El público dicta sentencia contra Dani Alves a su llegada a los juzgados
Se cumplen seis semanas desde que Dani Alves alcanzara la libertad provisional tras pasar 430 días en la cárcel, a la espera de que se dicte sentencia sobre el caso en el que se le acusa de agredir sexualmente a una chica de 23 años en una discoteca de Barcelona.
Joana Sanz y Dani Alves se casaron en 2017
Un caso que sigue generando polémica pues la acusación pide que se aplique una pena más alta que la que, al parecer podría obligar al ex futbolista de FC Barcelona a enfrentarse a 5 años de libertad vigilada y pagar una indemnización de 150.000 euros a la presunta víctima.
La calle se pronuncia
Hasta que llegue la sentencia definitiva, el ex jugador no puede abandonar el país y tiene impuesta una orden de alejamiento de la víctima de un kilómetro de distancia, además de acudir cada viernes a la Audiencia de Barcelona para cumplir con su comparecencia semanal ante el juez.
Alves aparecía este viernes en el juzgado acompañado por si primera abogada, Miraida Puente Wilson, con la que emprendía el paseo que une el aparcamiento y la entrada a la institución oficial, cuando era sorprendido por un gran número de detractores que se agolpaban al otro lado de la acera, increpándole al grito de “violador”.
La escena no ha inmutado al brasileño, muy acostumbrado a recibir la presión del público en el terreno de juego, pero sí a los medios que le aguardaban, como cada viernes, y ya van seis, esperando una declaración del que fuera marido de Joana Sanz, quien ha llegado con paso firme y cabeza alta.
Su comparecencia se ha desarrollado con normalidad y a la salida, Dani Alves se mostraba sonriente, aunque ha evitado contestar a los periodistas sobre la retirada de la estatua a tamaño real que le rendía homenaje en su ciudad natal, Juazeiro, en Brasil, debido a las protestas recibidas por los ciudadanos.
Una estatua que había sido atacada en numerosas ocasiones a manos de movimientos locales y grupos de apoyo a la mujer y que fue rechazada desde su inauguración por no cumplir una ley contemplada en Constitución del Estado de Bahía, que impide dar nombre de una persona a un bien público.