Los proyectos de litio en Argentina enfrentan falta de infraestructura; las mineras analizan cambio estratégico

ARGENTINA-CHILE-BOLIVIA-CLIMATE-COP27-UN-MINES-ENERGY-ENVIRONMEN

(CNN Español) — El litio, venerado como el oro blanco de la transición energética, ha sido visto como una esperanza para impulsar la economía de Argentina ante la demanda internacional de este metal ultraligero, pero ante la falta de infraestructura en el noroeste del país empresas del sector piden ajustar la política de austeridad en obra pública del Gobierno del presidente Javier Milei.

Los salares de Argentina albergan el 20% de las reservas globales de litio, una dotación solo superada por la de Bolivia, según un informe del Centro Nacional de Información sobre Minerales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publicado en enero.

El reporte destaca que “la seguridad del suministro de litio se ha convertido en una máxima prioridad para las empresas de tecnología en Asia, Europa y Norteamérica”, al ser un elemento clave para las baterías recargables utilizadas en teléfonos y vehículos eléctricos.

Pero en 2023 el mercado sufrió una notable caída del precio por tonelada de carbonato de litio equivalente de alta pureza, desde un máximo superior a US$ 80.000 a fines de 2022 a menos de US$ 15.000 en los primeros meses de 2024. Aunque la cifra tiene proyecciones al alza y se mantiene por encima de los costos de extracción de las plantas ya establecidas, pierde atractivo para los inversores.

“Está claro que muy pocos proyectos de expansión de litio tienen sentido económico a los precios actuales del mercado, y cuanto más tiempo se mantengan los precios cerca de estos niveles, mayor será el impacto en futuras escaseces de suministro de litio”, dijo en un reporte de resultados en febrero Paul Graves, CEO de Arcadium Lithium, una multinacional con varios proyectos de litio en Argentina.

La austeridad de Milei

Como parte de las primeras medidas económicas del Gobierno de Milei, se planteó una reducción del gasto y que los proyectos pendientes de obra pública fueran asumidos por el sector privado. “No hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios”, dijo en diciembre el ministro de Economía, Luis Caputo.

Verónica Raffo, especialista sénior en infraestructura del Banco Mundial y líder del programa de infraestructura para los países del Cono Sur, dijo en entrevista con CNN que el Gobierno de Milei todavía no ha terminado de definir la priorización de las obras, al estar todavía en sus primeros meses de gestión.

“Por nuestras conversaciones, en un contexto de restricción fiscal fuerte, el gobierno está trabajando cómo priorizar las inversiones que son más urgentes. Uno de los criterios es impulsar los corredores que apalanquen sectores productivos, especialmente los que generan divisas”, señaló.

Raffo agregó que la infraestructura es un factor que las empresas y los inversores toman en cuenta en su etapa de investigación.

“Si hoy hablas con las firmas que han realizado la inversión, (la falta de infraestructura) les preocupa, lo hablan con los gobiernos y con nosotros”, dijo.

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Franco Mignacco, coincidió en que esta necesidad de inversión está en la agenda del sector privado.

“Sabemos que dentro de la definición de este nuevo gobierno, la obra pública no es una prioridad si no es a través de organismos de crédito. Hay obras que antes se financiaban con fondos del Estado, ahora hay que cambiar esa lógica, siempre que tenga un retorno que amerite la inversión privada”, comentó a CNN.

El Gobierno de Milei incluyó en su proyecto de Ley de Bases (tanto en el que fracasó en febrero como en la nueva versión enviada al Congreso este mes) un régimen de promoción de “grandes inversiones” con beneficios impositivos y excepciones cambiarias.

“(Son) incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para las inversiones que se desarrollen bajo el paraguas del régimen, que serán consideradas de “interés nacional” para garantizar su protección, indica el texto.

La propuesta del Gobierno también incluye al ferrocarril Belgrano Cargas, la red más extensa del país. Esta está incluida en la lista de las empresas que pueden ser privatizadas o concesionadas, según un informe de octubre del Banco Mundial que la considera “la columna vertebral del sistema ferroviario” del noroeste argentino (región conocida como NOA), donde están las tres provincias litíferas: Salta, Jujuy y Catamarca.

Una fuente de la Secretaría de Minería dijo a CNN que aún están armando al equipo para atender estos asuntos, toda vez que Luis Lucero fue designado hace un mes y oficializado hace unos días al frente de la cartera. El nuevo secretario ha comenzado a reunirse con el sector. Lo que el presidente sí ha enfatizado es la apertura a las inversiones y la voluntad de eliminar restricciones o barreras burocráticas.

Rezagos y falta de coordinación en caminos

Este enfoque contrasta con la necesidad de infraestructura para los desarrollos en el NOA. La zona “tiene una menor densidad de rutas que el promedio nacional” y su estado “suele ser regular o malo”, según el informe del Banco Mundial. Se trata de caminos clave para llevar insumos y trasladar los minerales hasta los puertos.

Además, el reporte estima que los costos logísticos llegan a ser “hasta un 50% más altos que en las regiones vecinas, debido a las deficiencias de conectividad y calidad”.

La responsabilidad no recae solo sobre el gobierno nacional, ya que varias rutas están a cargo de las provincias, por lo que en muchos casos se necesita un entendimiento entre las autoridades de diferentes jurisdicciones y niveles.

“Algo que requiere una mejora, no se puede soslayar y no requiere dinero es la mejor coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales y locales. Muchas de las deficiencias tienen que ver con fallas de coordinación. Que se realice de cerca y ver qué puede poner cada uno”, agregó Raffo, del Banco Mundial.

En ese sentido, Paulo Pascuini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), indicó a CNN que el sistema federal de Argentina puede imponer algunas limitaciones para coordinar las políticas entre los diferentes actores interesados en el desarrollo de la actividad.

“El desafío de coordinar una política nacional para el sector está en alinear bajo objetivos compartidos los incentivos de las provincias, que tienen potestad sobre sus recursos y pueden implementar políticas locales diferentes, y los del Estado nacional”, dijo Pascuini, autor de estudios sobre la producción del litio.

Pascuini también resaltó la importancia de construir nuevas rutas o tendidos eléctricos y darles mantenimiento para ampliar la producción actual, considerando que los gobiernos nacional y provinciales están en una crisis presupuestaria y con incertidumbre sobre la obra pública en los próximos años.

“No está claro que el Estado pueda complementar la actividad del sector privado con las obras de infraestructura (…) Este tipo de obras, que son muy costosas y generan beneficios para muchas partes, no son atendidas por el sector privado, en tanto no haya un retorno cierto y lo suficientemente alto”, explicó.

Si bien la Constitución indica que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, el diputado Fellner apunta que las empresas extranjeras suelen acudir en primera instancia al gobierno nacional.

“Para muchos inversores, la puerta de entrada es la cancillería, otros van al Ministerio de Economía o a la Secretaría de Minería. Tiene que existir la sinergia”, apuntó.

El potencial papel de la inversión privada

Mignacco, de la cámara minera y quien también es presidente de la minera Exar (proyecto conformado por la firma canadiense Lithium Americas, la china Gangeng Lithium y la estatal jujeña JEMSE), dijo a CNN que las empresas del sector están analizando con la posibilidad de que asuman el costo de algunos proyectos el déficit de infraestructura en el NOA. Agregó que en algunos casos es posible la coordinación de privados para obras de infraestructura.

“Para caminos puntuales pueden juntarse empresas litíferas. Son inversiones más chicas, de US$ 20 o US$ 30 millones. Hay voluntad de las empresas para concretar obras más pequeñas que generen una solución para los proyectos. Pero hay gastos que superan la capacidad de una compañía”, dijo.

Mignacco planteó como comparación la inversión de cientos de millones de dólares para obra complementaria del Gasoducto Néstor Kirchner, con el fin de llevar el gas del yacimiento Vaca Muerta a los hogares e industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, y que permitiría dejar de depender de las alicaídas reservas de Bolivia.

Raffo, del Banco Mundial, dijo que aunque aún el panorama es bastante incipiente, se podría traer una modernización como la que la institución apoya para un ferrocarril de carga en Brasil movilizando capital privado.

“Si uno estudia varios casos, puede ver que ha habido modernización, pero todo depende de cómo se estructure la privatización o concesión: qué requerimiento de inversión, cómo se arma el pliego, la capacidad institucional reguladora y de control, fortalecer capacidad técnica. De eso depende el éxito o el fracaso”, abundó.

El diputado provincial por Jujuy Martín Fellner indicó que los privados hacen aportes a la infraestructura regional, pero que estos son esporádicos y no siempre están bien direccionados. “Falta la coordinación logística del Estado para el largo plazo”, consideró en entrevista con CNN.

“Hay una necesidad de establecer acuerdos, pero atendiendo la particularidad de cada provincia y cada legislación”, agregó. Puso como ejemplo que Jujuy tiene la ventaja de que sus proyectos están más cerca de una ruta internacional, mientras que en Salta y Catamarca los proyectos están más alejados de las zonas urbanas.

“Es difícil establecer los mecanismos, pero la visión de las tres provincias con la minería como política de Estado ayuda a establecer algunos consensos. Son provincias que están postergadas, con arcas muy ajustadas y el litio puede aportar de manera importante. Hay que ir hacia una normativa más unificada que le dé seguridad al inversor”, dijo Fellner, quien en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner integró la Secretaría de Minería de la Nación.

Esta coordinación es otro reto para el recién nombrado secretario de Minería. Fellner mencionó que, como la Secretaría estuvo acéfala en marzo, no hubo un secretario presente en el foro Prospectors & Developers Association of Canada, uno de los encuentros más importantes del sector minero en el mundo, al que sí viajaron otros funcionarios del Gobierno nacional, ministros provinciales y gobernadores.

Mignacco apuesta a que el Gobierno avance con el diseño de una estrategia hacia el sector.

“Esperemos que cuando se acomode un poco la macroeconomía empiecen a poner en agenda esas cuestiones que hoy no son prioridad”, indicó.