“Cerrar el Darién”: el drama migratorio pasa desapercibido por Ciudad de Panamá

Agentes del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá vigilan la llegada de migrantes al poblado de Bajo Chiquito, el pasado 9 de abril.

La emergencia humanitaria que representa el flujo masivo de migrantes por la inhóspita selva del Darién que marca la frontera colombo-panameña no se percibe en Ciudad de Panamá, ni ha sido uno de los temas importantes en el debate electoral del país centroamericano, que acude este domingo a las urnas. Y sin embargo, el discurso en contra de la inmigración ha encontrado la forma de colarse en la contienda presidencial, en boca, entre otros, del favorito de las encuestas, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino, que reemplazó al inhabilitado expresidente Ricardo Martinelli.

“Vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda”, ha dicho en declaraciones que recoge la agencia Efe. Mulino, considerado un abanderado de la mano dura, aseguró que pediría apoyo a los países de la región implicados en el flujo migratorio, como Colombia y Estados Unidos, al entender que “Panamá no es un país de tránsito” y que muchos migrantes son víctimas de trata. En el sótano de las encuestas, la independiente Zulay Rodríguez también se ha hecho eco de la idea de “cerrar la frontera”, que otros aspirantes, como el candidato antisistema Ricardo Lombana y el expresidente Martín Torrijos han etiquetado como “irreal”.

Ese muro imaginario existió de facto por muchos años, pero ya está perforado. La tupida selva en otros tiempos era considerada como un territorio inaccesible, pero el flujo migratorio ha vuelto porosa esa muralla verde. El paso de personas ha roto todos los récords. Nunca antes tantas habían cruzado el inhóspito Tapón del Darién. Solo en los cuatro primeros meses de este año, 139.000 migrantes ya lo han hecho con rumbo al norte, principalmente a Estados Unidos, de acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Migración panameño.

El paso por las peligrosas rutas que atraviesan la selva sigue rompiendo registros. Más de 130.000 migrantes, principalmente haitianos y cubanos, cruzaron en 2021. El número prácticamente se duplicó a 250.000 en 2022, con un incremento de venezolanos y ecuatorianos. Y más de medio millón se aventuró el año pasado. Del lado colombiano, el Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico, actúa como el actor armado dominante en la zona. Del lado panameño, los migrantes también enfrentan todo tipo de vejámenes, en una crisis humanitaria sin freno, como han documentado diversas organizaciones de derechos humanos.

Las autoridades panameñas han optado por favorecer el traslado de los migrantes de su frontera sur –una vez que ya han atravesado la selva– a su frontera norte, más que un esfuerzo de acogida o integración. “La política de flujo controlado lo que hace de facto es invisibilizar a los migrantes en Panamá”, valora Caitlyn Yates, una antropóloga que lleva años investigando el paso fronterizo. “Puedes caminar por toda la Ciudad de Panamá y nunca vas a ver a las personas que cruzaron el Darién”, explica. Por eso no es un tema importante para los votantes. Con fugaces excepciones, el flujo no se represa en la capital. Los migrantes que atraviesan el istmo, por su parte, miran el horizonte de rascacielos característico de la zona financiera de Ciudad de Panamá desde las ventanas de los buses coordinados por el Gobierno que los llevan hasta Costa Rica para seguir su camino.

Panamá hace “todo lo humanamente posible” para atender a las personas que pasan por el Darién, matiza en diálogo con EL PAÍS Eduardo Leblanc, el defensor del Pueblo panameño, quien pide mayor coordinación con las autoridades colombianas. El llamado flujo controlado, sostiene, permite que los migrantes sufran menos por el trayecto y no tengan que atravesar caminando el país. “Hace que se acorté la distancia y sea más respetuosa con los derechos humanos”, agrega. “Sin lugar a dudas es un lugar hostil, controlado por irregulares que deambulan a lado y lado de la frontera”, advierte.

Venezolanos, haitianos, ecuatorianos y colombianos, pero también personas de otros continentes como Asia y África arriesgan sus vidas en esas trochas en las que se exponen a abusos por parte de grupos criminales, incluyendo violencia sexual, y reciben poca protección o ayuda humanitaria, ha advertido, entre otras organizaciones, Human Rights Watch (HRW) en una serie de informes. La diáspora venezolana, empujada por la larga crisis política, social y económica de su país, es por mucho la nacionalidad que más hace el peligroso cruce –88.000 de las casi 140.00 personas en lo que va de 2024–. De acuerdo con las autoridades panameñas, el 20% son menores de edad.

El Darién, otrora inexpugnable, es el horror en la tierra. El terreno es empinado y resbaladizo, y los ríos son caudalosos. La mayoría de las rutas, según ha corroborado HRW con varias visitas al terreno, siguen senderos que coronan lomas con alturas de hasta 1.800 metros. Nadie sabe con certeza cuántos han muerto por el camino. “Colombia y Panamá no están protegiendo ni asistiendo a cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el Tapón del Darién. Tampoco están investigando adecuadamente los abusos cometidos en su contra”, apuntaba la organización en un informe presentado hace un mes, tras un trabajo de casi 300 entrevistas. Allí recomendaba al Gobierno panameño nombrar un alto funcionario o un asesor encargado de coordinar la respuesta en el Darién. También modificar la estrategia de “flujo controlado” (también llamada “flujo humanitario”) para establecer un plan claramente articulado que tenga en cuenta las necesidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo y garantice su derecho a solicitar asilo.

“Tristemente, el alto flujo migratorio por el tapón del Darién ha llegado para quedarse”, apunta Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch para las Américas. El próximo gobierno de Panamá, cualquiera sea, detalla, debe tomar medidas con apoyo de la comunidad internacional para aumentar la asistencia humanitaria, prevenir los abusos e investigar a los grupos criminales en la zona. “Ni una política de ‘flujo controlado’, centrada en que los migrantes pasen rápidamente por el país casi sin ser percibidos en la capital, ni un intento por ‘cerrar’ el Darién van a dar respuesta suficiente a esta crisis que ocurre en territorio panameño”, concluye.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.