Ministro Cordero califica de “gesto de deferencia” llamado de Fiscalía a defensa de Daniel Jadue antes de intentar viajar a Venezuela

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que la llamada de la Fiscalía a la defensa del alcalde Daniel Jadue en relación al intento de viaje a Venezuela, fue un “gesto de deferencia” al haberle avisado que de no desistir de su periplo, se cursaría una orden de detención en su contra.

Las declaraciones del secretario de Estado se dieron luego de que la noche del miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) impidió a Jadue concretar su subida a un avión que tenía como destino Venezuela por una “alerta preventiva”, que obligaba a dar aviso a la fiscal Giovanna Herrera por su presencia en pasos fronterizos.

Consultado Cordero respecto si tal accionar era un “abuso” como lo catalogó el militante comunista, el ministro Cordero señaló en entrevista con CNN Prime que “los antecedentes que tengo yo son los mismos que tiene todo el público. Entiendo que es una llamada telefónica que realiza la fiscal (Giovanna Herrera) al abogado del alcalde Jadue (Ramón Sepúlveda). Yo creo que pocas personas tienen ese gesto, entiendo que dada la conversación que tuvieron, el alcalde toma la decisión de retirarse del aeropuerto”.

“Yo tengo la impresión de que sí”, dijo el titular de Justicia consultado sobre si la comunicación entre la Fiscalía y el jurista Sepúlveda se trató de un “gesto de deferencia” hacia la autoridad comunal.

Y recalcó: “Yo lo entiendo como un gesto de deferencia… para que el alcalde tomara voluntariamente la decisión de continuar con su viaje o abandonar el lugar”.

En ese sentido, añadió que “en cualquier caso, el alcalde está en su legítimo derecho de evaluar esta conducta del Ministerio Público y eso explica la razón de su amparo de garantía de este viernes, que probablemente se va a debatir qué es lo que genuinamente pasó ese día”.

Cordero valoró la audiencia de garantías cautelares requerida por la defensa del alcalde y que quedó fijada para este viernes en el Tercer Juzgado de Garantía, “porque va a permitir discutir la situación cómo fue y permitir argumentar al Ministerio Público qué es lo que genuinamente ocurrió”.

La autoridad explicó que “en otras condiciones probablemente, hubiese sido o no hubiese tomado ninguna decisión el Ministerio Público o bien hubiese solicitado una orden de detención como ha sucedido en el pasado”.

“Efectivamente el alcalde no estaba con arraigo”, señaló Cordero y agregó que “me parece que el Ministerio Público por la información que recibió de la PDI tomó la decisión de tener esa conversación”.

Alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

Cárceles para el crimen organizado

Durante la conversación, Cordero también abordó la necesidad de construir más cárceles y, además, en relación a la sobrepoblación de los penales, que ha sido una de las preocupaciones del titular de Justicia. Sin embargo, descartó la construcción de un recinto con las características del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), de El Salvador, inaugurada por el presidente Nayib Bukele, la que calificó como “galpones”.

“Lo que se conoce como la megacárcel de Bukele, para nosotros serían galpones. Esencialmente es un grupo de galpones que se pudo levantar rápidamente (…) ese es un galpón que además tiene tres anillos de seguridad en torno al establecimiento. Los dos primeros anillos son del Ejército. En estricto rigor, no es llegar y construir una cárcel. Es un sistema penitenciario diametralmente distinto”, aseguró Cordero.

Cordero sostuvo que “Chile ha explorado hipótesis para construir modelos de cárceles modulares. Hay modelos en Australia, Nueva Zelanda, en fin, pero en general, el gran tema que tenemos en Chile para la construcción de cárceles y por eso la ley extraordinaria para aumentar la densificación en aquellos lugares en que sí ya tenemos, es el suelo disponible”.

Por lo tanto -afirmó- el Plan de Infraestructura no contempla una cárcel del estilo salvadoreño.

Asimismo, se refirió a la propuesta del senador José Miguel Insulza (PS), quien propuso la construcción de centros de detención provisorios de migrantes con órdenes de expulsión pendiente. Cordero explicó que “(…) en Chile no se puede llevar a cabo una figura de esas características sin reforma legal, más allá de la opinión del gobierno, que esa figura, es una figura que el gobierno no considera”.