La UE castigará penalmente a las empresas que contaminen
La delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo -la tercera de la Unión Europea- y crece a un ritmo de entre el 5% y el 7% anual, según una estimación realizada por la Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
La UE castigará penalmente a las empresas que contaminen
Estas cifras la posicionan como una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos, y han llevado a la Unión Europea a dictar una nueva normativa diseñada para ampliar y endurecer la lista de delitos contra el medio ambiente en el territorio comunitario a través del derecho penal.
La nueva legislación contempla penas de hasta diez años de cárcel para aquellos crímenes ecológicos que causen la muerte y prevé multas que pueden alcanzar hasta el 5% de la facturación mundial anual de las empresas responsables. La directiva entró en vigor a finales de mayo y extiende de nueve a 20 el número de modalidades delictivas, incluyendo el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos y otras actividades ilícitas en materia de productos químicos y mercurio.
La lista también recoge infracciones graves relacionadas con los gases fluorados de efecto invernadero y penaliza la introducción o comercialización de especies invasoras o el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de buques.
Aunque finalmente el texto no recoge el concepto de ecocidio como pedía en inicio el Parlamento Europeo, sí incluye el denominado "delito cualificado", un concepto que supone una muy grave destrucción de un ecosistema, como pueden ser los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo y que se aplica cuando el delito se comete de forma intencionada y causa la destrucción del medio ambiente o un daño irreversible al ecosistema.
Con estas medidas, la normativa comunitaria pretende disuadir a individuos y empresas de realizar actividades perjudiciales para el medio ambiente y, al mismo tiempo, fomentar un comportamiento más responsable. Para conseguirlo, ha elevado considerablemente el importe de las sanciones que, en el caso de las empresas, ascenderán a importes que alcanzarán el 3% o el 5% de su facturación anual mundial o a una cantidad que oscilará entre los 24 y los 40 millones de euros, en función de la gravedad de la infracción.
Los delitos también se castigarán con penas de cárcel que afectarán tanto a particulares como a representantes de empresas y que pueden alcanzar los ocho años en el caso de los delitos cualificados, 10 para los que causen la muerte de una persona y cinco para el resto. Además de pagar las multas, todos los infractores están obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer una compensación.
Refuerzo a la responsabilidad corporativa
La normativa introduce, además, medidas preventivas para evitar futuros eventos que socaven la integridad ambiental y obliga a las empresas a implementar programas de cumplimiento ambiental y a realizar evaluaciones de impacto más exhaustivas. Estas medidas no solo buscan sancionar a los infractores, sino también proteger al planeta de prácticas altamente perjudiciales y prevenir futuros delitos mediante la educación y la concienciación ciudadana.
En este sentido, el objetivo de la Unión Europea es crear un marco legal que promueva la transparencia y refuerce la responsabilidad corporativa. Un empeño que también quedó patente el pasado mes de abril con la aprobación de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas. El texto establece requisitos para que las compañías identifiquen los impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente, y pongan de marcha acciones que permitan mitigarlos y contribuyan a luchar contra el cambio climático. La aplicación de esta norma afectará a empresas, que, como mínimo, tengan 1000 trabajadores y una facturación superior a los 450 millones de euros.
Más allá, el próximo mes de noviembre entrará en vigor el Reglamento Europeo de Bonos Verdes, aprobado a finales del año pasado. Con esta normativa, la Unión Europea quiere armonizar los estándares que permitan verificar los bonos emitidos y establece que hasta un 15% de los beneficios procedentes de estos se invertirán en actividades sostenibles.