Las movilizaciones ciudadanas no son para gobernar: experto en derecho a la protesta

El profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, aborda cómo las manifestaciones sociales han sido cruciales para impulsar cambios significativos en el país. Además, explica que la esencia de la protesta es ciudadana y está para impulsar agendas específicas de reivindicación de derechos, no para gobernar.

“Quienes caen en la tentación de la violencia de manera circunstancial o de manera permanente en las protestas, suelen irse aislando y obteniendo un menor resultado en sus reivindicaciones”, Max Yuri Gil Ramírez.

En entrevista con El Espectador, el profesor Max Yuri Gil, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, excoordinador regional de la Comisión de la Verdad y actualmente profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, aborda cómo las manifestaciones sociales han sido cruciales para impulsar cambios significativos, incluyendo la elección de un gobierno de izquierda en 2022. Además, expone su opinión sobre las diversas formas y desafíos de este derecho, incluyendo la respuesta estatal y las violaciones de derechos humanos asociadas con la represión de las protestas.

En general, ¿cuál ha sido esa esencia de la protesta en Colombia y de qué manera se ha venido transformando hasta la actualidad?

La protesta en el país en general encuentra sus primeros rasgos en Colombia a comienzos del siglo XX con la llegada de ideas modernas en la sociedad colombiana que reivindican la protesta como una forma de acción colectiva en demanda de derechos muy variados. Inicialmente fueron muy vinculados al mundo del trabajo y reivindicaciones de sectores campesinos, fundamentalmente en demanda de mejorar sus condiciones de vida. Esto se va transformando a lo largo del siglo con la protesta estudiantil, la protesta sindical, y la protesta campesina.

En la década de los 80, aparece como la reivindicación de la sociedad, como los paros cívicos urbanos, el emblema de 1977, que es como una especie de parteaguas en la historia en Colombia. Además, aparece como una reivindicación de población que demanda transformaciones a nivel del medio ambiente y la contención del daño ambiental, etc; hasta llegar a lo que se conoce como el estallido social de hace tres años, que es como una especie de gran movimiento nacional que agrupa a diferentes movimientos en su interior y que se movilizan en demanda de derechos variados, democracia, contra la brutalidad policial y los crímenes de Estado.

¿Cuál es el impacto histórico que han tenido esas protestas en Colombia y cómo han contribuido a la conformación de un gobierno de izquierda en 2022?

Son esas protestas las que crean comisiones para que aquí en Colombia aparezca la opción real de lo que se produce en el año 2022, que fue la elección de un gobierno de centro izquierda. Esto ha significado que, como ocurrió en otros lugares del mundo, el desarrollo de experimentos de populismo democrático, es decir, de esos gobiernos más de izquierda que apelan a la administración ciudadana el respaldo al Gobierno que, en sentido estricto, no es protesta, es movilización ciudadana en respaldo a las transformaciones y a la agenda de cambio de un gobierno de centro-izquierda que llegan a Colombia.

Eso ya había pasado, en América Latina mucho antes. En la segunda mitad del siglo XX, con los gobiernos populistas en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, ya lo habían logrado las movilizaciones. En Colombia todo en una sociedad un poco más rígida, que solamente hasta hace dos años permite la llegada del gobierno y estamos viendo esto de la movilización ciudadana alrededor del gobierno, ese sería como el marco general.

Sobre esencia ciudadana de la protesta, realmente esa ciudadanía sí ejerce algún tipo de presiones cuando protesta en respaldo al gobierno actual. ¿Cómo cree usted que es la influencia de este tipo de movilización hoy en día?

Creo que hay un elemento que es muy propio de gobiernos de centro-izquierda que se enfrentan a bloques hegemónicos, los cuales buscan impedir transformaciones sociales, que es la importancia de la acción política ciudadana en la calle. Es decir, las movilizaciones en determinados contextos pueden funcionar y servir como un factor de presión real para que la sociedad se vaya transformando, incluso, que pueden derivar en movimientos de Constituyente como en Chile, que es un emblema un poco exitoso de ese tipo de movilizaciones. Mientras que, en otros lugares que no han pasado de ser movilizaciones del gobierno que no logran impactar en lo que viene y se convierten en la restauración de la derecha y la vuelta a la agenda tradicional, pero hay una especie que quieran decirme que yo creo que el estallido social incluso es muy clave en esa situación y es que la gente al conocer el poder de la calle y la movilización, difícilmente renuncia a eso. A no ser que exista un nivel de frustración o de represión tal que no estimule la movilización.

Entonces, ¿cuándo es legítima la protesta?

Cuando reúne una parte importante del apoyo o el respaldo de la población, cuando es legal (que es cuando se da de acuerdo a las leyes). Puede haber propuestas legítimas pero no legales, que es cuando protesta la gente en contextos de represión por pedir mayores libertades que, aunque estén prohibidas, son legítimas.

El pasado 8 de marzo, vimos cómo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló a unas manifestantes de cometer delitos en el marco de la protesta, mientras que varios defensores de derechos humanos explicaron que fue una grave estigmatización hacia la movilización feminista. ¿Cómo ha influido la estigmatización hacia las movilizaciones colombianas?

Hay una cosa que dijo la Comisión de la Verdad y que debemos tener presente, y es que a nivel nacional existe un patrón de violencia sistemática de asesinatos, desaparición forzada, liderazgo social y político, que es difícil encontrar en otro país en América Latina con un récord similar durante tanto tiempo y en forma tan negativa en materia de derechos humanos. En estos momentos, por ejemplo, la derecha ha señalado que lo que hubo el 28 de abril hace tres años no fue un estallido social, sino una toma guerrillera. Esa es una constante en la historia de este país durante todo el siglo XX y buena parte lo que llevamos del siglo XXI.

La estigmatización y el etiquetamiento de la movilización social ha sido calificada como de guerrilleras comunistas, o de bandas terroristas. Lo que existe es una constante de que Colombia es un país que se dedica a pesar y, aunque tenemos una democracia formal, existen muchas limitaciones para protestar, porque paradójicamente es uno de los países del mundo donde mayor cantidad de integrantes de movimientos sociales, de liderazgos sociales y políticos alternativos, han sido asesinados.

En el país, existe un marco legal que permite ejercer libremente la protesta como derecho, ¿es entonces la estigmatización la única restricción que existe contra la protesta en el país?

Nosotros tenemos una figura en el Código de Procedimiento Penal que permite una acción al contrario de la libertad que se refiere a aquellos casos en los cuales una persona se presente en estado tanto de excitación, puede ser conducida a una estación de policía de manera forzada. Entonces, es un tipo en el cual usted y qué es un estado alto de excitación, ¿Cómo se mide la excitación? Un policía puede decidir que usted está excitado y lo puede llevar detenido a una estación de policía. Entonces eso abre un boquete para que se presenten un conjunto de prácticas violatorias de derechos humanos, como las detenciones arbitrarias dentro de un marco jurídico que no es claro frente a eso. Sin embargo, es una práctica recurrente por parte de la policía.

Frente a estas prácticas, ¿qué mecanismos puede tener la ciudadanía para que se garantice el derecho a la protesta?

Es difícil, porque eso tiene una dimensión jurídica y otra cultural. Se pueden provocar algunos cambios jurídicos, por ejemplo, intentar regular el Escuadrón Móvil antidisturbios, cambiar el uniforme a la Policía; pero hay una cultura de la violación de derechos humanos y de la violencia muy acentuada en el país que se sigue expresando. Por ello, tenemos que mucho más allá del cambio normativo (que es importante), tenemos es que provocar una transformación integral estructural de la fuerza pública, lo cual requiere un tiempo de persistencia. En este, es muy importante el castigo a las personas responsables de graves violaciones a derechos humanos, puesto que la impunidad permanente produce un poco la percepción de que la fuerza pública puede hacer cualquier tipo de atropello. La impunidad es entonces uno de los principales estímulos para que ese tipo de conductas se mantengan.

¿Qué hace entonces que se sostenga la protesta ante toda esta ola de violencia y estigmatizaciones?

La insatisfacción, la convicción de que, a través de la acción colectiva, se pueden obtener mejoras. También el desespero y el descontento, porque la gente no se va a acostumbrar a vivir de manera limitada y en medio de la precariedad, la restricción, la represión y la corrupción. La protesta es lo único que, a pesar de las prácticas de violencia, la estigmatización, de la cultura de la violencia contra el liderazgo, social y político; con lo que la gente persiste y resiste.

¿Cómo vemos este derecho a futuro? Las protestas en el país.

Yo creo que en Colombia está viviendo un momento muy interesante y es este de tener un gobierno de centro izquierda, una derecha promoviendo la participación en marchas y un movimiento social un poco simpatizante del gobierno, que se movilizan en torno de las reformas. Esto puede terminar bien si se mantiene un ambiente democrático y se logran tramitar las polarizaciones y, un poco, las tensiones que se presentan. No es eliminar el conflicto, pero sí es eliminar la violencia de la regulación y de la legitimación en la vida cotidiana del país. Pero puede terminar muy mal, si la derecha decide interrumpir el gobierno o volver a un gobierno como si aquí no hubiera pasado nada, porque eso significaría un auge de represión y a significar un aumento de violencia por parte de los agentes estatales para impedir ese tipo de acciones de movilización.

En este contexto, ¿qué está representando la protesta para el país?

Aunque haya un gobierno de corte progresista, no va a reemplazar la acción colectiva de la movilización ciudadana. El gobierno está para gobernar y la movilización ciudadana está para impulsar agendas específicas de reivindicación de derechos o de transformaciones en sus campos, las cuales en algún momento pueden ser coincidentes, pero son acciones completamente distintas en su naturaleza. El papel del gobierno es gobernar, para eso son institucionalidad, para eso están en el poder aun con las limitaciones que tengan; y el papel de la movilización ciudadana es poner en la agenda pública una reivindicación. Los movimientos sociales no son gobierno.

Para finalizar, qué piensa sobre las formas de lucha dentro de la protesta, es decir, ¿existen formas válidas para protestar?

Creo que ese es un tema que depende de los contextos y de las circunstancias específicas. En general, en una buena parte del mundo ha ido quedando claro que las movilizaciones ciudadanas que logran resistir a la tentación de la violencia, son aquellas que logran un mayor impacto y una mayor movilización de otros sectores de la sociedad. Quienes caen en la tentación de la violencia de manera circunstancial o de manera permanente, suelen irse aislando y obteniendo un menor resultado en sus reivindicaciones.

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