Los ‘minerales de sangre’ africanos empañan la imagen de Apple y alimentan la tensión entre el Congo y Ruanda
Trabajadores en una mina artesanal de cobalto en Shabara, cerca de Kolwezi, en la República Democrática del Congo, el 12 de octubre de 2022.
Desde hace casi tres décadas, el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) está sumido en una guerra que parece interminable. Más de un centenar de grupos armados combaten entre sí o contra el Ejército en un conflicto que tiene como telón de fondo el control de un impresionante negocio: la explotación y venta de minerales clave en la actual industria tecnológica, como el coltán, el cobre, el cobalto, el tungsteno o el estaño, entre otros. Muchas minas, donde abunda el desgarrador trabajo infantil, son explotadas por estas guerrillas en condiciones infrahumanas, mientras que la inestabilidad de la guerra permite que los minerales salgan ilegalmente hacia Ruanda para, desde allí, abastecer a grandes multinacionales. Ahora, en plena tensión entre ambos países, el Gobierno congolés ha abierto el melón de una batalla judicial contra Apple que promete sacar a la luz los detalles de este sucio negocio.
El Ejecutivo de la RDC ha acusado a esta multinacional estadounidense de utilizar minerales de sangre, extraídos y exportados ilegalmente desde el este del país a través de Ruanda, en la fabricación de sus productos electrónicos. En una carta enviada a finales de abril a dicha empresa en representación del Estado del Congo, un grupo de abogados encabezado por el francés William Bourdon exige respuestas a sus preguntas en un plazo de tres semanas y amenaza con interponer una demanda judicial. Para la RDC se trata de llevar al terreno jurídico internacional, con el mayor bombo y platillo posible, lo que considera el expolio ilegal de sus propios recursos, así como poner el foco en un conflicto alentado por su país vecino.
La carta fue enviada, vía correo electrónico, a las dos filiales de Apple en Francia y a la sede central en Estados Unidos. Los letrados hacen referencia a tres minerales en particular, fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles y ordenadores, como son el coltán, del que se obtiene el tantalio, el estaño y el tungsteno, que, aseguran, son extraídos de minas “en las que se violan numerosos derechos humanos”. Diversos informes de organismos internacionales, entre ellos la ONU, aseguran que buena parte de dichas minas financian a los grupos rebeldes que operan en la zona. Según Unicef, al menos 40.000 niños y niñas trabajan ilegalmente en estas explotaciones, muchos de ellos sometidos a durísimas condiciones en régimen de semiesclavitud.
Según Unicef, al menos 40.000 niños y niñas trabajan ilegalmente en estas explotaciones, muchos de ellos sometidos a durísimas condiciones en régimen de semiesclavitud
“Todas las opciones judiciales están ahora sobre la mesa”, asegura el escrito enviado a Apple, fabricante de los teléfonos iPhone y de los ordenadores Mac, entre otros productos. La empresa fue consultada por este periódico, pero no obtuvo respuesta. Además de la extracción de los minerales en un contexto de violación de derechos humanos, los abogados franceses muestran su inquietud por su exportación ilegal. “Dichos minerales son importados por contrabando a Ruanda, donde se integran en las cadenas de aprovisionamiento mundiales”, explican. Desde hace años, el Gobierno de la RDC acusa a su vecino ruandés de aprovecharse de sus minerales y de financiar al grupo rebelde M23, que opera en suelo congolés. La ONU también ha confirmado los vínculos entre Kigali y el citado movimiento armado.
En 2023, Apple publicó su informe anual sobre abastecimiento responsable en el que certificó la aplicación, desde hace una década, de un código de conducta para proveedores, la certificación ITSCI, que incluye la vigilancia en materia de derechos humanos. En particular, aclaró que todas las refinerías y fundiciones de donde obtiene los minerales fueron auditadas de manera independiente, y que 14 de dichas empresas fueron eliminadas de su cadena de suministro por negarse a participar en dicha investigación. “No encontramos ninguna base razonable para concluir que cualquiera de las fundiciones o refinerías que se determinó que estaban en nuestra cadena de suministro a 31 de diciembre de 2023 financió o benefició directa o indirectamente a grupos armados en la RDC o un país vecino”, concluyó Apple.
Sin embargo, organismos especializados como el Business and Human Rights Ressource Centre o el Global Witness han alertado de que la certificación ITSCI, que entró en vigor en 2010 en Estados Unidos, presenta numerosos defectos que, de facto, están contribuyendo a blanquear los minerales extraídos ilegalmente por grupos armados que usan mano de obra infantil. Según una investigación de Global Witness, en la zona minera de Nzibira, en Kivu del Sur, hasta el 90% de los minerales introducidos en el ITSCI durante el primer trimestre de 2021 no procedían de operaciones certificadas que cumplían con los estándares de seguridad y derechos humanos. Además, una porción significativa de esos minerales estaban relacionados con conflictos y abusos de derechos humanos, una situación similar a la detectada en otras 10 localidades.
Los abogados firmantes de la carta consideran insuficientes los esfuerzos realizados por la compañía en la trazabilidad de sus materias primas. “La sociedad Apple parece aplicar principalmente la vigilancia de sus proveedores y su compromiso de respetar el código de conducta de Apple, además de las auditorías externas realizadas en la actividad de estos proveedores. Sin embargo, tanto estos proveedores como las empresas auditoras parecen confiar en la certificación ITSCI, cuyas graves y numerosas disfunciones han sido demostradas”, recogen en su escrito.
Apoyo al M23
Esta iniciativa judicial contra la multinacional estadounidense se produce en plena ofensiva diplomática y mediática de la RDC contra su vecina Ruanda. El martes, el presidente del Congo, Félix Tshisekedi, se reunió en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron, a quien trasladó su inquietud por las maniobras de Kigali en suelo congolés. En rueda de prensa posterior y en un tono de inesperada dureza, el jefe de Estado galo instó a Ruanda a dejar de apoyar al M23, el grupo rebelde que retomó las armas en 2021 y que tiene contra las cuerdas al Ejército congolés en Kivu del Norte, provocando una grave crisis humanitaria en la ciudad de Goma y alrededores. Hasta ahora, la RDC no ha logrado que se aprueben sanciones contra Ruanda.
La situación es especialmente preocupante en la actualidad. Altos funcionarios de la ONU aseguraron que la rebelión en el este del Congo, con especial incidencia en los dos Kivus y la provincia de Ituri, ha provocado “niveles récord de violencia, desplazamientos y hambre”, y amenaza con llevar al país “al borde de la catástrofe” si no se produce una reacción internacional urgente, informa Efe. En los últimos meses, más de 700.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha elevado el número de desplazados a 7,2 millones. Precisamente esta semana, el M23 anunció que se ha hecho con el control de la estratégica mina de tantalio de Rubaya, en Kivu del Norte, de donde se extrae una gran cantidad de coltán, según aseguró a Reuters el líder rebelde Willy Ngoma.
La elección de los abogados para poner en marcha este proceso judicial, llegado el caso, tampoco es casual. William Bourdon es un conocido y mediático letrado francés que fue secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, fundador de la asociación Sherpa de defensa de las víctimas de crímenes cometidos por operadores económicos y miembro, entre otros colectivos, de Transparencia Internacional y de la asociación Survie. Ha interpuesto demandas contra dictadores africanos como Omar Bongo, Denis Sassou-Nguesso o Teodoro Obiang y participó en el proceso contra el tirano chadiano Hissène Habré.
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