Adiós a los derechos: donde había una necesidad, hay un resentimiento; donde hubo un derecho, habrá una necesidad

“Acá, más allá del juicio de las personas, todos los pactos eran frágiles.”

Cormac McCarthy, Meridiano de sangre, 1985.

1. Donde había una necesidad, hay un resentimiento.

Una sociedad abandonada por su clase política, con una democracia sin demócratas, alimentada por resentimiento y frustración dio a luz a algo nuevo e intenso. ¿Puede la democracia sobrevivir a un contexto de contracción económica, desafíos ambientales, endeudamiento estructural, fragmentación profunda, emociones desbordadas, salud mental colectiva deteriorándose, destrucción del Estado, necroelites sádicas, una generación autolesiva, una cultura constitucional en retirada y el abandono de la clase política que prioriza ser una comunidad de negocios en un sistema político en abierta descomposición? La pregunta es absurda. Ni la vida misma puede sobrevivir en esas condiciones. La amenaza es sobre la vida misma, es total. Por eso hablamos de necropolíticas. Las puertas que se abren tienen todas las características de lo misterioso y lo atroz.

La democracia en la que no se come, no se cura y no se educa se devora a sí misma. Las mayorías a las que nunca le llegaron (nunca se hicieron realidad) las promesas de la democracia están dispuestas a apostar a una etapa posdemocrática pero con cierta estabilidad económica, incluso precaria. Esa nueva narrativa podría ser atractiva para una coalición mayoritaria y policlasista. Para creer en ese futuro se necesita cierta estabilidad económica pero sobre todo más pensamiento mágico y religioso. Además tiene algo potente: un enemigo en común -aunque sea retórico- en la clase política. La teología política vuelve a la escena pública y el pensamiento mesiánico se potenciará en sus diversas facetas.

El gobierno oscila entre la autodestrucción y la estabilización en un malestar tolerable para una sociedad expuesta a una presión inaudita a nivel comparado. Se la invita a literalmente sobrevivir un desierto y una tormenta de malas noticias. La llamada “Ley bases” tiene algunas directrices atendibles con una gran batería de reformas contraproducentes y lesivas: venta de empresas públicas -como Aerolíneas Argentinas y otras igual de estratégicas- que son parte del patrimonio nacional, son necesarias para el federalismo y la integración provincial. También contiene directas regresiones que afectarán a varios sectores como las mujeres que quieran jubilarse, como el desarme del sistema científico. Todo esto parece encaminarse a la sanción de otra delegación legislativa inconstitucional que nadie controlará ni frenará. La confusión parece ser una estrategia para hacer las cosas mal y rápido pero hacerlas. Los hipócritas prometen y defraudan, los cínicos cumplen, atrozmente mal pero cumplen.

Nadie quiere recuperar a la sociedad que los partidos tradicionales perdieron quizás para siempre. Hay una nueva hegemonía no tan silenciosa, pero que no está presente, hablando en la red de narcisismo stremeado y sobreanalizando todo superficialmente sin escuchar.

Eso quiere decir que si se gobierna el dólar, se estabiliza su administración en un dolor que deje dormir a la población, se distrae con estímulos en el caos, se usan preferencias adaptativas y chivos expiatorios, el gobierno tiene muchas oportunidades de consolidarse producto del abandono del resto del sistema político que prefiere usar al gobierno para sentirse superior (sic) y como verdugo de una estabilización tercerizada. Todo esto, más allá de cohabitarlo en primeras y segundas líneas. No extrañaría que después de diez o veinte años se hable del actual gobierno como algo ajeno, externo e inesperado, provocado por una maldición misteriosa. En rigor de verdad, no sé si tenemos diez o veinte años.

Donde había una necesidad, hay un resentimiento; donde hubo un derecho, habrá una necesidad. Nótese el ciclo que trae más necesidades insatisfechas y más resentimiento. Entonces, donde hubo una promesa de campaña incumplida, habrá un odio antipolítico. Donde hay un político profesional, habrá un traidor. La sociedad enojada puede traer una sociedad enfurecida lista para los sacrificios generacionales, chivos expiatorios y el pensamiento místico de las guerras santas, del salto al vacío con la esperanza cegadora de la salvación. La economía no crecerá para salir de la pobreza pero las fuerzas religiosas y mesiánicas tienen la posibilidad de seguir creciendo de manera sostenida.

A menos derechos haya, habrá más privilegios sociales y desesperación en búsqueda de estatus. El futuro del derecho es el estatus que se adquiere de diversas formas rentadas con vida, o sea, tiempo, riesgo y recursos.

Una clase política que vive en las plataformas de deterioro cognitivo buscando atención y validación a su indignación. O sea, entre Tiktok y Whatsapp, está dejando destruir el Estado desde el Estado. La destrucción del Estado conlleva menos democracia y más caos y anarquía que terminarán en una salida autoritaria. Esa clase política rara vez habitó el Estado para concretar un proyecto de largo plazo con acuerdos transversales, para hacer alta política, con profundidad y responsabilidad. Tantas veces lo hizo para delegar por un lado las políticas públicas en sus “expertos afines” y para hacer de la actividad política una comunidad de negocios endogámica y trabajar para las elites económicas nacionales e internacionales. Esas elites económicas desplazaron del centro a parte de ese sector político tradicional para darle la oportunidad a otro sector más extremo.

Pensar en instituciones y proyectos de país de largo plazo era hacer política en serio. Los únicos que pensaron en largo plazo -para defender su propio interés- fueron los sectores dominantes, no la clase política. La miopía y la negación son las únicas constantes de la clase política argentina. Esa clase política siempre le robó futuro a las futuras generaciones con deuda y permitiendo regalar patrimonio colectivo y recursos naturales a corporaciones internacionales y socios locales. Esa clase política siempre usó la inflación como impuesto regresivo a las mayorías para empobrecerlas hasta perderlas, hasta que las mayorías se cansaron y parecen ofrecerse a un rito sacrificial.

Un abandono traerá más abandonos, las necesidades insatisfechas traerá más necesidades vitales y políticas de la supervivencia. Las causas originales produjeron efectos. Los nuevos efectos serán causas de nuevos efectos y eso sumará complejidad en un contexto de décadas oscuras. Las promesas incumplidas traerán más resentimiento, más sombras y quizás un cambio de registro a una forma de política mística e irracional. Los impulsos negativos serán encauzados de formas novedosas. La racionalidad se volverá excepcional. Nadie parece querer reparar lo evidentemente roto ni tender un puente con la sociedad decepcionada.

Todas las deudas históricas del sistema político serán incumplidas y reforzadas, atacadas con nuevas demandas de necesidades vitales -como las que presenta la cuestión ambiental- que también se podían haber puesto en una política planificada, transversal y sincera pero se decidieron ocultar en agendas superficiales y bobas. Esa pésima noticia generará más bronca y sensación de abandono. ¿Qué hizo el sistema político durante estos últimos 40 o 20 años? ¿Qué proyecto de largo plazo tuvieron las elites políticas y económicas durante estas cuatro décadas? ¿Qué acuerdos transversales y operativos tuvo la clase política en esas cuatro décadas para la sociedad?

Ciertas fuerzas del resentimiento elitista generaron violencia regenerativa con retóricas de izquierda para maximizar atención y sembrar traumas sociales con acciones demenciales de derecha (patrullas parajudiciales, intimidaciones y censuras, cancelaciones, linchamientos, persecuciones burocráticas, prácticas inquisitoriales, destrucción de reputaciones, denuncias falsas, etc.). Esa violencia regenerativa inicial invitó a un diálogo mesiánico a otras fuerzas del resentimiento y éstas gestaron progresivamente un momento constituyente de un nuevo régimen no solo del sistema de gobierno híbrido (público-privado, Estado-corporaciones) sino de la acción política misma. Ese régimen quizás se presente con una teología política apocalíptica que postulará la salvación a través del sacrificio colectivo.

2. Donde hubo un derecho, habrá una necesidad.

Hace ya un tiempo vivimos en una sociedad sin movilidad social ascendente. Y esa sociedad es una sociedad del maltrato, de las guerras culturales con la que la sociedad se destruye y divide a sí misma, cuya pendiente es descendente. Habrá excepciones pero la regla es el decrecimiento. Un futuro en el que setenta u ochenta por ciento de las personas estarán/estaremos empobrecidas o bajo la línea de la pobreza como nuevo techo de blindex -no de cristal- a romper para una comunidad fragmentada y con injusticias históricas. En una realidad económica más precaria que hace 10 años y en un contexto internacional y nacional adverso y complejo.

Si no se detiene la destrucción del Estado, que es otra forma de destrucción de los derechos y de la misma democracia, habrá más necesidades que alimentarán nuevas insatisfacciones y resentimientos. Es difícil pensar que la misma clase política que no quiso, no pudo o no supo evitar lo que estamos viviendo quiera o sepa reconstruir los lazos sociales perdidos.

Las políticas del resentimiento ganaron categóricamente a una sociedad angustiada y preocupada y hoy ya vivimos las necropolíticas anunciadas en años anteriores. Avisamos hace ya casi tres años (en esta nota) que la frustración y el resentimiento nos llevarían a decir “adiós a derechos” que para muchos ya eran privilegios o derechos nominales. Y muchos de esos derechos, como la educación, salud, seguridad pública, trabajo y vivienda, estaban en crisis terminal. El sol negro creció y seguirá creciendo, dado que se alimenta de la pasividad y hipocresía cómplice de los dirigentes políticos a nivel transversal.

Los procesos son difíciles de detener por sí mismos. Mucho más cuando los principales actores los niegan de forma también categórica. Lo que sobresale es que hay mucho de autodestrucción no solo a nivel generacional sino a nivel institucional y de los espacios políticos que en algún momento fueron fuerzas vitalistas con narrativas expansivas y atractivas para una sociedad hoy transformada, regenerándose en algo nuevo.

Una economía en restricción quitará derechos y traerá necesidades, destruirá el Estado pero construirá un nuevo Estado policial en un orden regresivo que también distrae como las plataformas. Garantías constitucionales, debido proceso y derechos nominales pueden desaparecer más allá de lo que diga la Constitución. Ya eso lo sabemos hace años. La guerra judicial se expandirán a la misma sociedad. El poder judicial será el guardián y garante de ese Estado punitivo y extractivo. En ese Estado policial serán muy útiles varias de las leyes sancionadas en estos últimos veinte años para fomentar los linchamientos parajudiciales, pánicos sociales, juicios mediáticos y víctimas espectaculares en lugar de la justicia pensada en base a prudencia, pruebas, hechos y duda razonable. Menos Beccaria y debido proceso, más Lombroso y show judiciales.

Lo que desapareció hace tiempo son los frenos y contrapesos institucionales. La economía extractivista incluye la quita de los derechos, las instituciones republicanas, la misma democracia, los pocos resabios de partidos políticos con base social resistentes, los bienes públicos y no sólo de los recursos naturales de acuerdo a un código minero que nadie modificó nunca y que siempre pasivamente permitió el latrocinio. Lo público se comenzó a liquidar desde lo público.

Vivimos en un sistema paraconstitucional. Sin división de poderes y sistema de remedios constitucionales que sean razonables, no hay Constitución. Así como no hay frenos institucionales a los decretos o las delegaciones no hay frenos para un ascenso populista, oligárquico y autoritario como títere del poder corporativo que use a nuestro País como campo de extracción de recursos, manipulación de la población pasiva y represión de la resistente. Eso es el constitucionalismo invertido que tenemos en ejecución. La soberanía la tienen las corporaciones hace tiempo y hay sectores que hace varias décadas trabajaron para traducir al lenguaje hipócrita del derecho público los intereses privados de esas corporaciones que nos empobrecieron y empobrecerán, nos embrutecieron y embrutecerán.

Los que antes hablaban de la democracia sustantiva lo que estaban ocultando eran sus servicios intelectuales, sus inteligencias de “servicios serviciales” (sic), trabajando para los actores de un constitucionalismo distópico: las corporaciones con su nueva soberanía privada son las que gobiernan al sistema político sin freno ni contrapeso. Ni el pueblo ni sus representantes ya ejercen una soberanía política efectiva.

Esa nueva soberanía política y corporativa requiere necropolíticas para una sociedad de masas, que se puede desplazar para que juegue sus propios juegos del hambre, mientras las corporaciones disputan sus guerras de recursos a nivel nacional e internacional.

En las puertas del desierto, lo incierto | Dorothea Tanning – Maternidad – 1946/7.

Ahora el lenguaje está cambiando, dado que deja la hipocresía de la razón pública y pasa a uno más abiertamente cínico. No hay únicamente lenguaje de derecho público, hay prácticas de ilegalidad abierta y atropello impune. No hubo freno con el saqueo del patrimonio colectivo en 1990-1992, tampoco hubo frenos razonables en la delegación legislativa que terminó con De la Rúa, tampoco hubo frenos para el endeudamiento de Macri.

Cuando hubo frenos institucionales fue para vetar la resolución 125 en el Congreso de la Nación y para frenar la implementación de una ley constitucional con el poder judicial desacoplado trabajando para intereses privados en alianza política. O sea, hubo frenos para que el sistema político le haga daño al sistema político, como herramienta electoral. La alianza entre un sector político y otro corporativo anunció el constitucionalismo invertido. En cambio, los frenos institucionales serán usados en el futuro -no tan paradójicamente- para empobrecer comunidades y personas como hoy se está haciendo, abandonarlas en sus tratamientos médicos, dejarlas morir, masacrados en omisión, entregarlas a fenómenos ambientales extremos o a nuevas pandemias sin sistema de salud o Estado presente.

Muchos legitimaron la descomposición democrática y la destrucción del Estado porque lo habitaba una fuerza política -con sus defectos evidentes- que no era la propia y alimentaron este momento de autolesión generacional. Tanto en Argentina como en Brasil, la grieta fue alimentada contra una fuerza política (con sus errores, actos de corrupción e irresponsabilidad) pero para después ser ciego, sordo y mudo con esas mismas prácticas cuando eran del sector opuesto, supuestamente, “republicano” y “ético”. El sistema político se autoidentificó como el peor enemigo y se autodestruyó sostenidamente en los últimos quince años. Fue una tendencia abiertamente suicida de un sistema autófago. El desenlace, se ven indicios, puede ser diferente en Brasil en contraste a Argentina.

El sistema de controles y remedios constitucionales colapsó, se desmanteló, se cooptó. Fue capturado por prácticas que son formas de corrupción institucional y ninguno de los dos últimos gobiernos hizo nada para ni siquiera levemente atenuarlo, lo empeoraron sostenidamente. Los anteriores gobiernos y varios actores institucionales son responsables en la legitimación activa de esas prácticas profundizadas.

La narrativa de los derechos en un Estado democrático está en crisis hace tiempo y en parte por cómo se piensan justamente derecho, democracia y sus instituciones. Si se vive en una burbuja social, podemos seguir pensando en derechos en contexto de contracción económica y ataque corporativo al Estado. Pensar más allá del derecho y sin Estado, por un lado, es avizorar una situación de necesidades y guerra por los recursos para cubrir esas necesidades en un neoliberalismo excluyente. Por otro lado, la opción es un sistema de neoliberalismo inclusivo que permita niveles de mínima subsistencia con ascenso social como aspiración seudo religiosa no material. Ambas escenarios son duros y complejos.

En ese contexto el ascenso social sabemos que estará en procesos más místicos y religiosos. En el juego, en las apuestas, en el deporte, en los emprendedores del rebusque, en pegarla en internet, en diferentes formas de vida intensa y de corto plazo que no quiere pensar el futuro justamente porque sienten, intuyen sensiblemente lo que viene. Si no me dan futuro, les voy a dar algo intenso. Eso es lo que se palpita.

3. La función destructiva de los abogados.

La sed de arrasar lo público se expresa de diferentes formas en actores distintos. Los abogados tienen su propia forma de colaborar en la entropía social y la necrosis política que alimentan la destrucción de lo público y la descomposición del Estado, su desmembramiento. La demolición de lo público no puede suceder sin una gran colaboración de los actores de lo público a nivel institucional y parainstitucional, a nivel constitucional y paraconstitucional.

La función regresiva de los abogados en los funerales de la república fue mantener en coma cuatro muerte cerebral la democracia mientras seguían haciendo negocios judiciales y abrir una casa de sepelio para hacer nuevos negocios con la muerte de los derechos que traerán más necesidad y necropolíticas. Especialmente en su faz de Estado penal profundizado. Como ya hemos explicado, la contracción económica trae la contracción de los derechos y la devastación del Estado es la desaparición de la posibilidad de obtener trabajo, salud, educación, salud y los derechos básicos para la siempre frágil paz social.

Mientras se observa una sed de destrucción y resentimiento muy fuerte en la sociedad, la elite política y legal parece que posee una forma más sofisticada de revancha de clase y odio a lo público aunque no sea definitivamente la más brutal y letal. La elite política, judicial y legal usa la legalidad como forma de letalidad rentada, a sueldo. Una necrolegalidad usada para desarmar lo público y traducirlo en poder privado y feudal. Una forma más redituable pero igualmente destructiva de participación en esta etapa histórica.

La primera vez que vimos esa ansiedad de destrucción y acumulación fue en 2002, en los amparos contra el corralito. Recuerdo estudios de abogados que organizaban reuniones en teatros o clubes de barrio repletos de ahorristas desesperados, algunos con problemas de salud. La comisión que se cobraba era del 10 o 20 por ciento por depósito acorralado (variaba según volumen del depósito). Eso quiere decir que se firmaba un hoja modelo, un amparo, y se podían cobrar el 10/20 por ciento de cada depósito en dólares de acuerdo a los diferente criterios y tiempos de los diferentes tribunales. Grabé entrevistas informales con varios de esos clientes del exitoso estudio jurídico y todos hacían referencia a lo evidente: querían sus ahorros y se quejaban que tuviesen que pagar por volver a tener lo que era suyo y les era debido, lo que le había sido retenido y pesificado. Su propiedad privada, sus ahorros. A veces los abogados cobraban un honorario contra el Banco y un porcentaje equivalente a los “ahorristas acorralados”. Varios de esos ahorristas decían, se quejaban, que el abogado hacía “40 por ciento” (20 al banco y 20 al ahorrista) de lo que eran sus ahorros de toda la vida firmando un papel que ellos entendían era igual que el papel firmado para la persona que estaba sentado a su lado en el teatro o club de barrio. La destrucción de la confianza pública se producía al observar injusticias en el corralito y en la solución judicial/abogadil del corralito.

Cientos de personas sabían que estaba mal que tuviesen que dar 10, 15 o 20 por ciento (o más) para que le devuelvan sus ahorros. La profunda desconfianza de un país con sus sistema financiero, con su moneda es lo que impacta, 20 años después, a una generación que tiene severas dificultades para alquilar. Pensar en el largo plazo hubiese sido encontrar una solución a ese problema de forma permanente para que no vuelva a suceder. La solución trajo una desconfianza estructural en la moneda, en el sistema financiero y en la garantías de ahorro bancario que es precondición -en los sistemas económicos comparados- para generar un sistema de créditos en el corto, mediano o largo plazo.

En lugar de pensar políticas de largo plazo para fortalecer el derecho de propiedad y la moneda estable, el sistema financiero, lo que se construyó es otra cosa diferente que hoy está explotando otra vez. Nunca se pensó en construir confianza y se arregló todo con especulación y más guerra de sectores políticos. En 2002 se confiscó el 33 por ciento de los ahorros de cada ahorrista y en 2024 el gobierno de Milei hizo algo muy parecido pero de manera diferente sin tocar los dólares pero tocando todo alrededor de los dólares que valen mucho menos (sin contar la inflación de EEUU y otras variables). El derecho de propiedad fue sistemáticamente afectado por el corralito, por la inflación durante dos décadas y fue ampliamente violado en los primeros meses del actual Gobierno nuevamente.

Mientras la sociedad vota antiestatalidad, parte de los cuerpos de profesionales públicos destruyen el Estado hace tiempo capturando el Estado, cooptando el Estado, utilizándolo como un lugar para habitar sin reflexionar y despreciando los esfuerzos históricos para construir esa estatalidad, alquilándola a actores privados que la fagocitan y le quitan su legitimidad. Esa parálisis de la estatalidad se vio en el final de la década de los ochenta. Ese habitar el Estado delegando su proyecto para crear una red de negocios sobre la salud, el transporte, la diplomacia, etcétera es parte de los problemas de la estatalidad que el ataque abierto a la estatalidad, su transformación, también oscurece. Esa forma de habitar la estatalidad debilitó y expuso al Estado, lo volvió más frágil, proclive al cambio que estamos observando.

Hace ya décadas que varias profesiones públicas están construyendo un Estado paralelo y corporativo. Los que traducen los intereses de actores privados al lenguaje de la democracia y la Constitución parcializada, sesgada y traicionada están destruyendo las capacidades del Estado para implementar leyes, para cobrar cánones del código minero que son ínfimos en comparación a las riquezas extraídas sin fiscalización ni control.

Esa destrucción sofisticada del Estado es una de las funciones regresivas de los abogados, entre otras profesiones autoproclamadas públicas, que trabajan para reconducir la sociedad hacia una sociedad más tribal, estratificada y feudal.

Hipocresía y cinismo, lo público y lo privado / Dorothea Tanning – El espejo – 1950.

Presidentes de mandato cumplido o candidatos derrotados que son lobistas de corporaciones públicamente reconocidos, fiscales y jueces que deben viajes y mucho más a intereses privados que viven tutelando frente a sectores sin poder de defensa corporativo, embajadores que continuaron siendo lobistas de las empresas que ayudaron a introducir en el mercado local o extranjero, todos ellos, hace tiempo están siendo parte del problema de la regresión o involución de un Estado que se destruye a sí mismo pero de diferentes formas y con grados de responsabilidad diversa. Cuando vivimos una expansión económica, esas prácticas son toleradas y quedan ocultas en el crecimiento económico. Cuando estamos en contracción distópica, la puja distributiva de esos lobistas se vuelve más intensa y sus éxitos concretos logran empobrecer o sacrificar -como cuando se fumiga a niños en escuelas rurales, cuando se contamina el agua potable, etc- a parte de la población que antes le confío un cargo público que fue usado con fines privados.

La construcción legal de los nuevos privilegios de clase y los nuevos feudalismos son parte de una agenda activa de ciertos grupos de abogados que trabajan a sueldo para pensar y ejecutar -por decreto de necesidad y urgencia o decreto delegados- un futuro que los políticos -también a sueldo público y “del sector privado”- no se animan a pensar ni a defender.

Si abogados de grandes estudios piensan el futuro de la Argentina, eso quiere decir que viviremos rodeando un hermoso, selectivo y distinguido barrio privado militarizado en el que las mayorías estarán (estaremos) excluidas y luchando para sobrevivir en las necrópolis en expansión.

Se critica a jueces de la Corte Suprema que ignoran la Constitución y después se le va a golpear la puerta editorial. En la oscuridad de extraños y expeditos recursos extraordinarios se busca incumplir esa misma Constitución, construyendo una excepción judicial, se quiere hacer una interpretación acorde a cínicos intereses privados que se presentan en el lenguaje hipócrita del derecho público. Mientras tanto, los derechos constitucionales de la sociedad dejarán de existir. Conclusión: siempre se quiso pertenecer a la elite que destruye los derechos y las instituciones, nunca construir ni defender esos derechos y esas instituciones para la sociedad. La contracción permite poner blanco sobre negro.

La disputa de la energía y los recursos es la disputa de los futuros y posiblemente no tengamos ninguno. Ni futuro ni recursos ni energía. Salvo que haya una acción constructiva transversal cuya principal amenaza es la narcotización de performar la acción para conseguir la aprobación de otro en lugar de ejecutar la acción sin la mirada ajena, por el hecho mismo de la responsabilidad de hacerlo incluso sabiendo que la derrota está asegurada.

La debilidad judicial en proteger derechos, su privilegiada pasividad y cronoterapia, es la fortaleza de los verdaderos dueños de la Argentina para dejar de conceder los derechos que generaciones supieron construir y defender. Nuevas formas de esclavitud y servidumbre son las que se proyectan en las reformas laborales que ya ni perfuman su abierta y pestilente inconstitucionalidad.

4. Adiós a la hipocresía del derecho.

Adiós a la hipocresía del derecho. Bienvenida el cinismo de la violencia. No es posible predecir el futuro. Se puede anunciar lo que puede pasar en un escenario si se sigue un curso de acción o -lo que parece haber sucedido- de goce inactivo. Ya habíamos señalado este proceso, en esta nota del 2022, de la siguiente forma: “Una clase política anémica cuya energía más fuerte es la crueldad y una oligarquía económica desleal con un legado de saqueo sin escrúpulos están profundizando horizontes oscuros. Mientras tanto, la sociedad está contribuyendo activamente a su propia demencia social, a su disonancia con la realidad, a desmembrar su cuerpo en facciones triviales y tribales. Todo esto hará que, ante una incapacidad estructural de diálogo, coordinación y acción política constructiva, únicamente la guerra y el nuevo Estado de naturaleza sean los frutos de este apocalipsis participativo”.

Es mucho más probable que estemos yendo hacia un Estado de naturaleza, de guerra permanente, más que a un sistema de economía de mercado. El mercado no es la ausencia de regulación. La guerra es la ausencia de regulación. Lo impredecible, el eterno retorno de la violencia que siempre aparece en esa naturaleza humana que se suele negar. Más cuando hay contextos de fragmentación de diseño, resentimiento político y ansiedad de estatus.

El mercado es una institución social que uno encuentra en todas las comunidades humanas a lo largo de la historia. Mercado no es sinónimo de capitalismo. Precedió al capitalismo y lo sobrevivirá. Así como se abandonó la palabra libertad, república y derechos humanos a personas que la usaron cínicamente para cultivar odio y privilegios sectoriales, se abandonó la idea de mercado como institución social de reconocimiento pacífico de pares, de construcción de comunidad y, por supuesto, como espacio de intercambio de objetos y servicios. Los mercados (de frutos, de flores, de pulgas, etc) son mercados de comunidades, de reconocimiento de alteridad.

Las prácticas mercantiles nacieron de la sociedad y como las prácticas de construcción de estatalidad. La idea de mercado puede reconciliarse con la de Estado así como la idea de competencia se puede reconciliar con la idea de cooperación.

Lamentablemente, el único mercado que parece estar creciendo actualmente es el mercado de la violencia y de la guerra en sus diversas formas. Esos mercados seguirán creciendo porque la carrera nuclear se ve acelerando a la vuelta de la esquina y a nivel global, como las reformas regresivas que quitan recursos a las mayorías para dárselo a una minoría excluyentes, mientras se idiotiza en la fragmentación identitaria.

El lenguaje hipócrita de los derechos y de los abogados está abriendo una etapa de contracción económica que trae violencia cínica, rapiña directa y guerra por los recursos. Hay que saber actuar sin reaccionar ante un cambio que es sobre todo global. La paz comercial que trae pensar al mercado como institución social puede ser la clave para evitar la guerra perpetua.

Sin reparar lo roto seguiremos respirando resentimiento por todo el espectro político durante décadas. Ese nihilismo generacional ya está en niñas/os, adolescentes y jóvenes adultos, una generación ganada por las pantallas y la ansiedad a los que se les asegura pobreza y precariedad. Los líderes políticos, sociales y empresariales viven en los narcisismos de las pequeñas internas y rumores infantiles, gozando de los odios cruzados que los empobrecen y embrutecen.

Hubo un tiempo en que se construyó, con esfuerzo e intuición, una Nación pujante en el desierto de unas jóvenes provincias del Río de la Plata. La fragilidad de los pactos actuales, de los que habla Cormac McCarthy en contextos de tierra arrasada, de anomia perversa y brutalidades eruditas, hacen pensar que hay que dibujar un nuevo mapa para un nuevo territorio, para un nuevo horizonte. Esa empresa comunitaria debe tener un plan lúcido y sensible para salir del cruel desierto de la razón mesiánica. La paz social y la vida misma dependen de ese mapa y de ese plan.

Lucas Arrimada da clases de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.