La oportunidad de abordar una reforma integral al sistema de salud

La Tercera

Al filo del plazo que la Corte Suprema había establecido para que entrara en vigencia su controversial fallo sobre tabla de factores de riesgo -que implica que las Isapres deberán restituir a sus afiliados más de US$ 1.200 millones por cobros en exceso- tanto el Senado como la Cámara aprobaron por amplio margen la llamada “ley corta” de Isapres. Las aseguradoras dispondrán de un plazo máximo de 13 años para restituir los fondos, introduciéndose además una serie de medidas para procurar un cierto equilibrio financiero de las aseguradoras, entre ellas un alza extraordinaria en el valor de los planes, para evitar lo que se preveía como un inminente colapso del sistema. A cambio de estas facilidades, los dueños de las Isapres no podrán repartir utilidades hasta que la deuda con los afiliados se extinga por completo.

Pese a la holgada votación con que se aprobó esta ley, y de que hay consenso en que cuando menos logra brindar algo de oxígeno al sistema, sectores del oficialismo resienten no solo lo que creen ver como un “salvataje” a las Isapres, sino sobre todo el “perdonazo” a las administradoras en perjuicio de los afiliados, porque -según esta postura- al final serán estos quienes deberán asumir el costo de la deuda por la vía de las alzas en el valor de los planes contemplado en esta ley. Si bien en parte esto es así, cabe no perder de vista que las alzas de planes también apuntan a brindar cierto equilibrio financiero a las Isapres a raíz de la caída permanente de ingresos que implicará la baja de la prima GES -que también determinó la Corte Suprema en otro fallo controversial- y el uso de una sola tabla de factores, además del pago de la deuda con los afiliados.

Por otra parte, es discutible que a la luz de lo aprobado el gobierno haya tenido en mente un salvataje de las Isapres, pues las condiciones bajo las cuales tendrán que operar a partir de ahora siguen dejando a las aseguradoras en una situación límite. Voces del centro de estudios Espacio Público ya habían advertido que la deuda de US$ 1.200 millones era en la práctica impagable sin un mecanismo de mutualización -fórmula que el gobierno desechó de plano-, y el hecho de que sus dueños no podrán retirar utilidades durante muchos años abre la gran interrogante acerca de la viabilidad de esta industria, algo que en sí cuestiona la noción de un salvataje. El cuadro se complejiza aún más cuando se considera la deuda que las Isapres mantienen con clínicas y otros prestadores privados -que ascendería a más de US$ 600 millones-, de lo que aún no hay claridad en la forma cómo se resolverá.

Sin duda los alcances y efectos de esta norma seguirán siendo objeto de un largo debate, pero ya despejada la fórmula legislativa para enfrentar el fallo del máximo tribunal es momento de comenzar a preguntarse por los cambios estructurales que vendrán en nuestro sistema de salud, un debate que ha sido largamente postergado y que sin duda es del máximo interés para la ciudadanía.

Esta discusión de hecho comenzará a darse en poco tiempo más, considerando que en el marco de la ley corta se estableció que el Presidente de la República deberá enviar durante este año uno o más proyectos de ley destinados a reformar el sistema de salud en su conjunto, y antes del 1 de octubre deberá enviar otras iniciativas para terminar con las preexistencias en Isapres y discriminaciones por sexo y edad. Hay también compromisos para abordar legislativamente todo lo relativo a las licencias médicas, entre otras materias.

El Ejecutivo no ha entregado mayores detalles sobre cómo abordará la reforma al sistema de salud, pero es un hecho que la tramitación de estos proyectos se cruzará con las elecciones de este y el próximo año. Ello de por sí ya supone un riesgo, ante la posibilidad de que la polarización electoral contamine el debate, lo que se ve amplificado por tratarse de una materia en que las diferencias ideológicas han impedido históricamente consensuar posturas. Así ocurrió, por ejemplo, con el Plan Garantizado de Salud que propuso el Presidente Sebastián Piñera en 2011, o con el Fondo Único con Seguro Nacional de Salud que sugirió una comisión asesora convocada bajo el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. A ello cabe agregar que en los dos procesos constituyentes fallidos fue también evidente el choque de visiones entre quienes promovieron un sistema de salud articulado en torno al Estado versus la libertad de elección.

El programa del Presidente Boric propone “un sistema universal de salud a través de un Fondo Universal de Salud, pasando las Isapres a ser seguros complementarios voluntarios”. La ministra de Salud ha señalado que “vamos a dar pasos bien concretos hacia un modelo de salud que se rija por los principios de la seguridad social y más visos de universalidad”. No es claro si con ello se está dando a entender una renuncia o morigeración al programa original, pero lo cierto es que el deseo de avanzar hacia un sistema de salud centralizado sigue en pie en parte del oficialismo, aspiración que se podría ver potenciada tras la ley corta, considerando que hay quienes ya anticipan que habrá una fuerte migración de afiliados jóvenes hacia Fonasa -aunque esto le acarreará una fuerte presión, considerando que ya no da abasto-, tanto por lo incierto del futuro de las aseguradoras como por los mayores costos ante las alzas de planes, lo que podría acelerar el debilitamiento de las Isapres.

Sería ciertamente lamentable que la discusión legislativa que se avecina se utilice como una instancia para revivir las aspiraciones ideológicas de un sector en vez de enfocarse en las soluciones concretas a los problemas de salud que aquejan a millones de chilenos, desde luego no solo en las Isapres, sino particularmente en la salud pública, donde se atiende la mayoría de la población. Pese a la creciente inyección de recursos a dicho sistema, éste sigue presentando abultadas listas de espera en cirugías y consultas de especialidad, solo por mencionar dos de los mayores problemas. La reciente revelación de que en el Hospital Sótero del Río se eliminaron más de 320 mil interconsultas producto de inexcusables errores solo confirma lo imperioso de una reforma en profundidad a la salud pública.

El fortalecimiento de Fonasa terminará siendo un esfuerzo inútil si ello no viene acompañado de cambios profundos en materia de gestión y control de gastos; asimismo, es del máximo interés despejar cómo se comportará un Fonasa cada vez más grande respecto de la contratación con prestadores privados, ante la posibilidad de que ese tamaño le permita convertirse en un fijador de precios para todo el sistema, lo que lleva a preguntarse cómo se regulará este aspecto.

Puesto que la gran mayoría de estas materias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, estará en manos del Mandatario determinar el tono y alcance de la reforma a la salud que se presente ante el Congreso, donde cabe esperar que el acento esté puesto en aquello donde sea más factible alcanzar consensos y anteponiendo las necesidades de los chilenos por sobre cualquier otra consideración; de lo contrario, hay un claro riesgo de que termine siendo otra oportunidad perdida.