Comisión Chilena de Derechos Humanos acusa politización en caso Jadue y critica su prisión preventiva

Critican juicio de Daniel Jadue

Por medio de una declaración pública reciente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la falta de debida diligencia y parcialidad en las investigaciones judiciales realizadas por el Ministerio Público. Entre ellas, la de Daniel Jadue, en la cual afirman que hubo politización y critican la prisión preventiva del alcalde.

Según el informe anual de Amnistía Internacional 2023/2024, las cifras muestran un escaso número de formalizados en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social.

La comisión resalta su inquietud por la falta de respeto a instituciones fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional. En su declaración, señalan que las medidas cautelares personales, como la prisión preventiva, no siempre son proporcionales ni necesarias, lo cual representa una transgresión a las prácticas admisibles dentro de un Estado de Derecho.

En la declaración, se hace un llamado a recordar la reforma procesal penal adoptada entre 2000 y 2005, la cual buscaba una justicia más humana e imparcial. Sin embargo, la comisión critica el mal uso de los instrumentos persecutorios y la politización de la justicia, mencionando específicamente el caso del alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial como un ejemplo de “Lawfare”.

Vulneraciones en el caso Jadue

Se afirma que en el proceso judicial contra Daniel Jadue se han vulnerado normas legales y constitucionales, así como normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos. La fiscalía, según la comisión, ha ignorado el principio de objetividad al enfocarse exclusivamente en la acusación, y los tribunales han aplicado la prisión preventiva sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos concluye que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están en deuda con la ciudadanía. Subrayan que la legitimidad de estas instituciones es esencial para establecer una sociedad democrática, basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos y que garantice la paz social.

Esta declaración reafirma la necesidad de un sistema judicial que actúe con imparcialidad y respetando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.