajadores y sus familias, indica el dictamen.