Connivencia con la atrocidad en el Ejército, como si nada (Análisis)
Aunque parezca que ya se sabe mucho sobre los falsos positivos, esta atroz práctica continúa cobijada por la negación. La abundancia de noticias que circulan sobre las ejecuciones tiende a la saturación informativa, sin que exista comprensión de su dinámica y de sus implicaciones. Se trata de una operación irreflexiva: como se habla tanto del tema, se asume que todo se sabe.
Las madres de falsos positivos (Mafapo) se hicieron presente a las afueras de la Fiscalía y Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, en la imputación contra el general (r) Mario Montoya por falsos positivos. Las víctimas esperan que los militares implicados reciban la misma acción que Montoya en el macrocaso que adelanta la JEP por las ejecuciones extrajudiciales.
Ya no se niega que miembros del Ejército hayan ejecutado a miles de personas y que hayan utilizado sus cadáveres para inflar los resultados del esfuerzo bélico. Sin embargo, continúan siendo objeto de negación muchos aspectos y aristas de esta práctica, especialmente, con el fin de evadir responsabilidades menos obvias que las de los asesinos, y evitar una discusión pública sobre el impacto de estos crímenes atroces en la integridad de la organización castrense.
Hay múltiples dimensiones del negacionismo en relación con la implicación de la práctica en el Ejército; considérese la más obvia: ¿si se reprocha a un comandante por adulterar los resultados operacionales de un batallón utilizando falsos positivos, no es, igualmente, censurable una organización castrense que engrosó sus éxitos contrainsurgentes durante años a golpe de crímenes atroces? Sin embargo, la organización sigue intacta, gozando de honor y gloria. Culpar a unos cuantos es un recurso efectivo para no abordar la desviación organizacional.
El Ejército, como cuerpo, niega y oculta el pasado siniestro, y lo hace activamente. La campaña Somos los héroes de Colombia es un buen ejemplo: “Somos el Ejército de ayer, hoy y siempre: Estamos diseñados para ser cada vez más grandes, más fuertes (…) nada nos detiene. Y con valentía de ayer, hoy, siempre (…) continuaremos orgullosos llevando nuestros pasos de victoria bajo los preceptos de patria, honor y lealtad”. Para sostener esta grandiosa visión, la letanía de atrocidades debe desaparecer de su pasado.
El número de muertes reportadas oficialmente por el Ejército como resultados operacionales del esfuerzo bélico se duplicó entre 2000 y 2003, al pasar aproximadamente de 1.000 a 2.000 “bajas del enemigo”, supuestamente en el marco de confrontaciones. Lo que se presentó como un salto en la efectividad de la organización militar realmente camufla criminalidad. Hoy sabemos que muchos de los resultados – pueden ser la mitad o más – están teñidos por transgresiones aberrantes; sin embargo, el éxito contrainsurgente del Ejército sigue siendo celebrado y reconocido, nacional e internacionalmente. Ignorar o negar el cruel pasado y su impacto sobre el Ejército es una forma de connivencia con la atrocidad. La negación continuada representa una forma perniciosa de perpetuar la injusticia.
Durante su solicitud de perdón por los ‘falsos positivos’, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió que se avance en el esclarecimiento de la verdad.
Hay que trascender la sanción individual
La sociedad colombiana está tan concentrada en la dimensión penal de los fenómenos criminales del pasado que pierde de vista otras dimensiones complementarias de responsabilidad necesarias para recuperar el Estado de derecho y la confianza en el poder público.
La aplicación del derecho penal es necesaria pero insuficiente en relación con crímenes de Estado. La manera cómo se aplica el derecho penal puede ser instrumental para procurar un mayor impacto de condenas penales que se logren; pero, por naturaleza, no puede transcender el ámbito personal y subjetivo de la responsabilidad.
Algunos chivos expiatorios respondieron por los falsos positivos y, ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz trabaja para proyectar decisiones con impacto simbólico en relación con unos cuantos responsables; empero, su trabajo está constreñido por la naturaleza penal del mecanismo. La naturaleza colectiva del fenómeno demanda que se trascienda ese enfoque. La práctica no se puede explicar mediante la colección de incidentes individuales y las responsabilidades no se limitan a la suma de responsabilidades particulares.
¿Por qué debe responder el Ejército?
La concentración sobre el nivel organizacional se justifica porque las transgresiones a la ley estuvieron alineadas con los propósitos del Ejército y porque los homicidios se cometieron para alcanzar los propósitos de la organización castrense. El Ejército se benefició de las acciones de soldados, suboficiales, oficiales y de otros funcionarios públicos para lograr fines organizacionales. La mayor parte de los homicidios no se hubieran cometido sin el elemento organizacional.
La muerte adquirió centralidad en el desarrollo de rutinas y prácticas en las unidades militares: se mantenían marcadores de letalidad, literalmente, que sellaban la competencia entre batallones, como si se tratara de una contienda deportiva. Como quedó registrado en las órdenes del día en algunas unidades tácticas, en 2006, durante el apogeo de la matazón: “las bajas no es lo más importante es lo único”.
El indicador mortal no resultó del capricho macabro de unos militares de la vieja guardia. El indicador mortal era una meta organizacional. Los resultados operacionales por unidades tácticas, menores y mayores, al menos desde 2004, demostraban la predilección por las “muertes en desarrollo de operaciones militares”. Los programas radiales y las revistas ministeriales explícitamente evaluaban la efectividad de combate de los batallones con los números de muertos. La condecoración de Servicios Distinguidos en Orden Público se concedía por conteo de muertos. Para obtener la condecoración, los comandantes de compañías militares (un teniente o un capitán) tenían que reunir al menos 15 muertos para acceder a la medalla; los comandantes de los batallones energéticos viales (por lo general, un teniente coronel), 30 muertos; y los comandantes de unidades tácticas regulares y de contraguerrilla (tenientes coroneles o coroneles), 50 muertos. La condecoración era esencial para ser notado y ascender en el Ejército. La muerte hizo y hace parte de la cultura y la práctica castrenses.
Campaña para encontrar familias de “falsos positivos” en cementerios colombianos
Si bien pocos miembros del Ejército han matado, lo que es común a todos es su conocimiento de lo que la presión por muertes generó en el Ejército. En 2006, tres mayores del Ejército, satisfaciendo requisitos del Curso de Estado Mayor, documentaron las distorsiones que los incentivos para matar estaban generando entre suboficiales y oficiales. Quizás hay oficiales que no estuvieron de acuerdo y no condonaron la práctica activamente, pero la conformidad o la connivencia pasiva con lo que estaba pasando fue extendida. Aunque hubiese rechazo de algunos a esta forma de matar, la cruenta práctica operó bajo el manto de aceptación tácita en la organización.
Además, en el nivel administrativo y burocrático se erigieron los mecanismos formales de protección y de defensa de esa práctica y la trama legal para blindar a la organización.
El Ejército asumió procesos de revisión de su doctrina para esterilizar y limpiar su registro público, no necesariamente para cambiar. Se produjeron directivas y resoluciones, y se difundieron cartillas y códigos de conducta que hacían eco de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sin otras medidas, la modernización de la doctrina y la inclusión de normas internacionales en los decálogos de principios militares no generan cambios. La historia militar desde la Segunda Guerra Mundial ratifica que, en el campo de batalla, las prohibiciones son bien conocidas; el tema es que nadie realmente cree que no van a ser transgredidas. Las prohibiciones formales fueron y son una cortina de humo: el papel aguanta todo y sirve de defensa, pero no es un mecanismo eficaz de cambio.
En los ejércitos modernos, los comandantes no suelen dar órdenes abiertamente ilegales. Salvo en casos extraordinarios – y los hay – los comandantes colombianos no dieron órdenes directas de ejecutar a un guerrillero, o de matar a civiles. De hecho, todos emitieron (por escrito) la orden pública y directa de no matar a civiles ni a guerrilleros detenidos, como parte del camino a la negación plausible. La matazón no fue dirigida mecánicamente por los mandos militares; tuvo lugar bajo un ambiente de favorecimiento, connivencia y conformidad.
Las atrocidades en las organizaciones castrenses rara vez son ordenadas de manera explícita; acontecen y se extienden por la conformidad de la organización que las ampara. Como quedó demostrado en otros contextos, como el vietnamita, si la práctica formalmente proscrita no sólo se tolera, sino que sus resultados se premian, su difusión se asegurará. En lógicas jerárquicas, la aprobación de los de “arriba” baja mediante un guiño de beneplácito, como expresión de los supuestos y los sobrentendidos que informan las redes de significado en los ejércitos. Se trata de una aquiescencia ambigua, pero poderosa, especialmente en una organización total, como el Ejército. Se trata de las “reglas de la casa,” que todo el mundo conoce, aunque no se hable formalmente de estas. De manera sencilla: en los ejércitos importa más la costumbre que las normas.
Adicionalmente, se promovieron reformas constitucionales y legales para ampliar el alcance de la justicia penal militar, se fortaleció la defensa militar, se fabricaron presunciones de legalidad que cobijaron las acciones militares (mediante cambios jurisprudenciales dirigidos desde el alto mando militar en colusión con miembros de las altas cortes), y se fabricó el derecho operacional como artificio administrativo para proteger a los militares, entre muchas otras medidas, supuestamente para garantizar la seguridad jurídica de los militares. Las medidas tomadas son reflejo de la máxima popular de “la ropa sucia se lava en casa”. Este “blindaje jurídico” sigue instalado y sigue sirviendo para limitar el escrutinio externo y distorsionar los controles sobre la matazón. Una larga cadena de funcionarios judiciales y burócratas son responsables de una dimensión poco examinada de la barbarie.
Sin ser identificados y combatidos, los factores que permitieron que los falsos positivos se instalaran como práctica en el Ejército siguen siendo reflejados en el ambiente operacional y en la actuación de la organización, aunque hoy sean disimulados.
La negación de las implicaciones organizacionales de esta práctica criminal ha sido tan exitosa, en parte porque una amplia porción de la ciudadanía deposita su confianza en el Ejército
La responsabilidad de la organización: una ruta por recorrer
La cadena de transgresiones legales involucradas en esta práctica – las abducciones de personas, las ejecuciones, su legalización o la fabricación de documentación burocrática para incorporar los crímenes como resultados operacionales, y todos los actos de encubrimiento – no se pueden explicar sin hacer referencia al Ejército y a su dinámica. Sin las exigencias operacionales del Ejército, la masividad de las muertes no tiene explicación.
La negación de las implicaciones organizacionales de esta práctica criminal ha sido tan exitosa, en parte porque una amplia porción de la ciudadanía deposita su confianza en el Ejército. Bajo este ambiente, la detección de mentiras es difícil y, por lo tanto, el objetivo de defraudar se facilita. El poder de los militares, aunque no sea absoluto, es enorme. Su capacidad de control, manipulación, intimidación y encubrimiento es elevadísima. Están entrenados en estos asuntos. Además, en la medida en que muchas entidades del Estado están alineadas con la organización castrense, su capacidad para encubrir conductas es inmensa y el Ejército y todos sus fieles harán lo posible por sostener la versión oficial y defender a la organización.
Las palabras en 2015 del general retirado Néstor Ramírez, en ese momento presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, son ilustrativas de esa defensa corporativa: “Uno sigue con el corazoncito en camuflado. El sentimiento patrio es muy elevado en las personas que han durado 30, 40 años en servicio, que han estado dispuestos a entregar su vida, la de su familia, que han expuesto su integridad física por una causa. Llevamos 200 años protegiendo a los colombianos, ahora esperamos que los colombianos protejan a su Ejército.”
La conformidad extendida en el Ejército con los falsos positivos tiene implicaciones organizacionales: continúa brindando justificación ideológica a la atrocidad; sigue tiñendo de ilegalidad los logros de la organización; y, al no abordar las dimensiones organizacionales de la práctica, se favorece el uso de la transgresión para satisfacer metas organizacionales.
El Ejército, como organización formal y compleja, fue agente de las transgresiones a la ley; se benefició colectivamente de los resultados conseguidos ilegalmente; de hecho, se sigue beneficiando por su reputación de milicia exitosa. Es tiempo de explorar responsabilidades de la organización y que la implicación de la organización tenga consecuencias. La negación continuada representa una forma perniciosa de perpetuar la injusticia.
Las excusas públicas del ministro de Defensa actual son valiosas como expresión política que combate la atrocidad, pero no hacen mella en el negacionismo militar. Los militares han logrado construir y posicionar su memoria como extensión de la guerra, elaborando una narración aceptable de lo acontecido, que implica aceptar errores, sacrificar a unos cuantos responsables para absolver al cuerpo castrense. Es urgente complementar los esfuerzos de justicia con medidas que aborden esta dimensión colectiva u organizacional de la práctica, de lo contrario seguirá incrustada la connivencia con la atrocidad en el Ejército, como si nada…
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