Ramiro Bejarano dice que Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, está "a la deriva"
Ramiro Bejarano jun 24
Ramiro Bejarano, reconocido por su incisiva crítica política, arremete en su columna reciente contra la administración actual desde una perspectiva penetrante y directa. En su artículo titulado "El Gobierno del desgobierno", Bejarano no vacila en señalar los problemas fundamentales que aquejan al país bajo el liderazgo del presidente Petro.
Desde la Casa de Nariño, Bejarano observa con desdén cómo las promesas de cambio se desvanecen frente a una nación que, según él, está a la deriva. Aclara que, más allá de la corrupción rampante, lo único que parece prosperar son las acusaciones y los ataques del presidente y sus allegados, muchos provenientes del desaparecido M-19.
El autor no omite mencionar las recientes controversias, como las acusaciones de Petro hacia la prensa incómoda, etiquetándola despectivamente como "Mossad", una calificación no solo irrespetuosa sino también peligrosa para la libertad de prensa y de expresión en el país, de acuerdo con el columnista.
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En un tono de consternación, Bejarano expone la intrigante situación en la que incluso la primera dama se ve envuelta en acusaciones y complots desde la propia Casa Presidencial, subrayando una alarmante falta de cohesión y confianza dentro del círculo íntimo del poder.
Critica con dureza la gestión del gobierno frente a escándalos de corrupción, como el caso de la Ungrd, señalando que las medidas tomadas hasta ahora solo maquillan problemas más profundos sin abordar las raíces de la corrupción que afectan a altos funcionarios.
Además, Bejarano apunta hacia las declaraciones imprudentes del delegado de Paz del Gobierno con el ELN, Otty Patiño, cuestionando la sensibilidad y el juicio estratégico del gobierno en medio de una situación de seguridad nacional complicada y en constante deterioro.
Concluye su columna con una advertencia crítica sobre los movimientos en el ámbito judicial, sugiriendo que las propuestas del gobierno para involucrar a las Altas Cortes en la supervisión de actividades de inteligencia podrían comprometer la imparcialidad judicial y, en última instancia, minar la confianza pública en las instituciones.
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