Los jueces no están de acuerdo con el reglamento
Roberto Dellamónica, presidente del Colegio de Magistrados.
El Colegio de Magistrados de Santa Fe plantó bandera de oposición al cambio impuesto por el gobierno provincial a la forma de seleccionar jueces, fiscales y defensores desde el Consejo de la Magistratura. Denunció que propicia futuras atribuciones del Ejecutivo pasibles de priorizar preferencias políticas de los candidatos y no sus méritos académicos ni su solvencia profesional.
El decreto cuestionado es el N° 659/24, que el gobernador firmó el 29 de mayo último, y que deroga el N° 854/16 que a su vez había modificado el reglamento anterior del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y designa los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de Defensa Penal (SPDP).
En un documento puesto a circular en las últimas horas, que lleva las firmas del presidente Roberto Dellamónica y del vice Iván Kvasina –jueces ambos, santafesino aquél, rosarino éste– se objeta el decreto provincial por cuanto "introduce modificaciones en la composición del cuerpo examinador, el rango de resultados, el contenido del examen de oposición, la conformación de la propuesta del Poder Ejecutivo", entre otros aspectos. Y "observa con preocupación las modificaciones introducidas" al entender que violenta el principio de transparencia y el criterio de elegir a los mejores candidatos.
El documento de los magistrados asume como una debilidad el hecho de que el Consejo de la Magistratura no tenga rango constitucional, pero resalta que desde su creación se instauró el criterio de seleccionar jueces basado en "méritos y en formación académica y profesional", que prevalecen y excluyen –aseguran ellos– "criterios distintos a esos parámetros (conocimiento personal, preferencia política, etc.)".
El planteo judicial hacia el Ejecutivo se suma a críticas de un sector de la oposición a la reforma encarada en el MPA. Y llega en días donde el propio Pullaro confirmó que el gobierno ve con buenos ojos una renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
La corporación de jueces pondera que siempre hasta ahora habían prevalecido como criterio de selección "los desempeños en las pruebas de oposición y entrevistas", costumbre que se estila en otros países como reaseguro de "despolitizar los sistemas de selección como una herramienta para garantizar la separación de poderes y la independencia judicial". Pero esta reforma de Pullaro, al decir de los magistrados, pasó todo eso a segundo plano.
"Aparece como indiferente y neutro –para la propuesta a elevar por el Consejo de la Magistratura a la Asamblea Legislativa– contar con más experiencia, capacitación y mejor desempeño en las pruebas de oposición y entrevista. Es aquí que el sistema se debilita, sustituyendo la determinación por méritos por una elección discrecional del Poder Ejecutivo", cuestiona el planteo del instituto gremial que agrupa a los jueces de la provincia.
El documento considera que "es un retroceso eliminar los órdenes de mérito entre los postulantes, dejando una grilla de supuestos iguales donde pudieron existir desempeños destacados junto a otros más deslucidos o llanamente mediocres". Es que, de acuerdo con el nuevo sistema, el Ejecutivo elevará a Legislatura una lista con los candidatos que cumpan con los antecdentes, hayan aprobado el examen y pasado la entrevista pero sin ninguna calificación que distinga grados de idoneidad de cada uno.
Por ello, el Colegio advierte y denuncia la existencia de "una tensión" entre la necesidad del Poder Judicial de fortalecerse con los mejores candidatos y "las facultades políticas de los Poderes Ejecutivos para elegir postulantes sin atenerse a los parámetros debidos". En resumen, la corporación judicial repudia que "la preparación profesional quede relegada por la predominancia del criterio discrecional del Poder Ejecutivo".
Por otra parte, el decreto 659/24 habilita al gobernador a elegir a título personal entre los postulantes en carrera ante un concurso que se encuentre paralizado durante al menos 90 días aún si faltasen las pruebas de oposición y las entrevistas personales. Otra vez: sin que medie en ello un orden de mérito profesional, solo el criterio del gobernador, Pullaro en este caso.
Para el final, los magistrados también disienten en que ahora el reglamento del Consejo de la Magistratura excluya a su Colegio en los procesos de selección de fiscales y defensores del MPA y del SPDP. "Nuestra institución –replican– aglutina no sólo a jueces y funcionarios de los diferentes fueros del sistema judicial, sino también nuclea y representa tanto a fiscales y defensores públicos, como así también fiscales y defensores adjuntos", reclaman.
La consecuencia del cambio introducido por el gobierno y que advierte el texto firmado por Dellamónica y Kvasina es "el riesgo serio de una mayor politización del proceso de selección y un consecuente debilitamiento del sistema".