La reforma laboral y la "caja sindical": por qué beneficia a la CGT, que marcha este miércoles por el Día del Trabajador

La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma laboral tras varios retaceos propinados por los bloques dialoguistas y que empantanaron la negociación final de la Ley de Bases durante la semana pasada, previo a conseguir el dictamen en comisión. El capítulo fue recortado en sintonía con los reclamos de la CGT, que aún no se pronunció al respecto, tales como aquellos referidos a la “caja sindical”.

En ese sentido, se quitó del texto la limitación a las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo. A esto se sumó el blindaje de las protestas extorsivas luego de la eliminación de las sanciones contra los bloqueos a empresas. El texto original del artículo establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales.

La limpieza de los puntos más controvertidos desde la mirada de los gremios se dio a pedido de diputados como el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que no quiso firmar un dictamen que tocara fibras sensibles para la CGT. Se tratan de cambios que la asociación sindical exigía y que el Gobierno aceptó en vistas de aprobar la Ley Bases.

Si bien se eliminó la limitación a las cuotas solidarias, la medida beneficiará solo a los gremios del sector privado. En ese sentido, el texto aprobado por Diputados contempla el artículo 62 del capítulo sobre Empleo Público, que limita ese beneficio para los estatales.

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los legisladores votaron en particular el mega proyecto, aprobando todos los capítulos.

“Las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negociación tendrán validez sólo para los afiliados. Para los no afiliados sólo será factible de constatarse la autorización previa y expresa para realizar dicho descuento”, indica la normativa que será tratada en el Senado.

De esa manera, los sindicatos del sector público podrán descontarle del sueldo a los no afiliados una cuota solidaria solamente si los trabajadores lo autorizan de manera “previa y expresa”. En la actualidad, al incluirse en el convenio colectivo, se da por sentado su carácter de obligatorio para todos los empleados, lo que podrá dejar de ser así si la Cámara alta aprueba dicho artículo.

Las cuotas solidarias comenzaron a incorporarse en los convenios colectivos de trabajo en los años 90, como una forma de compensar la desafiliación sindical a raíz de los cambios económicos que dispuso el menemismo. A partir de esa incorporación, los empresarios y sindicalistas pueden acordar que aquellos que no estén afiliados deban hacer un aporte al sindicato, al igual que los afiliados, en carácter de que también se benefician de los logros obtenidos por cada gremio. En la práctica, se trata de una herramienta de recaudación adicional para los sindicalistas.

Tras la media sanción de la Ley Bases en Diputados, la CGT se encamina a presionar para que el Senado modifique la modernización laboral del Gobierno. A pesar de que se recortaron 42 artículos de la normativa general, algunos de los puntos que más preocupan son aquellos referidos a la creación de la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, así como el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”.

Por ese motivo, la central obrera buscará dialogar con las distintas bancadas de senadores para que se introduzcan modificaciones al proyecto. En el caso de que se cambie el texto proveniente de Diputados, deberá volver a la Cámara baja para ser debatido nuevamente.

La CGT se encamina a presionar para que el Senado modifique la modernización laboral del Gobierno.

Si bien el presidente Javier Milei obtuvo media sanción en la normativa, el retroceso del oficialismo en materia laboral provocó rechazos políticos y empresariales. Entre ellos, se encontró el de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien anunció que su partido abandonará el bloque presidido por Pichetto, justificando la decisión en su desacuerdo con la votación a favor de la Ley Bases y en especial el acuerdo para aprobarla con la CGT.

“Milei eligió a la CGT de Moyano. Con todo el respeto que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque para mantener autonomía. Todo esto que se va a votar mañana va por el aniquilamiento de la clase media. Esto va a sostener la pobreza, la indigencia y los sectores medios productivos”, expresó en diálogo con LN+. “Nos vamos para mantener autonomía; nosotros con Moyano no podemos estar”, sentenció.

La negociación de cara al debate de la Ley Bases

El proyecto de la Ley Bases ingresó a Diputados con sustanciales modificaciones en el capítulo laboral para permitir que avance su tratamiento, luego de una negociación entre sindicalistas y el asesor presidencial Santiago Caputo. De esa manera, quedaron solo 16 artículos de los 58 originales, sin los puntos objetados por la CGT.

El nuevo texto aprobado este martes contiene la propuesta de modernización laboral del gobierno. Quedó fuera la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan en medidas de fuerza encubiertas y el artículo que consideraba los bloqueos sindicales como “grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo”. Sin embargo, se mantiene el artículo que alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y, el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión.

Otro artículo eliminado, que figuraba en el DNU y el anterior borrador, era el que ponía en jaque dos puntos de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos. El Gobierno también quitó los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70.

Asimismo, luego de la presión sindical, el oficialismo eliminó del borrador la autorización del pago de las cuotas solidarias a los sindicatos sólo si existía “un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo” (que estaba contemplado en el DNU 70), al menos en el sector privado.

Además, siguen en el proyecto la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de 8 a 6 meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.

La CGT realizará una marcha por el Día del Trabajador con el segundo paro contra Milei a la vuelta de la esquina

La CGT llevará a cabo una movilización este miércoles 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora, pocos días antes que realice un paro nacional contra el Gobierno, el segundo desde que asumió Milei a la Presidencia.

La central obrera ratificó la semana pasada que hará este miércoles una marcha bajo el lema “La Patria no se vende”. Fue convocada a partir de las 10 en la avenida Independencia y Defensa, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se movilizarán hasta el monumento al Trabajo, ubicado en la avenida Paseo Colón al 800.

En el marco de la movilización, los triunviros de la CGT brindarán una conferencia de prensa a las 13, en el salón Felipe Vallese de la central, ubicado en Azopardo 802. Allí se espera que brinden las primeras definiciones tras la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, que incluye además la reforma laboral.

La CGT también confirmó que el jueves 9 de mayo hará el segundo paro nacional en contra del Gobierno.

“La Patria no se vende. En la calle para cambiar la vida. Los derechos se defienden”, publicó en sus redes sociales la CGT el jueves pasado para ratificar la marcha que habían anunciado días atrás.

Esta nueva convocatoria de la CGT se da luego que participara también de la marcha nacional universitaria, junto con estudiantes y otros políticos de la oposición, que se opusieron al recorte presupuestario de las universidades.

“La reivindicación tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino también tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en el que discutiremos cuestiones que se han desbaratado en este último tiempo”, expresó el cotitular de la CCT Héctor Daer, quien está al frente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA).