El megalío del IDU por el lote de DMG: un nuevo capítulo de la crónica de una expropiación irregular

Son 14 mil millones de pesos los que están en juego en una trascendental audiencia de conciliación que se celebrará el próximo 17 de mayo, a partir de las 11:30 de la mañana, en la sede de la Procuraduría General. Con esta diligencia se escribirá un nuevo capítulo en medio de la larga y compleja disputa por una parte del megalote ubicado en la calle 192 con Autopista Norte, en Bogotá.

SEMANA revela detalles inéditos del proceso que enfrenta a la sociedad Colbank S.A. – Inversiones López Piñeros Ltda., con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Los demandantes esperan que tras la audiencia de conciliación se cierre esta historia de una vez por todas. De no llegar a un acuerdo, se pasará a un juicio que, además de extenso, triplicará las cifras y podría llegar al cierre temporal de un puente peatonal que es utilizado por miles de personas diariamente.

Marchas de apoyo a David Murcia Guzmán Seguidores de DMG de Putumayo marchan en las calles de Bogotá Bogotá, 25 de noviembre de 2008 Foto: Daniel Reina Romero / Revista SEMANA

Y es que el inmenso lote desde el cual David Murcia Guzmán instaló su imperio y desafió al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Quince años después de la intervención de la pirámide DMG todo lo que está a su alrededor se ha convertido en una verdadera papa caliente para todo aquel que ha intentado tocarla.

La extinción de dominio que se hizo en contra del lote donde funcionaba la sede principal de DMG y que iba a ser utilizada para reparar a los miles de víctimas que dejó la caída de esta captadora de dinero se encuentra hoy en un complejo limbo jurídico entre los verdaderos dueños y el IDU que, como se reclama en la demanda, “expropió ilegalmente” en contubernio con la Superintendencia de Sociedades.

Todo esto pese a las advertencias de los verdaderos dueños. “De manera fraudulenta”, advierte la demanda, la Superintendencia “procede a inventarse una extinción de dominio a favor de un particular (…) sin que existiera la sentencia de juez competente que ordenara dicha extinción de dominio”.

Todo esto por la seguidilla de irregularidades y negligencias que se presentaron en 2013 cuando, durante la Alcaldía de Gustavo Petro, y por motivos de fuerza mayor, se requirió la construcción de dos nuevas estaciones de TransMilenio en la Autopista Norte. De un plumazo, el IDU decidió que 1.058 metros del predio de Las Mercedes, iban a ser utilizados para la construcción de un puente peatonal que conectara a la estación Terminal.

María Mercedes Perry, gerente interventora de las captadoras ilegales de dinero.

El meollo del asunto es que no se tuvo en cuenta que ese predio no era público, sino privado, como reza claramente en las escrituras. Pese al valor catastral, solamente se pagaron 529 millones de pesos a los supuestos propietarios, entre ellos DMG que se encontraba en un proceso de liquidación. Una situación a todas luces anómala. Este dinero terminó en manos de la agente liquidadora María Mercedes Perry, mediante “el título de depósito judicial”, aumentando así la irregularidad.

Por eso, en las demandas y denuncias conocidas en su totalidad por SEMANA se cuestionó la actitud y mala fe de la agente interventora de DMG, considerando que incurrió en “falsedades” durante la liquidación de la pirámide, para así “robarse este inmueble” que tiene una extensión de 1.558,33 metros cuadrados.

Los verdaderos dueños le piden al IDU una reparación por los daños emergentes (3.174 millones de pesos por el valor comercial del terreno); el lucro cesante (8.380 millones de pesos por concepto de lo dejado de percibir como frutos civiles por más de ocho años), y los daños morales (mil millones de pesos por la “depresión emocional” que sufrieron los propietarios al ver cómo los despojaron ilegalmente de su propiedad sin ningún tipo de indemnización y además se le pagó a un tercero, producto de una falsa extinción de dominio que dañó el buen nombre de los propietarios y los socios).

“En contraprestación de esas sumas de dinero, los convocantes procederán a legalizar y suscribir la escritura pública respectiva de renunciar a cualquier acción indemnizatoria”, señala una de las peticiones de la conciliación propuesta por la sociedad inversora Colbank e Inverlópez.

De esta forma se quiere evitar extender el litigio y promover el colapsado sistema judicial de Colombia con un caso que se pudo haber evitado si se hubiera aplicado desde la ley y los principios básicos del Derecho, que señalaban que no se podía aplicar una extinción de dominio a una sociedad como DMG, que había sido intervenida por el Gobierno y no tenía con qué responder.

Esta seguidilla de irregularidades valió para que se presentara una denuncia penal en contra de la agente liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

“Es indudable que la liquidadora Perry Ferreira, en contubernio con otros funcionarios públicos del IDU y de la Supersociedades, se apropió (…) por concepto de una expropiación de una franja del terreno”. Esto pese a que “no tenía ningún derecho sobre este inmueble”.

En la denuncia se cuestiona la idoneidad y capacidad de Perry como agente liquidadora, recordando que en más de una oportunidad su nombre ha sido fuertemente cuestionado por los procedimientos que ha adelantado. “Tiene activas más de 24 indagaciones, por conductas punibles cometidas en el ejercicio de su cargo. Ningún otro funcionario tiene tantas denuncias en su contra y sigue en su cargo”.

Como dato en color, en un documento conocido por SEMANA, la Superintendencia de Sociedades le realizó una invitación especial a Colbank S.A. al evento “1.000 empresarios éticos”, pese a que en más de una oportunidad han cuestionado la lealtad de la empresa.