Petro despeja el camino en el Congreso para la reforma a la salud que apoyan las EPS
Gustavo Petro en Bogotá, en octubre de 2023.
Una de las decisiones más importantes del cónclave del pasado fin de semana entre el presidente Gustavo Petro y sus ministros fue despejar el camino en el Congreso para una nueva reforma a la salud, más concertada, y avanzar así en la construcción del gran acuerdo nacional. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha anunciado que en los próximos días el Gobierno presentará en el Senado el proyecto de ley que ya se concertó con la mayoría de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Por eso, cuatro senadores del Pacto Histórico retiraron en la tarde de este lunes un recurso de apelación que buscaba revivir la vieja reforma, que era más radical y eliminaba en la práctica a las EPS. Con esta decisión, el proyecto de ley al que el Ejecutivo le ha dado más importancia en los casi dos años que lleva de mandato, queda archivado definitivamente, pero la intención de reformar el sistema de salud sigue vigente. El objetivo del Gobierno es que el nuevo texto genere más consensos y pueda ser aprobado al menos en dos debates en los dos meses que le quedan a esta legislatura.
Los senadores Ferney Silva, Martha Peralta, Wilson Arias y Omar Restrepo, de la bancada de Gobierno, explicaron su decisión mediante un documento dirigido a Iván Name, presidente del Senado, y presentado a todos los senadores en la plenaria. “Hacemos un llamado a los diversos actores del sistema de salud, a las y los congresistas de la República y a la ciudadanía colombiana, en aras de respaldar la nueva iniciativa legislativa que es el resultado de un largo proceso de concertación, iniciado en la sociedad civil con las organizaciones populares, en defensa del derecho de la salud, pasando por los diversos partidos políticos en la Cámara de Representantes, diferentes voces de las IPS [instituciones prestadoras de salud], pacientes, trabajadores y trabajadoras de la salud, durante gran cantidad de mesas de trabajo y audiencias públicas, sumando hoy, a las EPS y sus agremiaciones en torno a un nuevo articulado que sintetiza lo fundamental que nos une hacia una solución estructural del sistema”.
La senadora Peralta, presidenta de la Comisión Séptima, explicó en sus redes sociales que buscan un gran acuerdo nacional sobre la salud. “Con toda la disposición de tender los puentes de diálogo y acuerdos para que avancen los cambios que necesita el país. Es momento de poner por encima de nuestras diferencias los avances que necesitan los colombianos”. El ministro Velasco, uno de los grandes defensores de buscar acuerdos con otros sectores políticos, también explicó lo ocurrido y confirmó que el Gobierno presentará formalmente el nuevo texto en los próximos días: “Si queremos tener un proyecto en esta legislatura necesitamos mensaje de urgencia”, dijo en diálogo con medios de comunicación después de conocer que los senadores habían retirado la apelación. Velasco cree que hay tiempo suficiente para la nueva reforma a la salud salga adelante antes del 20 de junio, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso, o con sesiones extras a las que puede citar el Gobierno hasta antes del 20 de julio.
El nuevo proyecto fue el resultado de mesas de diálogo entre el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, varios senadores del Pacto Histórico y representantes de casi todas las EPS. Ese nuevo texto sigue planteando cambios sustanciales al sistema, al concentrar más recursos en el sistema público, pero es menos radical que la reforma que impulsó la exministra Carolina Corcho. Los canales oficiales del Gobierno difundieron la noticia. “Hemos trabajado sobre una propuesta y acordado aspectos relacionados con la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida: su nuevo rol, responsabilidades, interacción con otros actores y competencias. Hoy de forma satisfactoria aportamos al país una propuesta que refleja una transformación concertada”, se lee en un comunicado de prensa que cuenta con la firma de ocho de las principales EPS del país. Como era previsible, Sanitas, que cuenta con 5,1 millones de afiliados y fue recientemente intervenida por la Superintendencia de Salud, no firmó el documento y continuará con las acciones legales que anunció en contra del Ejecutivo.
El principal cambio entre los dos textos es que en la nueva versión las EPS seguirán funcionando y mantienen una de sus dos grandes funciones, la gestión del riesgo en salud. Perderán su nombre, pues ahora se llamarán “gestoras de salud y vida”, como ha propuesto el Gobierno, y también perderán la función de gestionar el riesgo financiero del sistema, es decir, ya no tendrán dinero de la salud en sus cuentas. Pero seguirán siendo quienes definan las redes de prestadores de salud, contratando con clínicas, laboratorios y otros prestadores, compitiendo entre sí y siendo responsables de que haya cómo atender a los pacientes. Sin manejo directo de los recursos, no serán quienes giren a las clínicas y hospitales: sencillamente le dirán a la estatal Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que lo haga. Así, mantendrán el poder de definir a quién se le paga, cuándo, y cuánto, pero no tendrán incentivos de retrasar pagos para mantener el dinero bajo su poder. A cambio de ello, y de encargarse de asuntos administrativos como definir las citas, recibirán una comisión fija del 5% de los montos a su cargo, con otro 3% adicional al que tendrán derecho si son eficientes.
Para estas entidades públicas, privadas o mixtas, significa menos funciones y un flujo más previsible de recursos, que les permite seguir existiendo —y para el Gobierno, es ceder en que un porcentaje de los recursos de la salud seguirán quedando en manos de quienes el presidente ha llamado “intermediarios privados del dinero público” que “durante años se han quedado con billones de pesos del erario que se han perdido”. El presidente, tras conocer el acuerdo entre su ministro y los delegados de las EPS, le ha dado la bienvenida: “Este es el camino. Que las EPS dejen de ser aseguradoras intermediarias y pasen a ser gestoras administrativas.”
Pese al cambio sustantivo que hay frente al proyecto anterior, y a que el texto está acordado entre el Gobierno y las EPS, los senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma original publicaron este lunes un comunicado en el que expresan sus reparos. “Los ocho senadores de la Comisión Séptima de Senado, que suscribimos y apoyamos la ponencia negativa con solicitud de archivo del proyecto de reforma a la salud, vemos con preocupación el texto acordado entre algunas EPS y el Gobierno Nacional”, se lee en el documento. “Consideramos que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que insiste en desconocer la voz de los pacientes y usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia, no es el camino que propusimos”. En efecto, si bien las EPS fueron la cara visible de la disputa por las reformas y en su mayoría acompañan la nueva propuesta, hay gremios médicos o asociaciones de pacientes que mantienen las críticas.
El documento está firmado por Norma Hurtado, del Partido de la U; Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro democrático; Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; y Berenice Bedoya de ASI. Los senadores de centro y de derecha creen que el nuevo texto “mantiene errores conceptuales que no superan los motivos por los que fue archivado. La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la salud de los colombianos”.
Ahora, la labor de llegar a acuerdos con estos senadores está en manos del presidente Petro y de sus ministros. Si lo logran, como ocurrió hace pocos días con la reforma pensional, una de las promesas de campaña del primer mandatario de izquierda en la historia reciente de Colombia estará cada vez más cerca de cumplirse. Si no, la transformación del sistema de salud tendrá que esperar al menos un año más y será otro motivo para las difíciles relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
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