Sólo el 3,9% de los 6 mil inmuebles fiscales ocupados ilegalmente está judicializado

FOTO MAGALY VISEDO DICIEMBRE 2018

Más de 6 mil inmuebles fiscales, durante el 2023, se encontraban ocupados de forma irregular según cifras del Ministerio de Bienes Nacionales entregadas en un informe a la Cámara de Diputados. Reporte que también da cuenta que del total de propiedades del Fisco que fueron “tomadas”, solo el 3,9% de estas fueron llevadas a la justicia.

El informe entregado por el organismo encabezado por la ministra Marcela Sandoval fue enviado -según lo establece la Ley de Presupuesto- a la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara, donde se informaron las medidas que se han tomado para recuperar dichos espacios. Para lograr aquello, el ministerio expone en su reporte que cuenta con un programa especialmente destinado.

Bienes Nacionales, según da cuenta el escrito enviado al Congreso, distingue dos tipos de ocupación. El primero es “ocupación ilegal” y corresponde a las denominadas tomas, mientras que una segunda caracterización es la “ocupación irregular”, la cual se define como personas -o instituciones- que tenían una propiedad fiscal de origen legítimo, pero que posteriormente venció o caducó y el lugar nunca fue devuelto al Estado.

Considerando esa diferenciación y el programa especial del ministerio para revertir aquello, el organismo informó que aplica dos tipos de acciones para recuperar los inmuebles fiscales ocupados irregular o ilegalmente. Unas son acciones de “normalización” administrativa y la otra de “gestión”, cuando se derivan los antecedentes ya sea a las delegaciones para que ejecuten los desalojos o bien al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

“Carece de la facultad”

De los dos mecanismos, según da cuenta el informe del ministerio, “las solicitudes de restitución administrativa son el principal mecanismo por el cual el MBN ha requerido el desalojo de los inmuebles fiscales ocupados ilegalmente”. Eso, continúa, por “sobre las acciones judiciales, siendo estas reservadas principalmente para enfrentar las ocupaciones irregulares”.

Aquello sería parte de la explicación de que durante 2023 se detectaran 6.305 inmuebles, aproximadamente, que fueron afectados por una ocupación ilegal o irregular. De estos, 248 casos fueron judicializados, “un porcentaje bajo, equivalente al 3,9% del total”, sostiene el informe. De todas esas acciones judiciales, la mayoría de ellas -95- corresponde a un procedimiento civil, 85 sumarios civil, 37 penal-oral y 31 ejecutivo.

El bajo porcentaje de judicialización de los casos se debe a que “el MBN carece de la facultad directa de demandar judicialmente a los ocupantes ilegales e irregulares de inmuebles fiscales”. Procedimiento que se debe realizar a través del CDE, el que por ley tiene la defensa judicial de los intereses del Estado, sostiene el informe del gobierno. Pese a eso, agregan que “dicha interposición puede tomar tiempo, toda vez que existe un periodo de análisis de la solicitud formulada por el MBN, en el cual el CDE puede requerir antecedentes adicionales, además de iniciar las gestiones respectivas para arribar a acuerdos extrajudiciales con los ocupantes”.

Pese a la complejidad, durante el primer semestre de este año ya se han resuelto tres casos judiciales. A estos se suman otros nueve casos que fueron notificados o certificados en favor del Estado, pero que se resolvieron desde 2021 en adelante.

La resolución predilecta

Otra de las cifras que también da a conocer el informe del ministerio son las salidas administrativas, que según el propio documento es el mecanismo mayormente empleado para recuperar inmuebles fiscales ocupados ilegalmente.

En ese sentido, durante 2023 se normalizaron 1.975 ocupaciones, a través de la dictación de 806 actos administrativos para regularizar inmuebles, además de 129 fiscalizaciones que “permitieron constatar la efectiva desocupación de los inmuebles fiscales”. Este año se espera normalizar 1.300 casos y, durante los primeros tres meses, ya se lograron 396 de estos.

Pero además de aquello, el año pasado también se gestionaron, con diferentes organismos, 1.343 ocupaciones, de las cuales 545 fueron enviadas a las delegaciones para que realicen los desalojos y 107 al CDE. Además de eso, durante 2023 se comenzó a implementar la remisión de los antecedentes al Ministerio de Vivienda (Minvu) de ocupaciones fiscales cuando estas corresponden a campamentos. De este tipo, los últimos 12 meses se han derivado 691 a dicha cartera.

El primer semestre de 2024 ya se han gestionado 1.970 casos, de los cuales 775 han sido derivados a las delegaciones, 1.156 al Serviu y otros 39 al CDE. Todo, con el fin de que el Estado pueda recuperar los inmuebles ocupados ilegalmente.