Sin justicia por diseño

sin justicia por diseño

Enrique Gómez Martínez. Bogotá Febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Increíble. La capacidad de la clase política de ignorar la crisis de la justicia. El Gobierno por su parte parece más comprometido en agravarla, no solo por el aumento de la criminalidad derivado del despelote de la paz total o la inaceptable e inconstitucional apertura de un nuevo proceso de impunidad para Iván Márquez, sino por su característica inoperancia marcada por la predominancia del discurso sobre la acción ejecutiva. La decisión de suspender la erradicación de los cultivos ilícitos ha generado un ambiente de tolerancia con el crimen organizado que se ha traducido en más delito, más masacres, más sicariato, sangrientas luchas territoriales, más microtráfico y extorsión.

Y los representantes de las ramas del poder público, y de la judicatura en particular, siguen negando la íntima relación entre el fracaso de la justicia y la inseguridad. Un acto supremo de autismo político que se mantiene para mantener los privilegios, las ineficiencias y las incoherencias, sin asumir responsabilidad política frente a la que es sin duda la principal preocupación de todos los colombianos de la mano de la recesión económica.

Y se niega con descaro el impacto significativo de la ausencia de justicia en la economía, no solo en el corto plazo, cuando rompe el ánimo empresarial y el propósito de emprendimiento, sino en lo estructural donde la prevalente inseguridad jurídica encarece las transacciones comerciales, limita la inversión, traslada costos inútiles a los agentes económicos que si cumplen sus obligaciones y genera costos relevantes asociados a la inseguridad que restan competitividad a nuestra industria en todos los mercados internacionales.

Sorprende además la falta de verdadero sentido de urgencia en la búsqueda de consensos, soluciones e iniciativas. Es como si el cáncer de la injusticia, que tiene implicaciones gravísimas en todos los estratos y escenarios de la sociedad, no existiera, no fuera relevante y no justificara colocarlo en el centro de la agenda nacional.

Cuando se analiza la inoperancia de la justicia reflejada en sus extraordinarios índices de morosidad e impunidad en todas las especialidades, pero en particular en lo penal, no deja de venir a la mente que este estado de cosas se perpetúa de manera intencional, para beneficio de ciertos sectores de la sociedad.

Se viene a la mente de manera automática la gran criminalidad organizada del país, incluyendo en ella a las guerrillas marxistas claro está. Las casas criminales valoran y aprovechan juiciosamente las incoherencias derivadas de la autonomía e irresponsabilidad política del Fiscal General de la Nación.

La Fiscalía General puede ser hoy, junto con el ministerio de Educación, la entidad más disfuncional del estado colombiano. Ninguna como ellas enfrentan indicadores constantes, perdurables y objetivos de su total fracaso. Y ninguna como ellas logran salir impunes del fracaso. Ni responsabilidad política, ni dinámica de cambio. Por el contrario, tanto Mined como Fiscalía han recibido como premio por sus fracasos extraordinarios incrementos presupuestales en la última década. Enormes recursos apropiados y gastados en vano.

La Fiscalía se ha convertido en uno de los botines políticos más relevantes del Estado y de la rama jurisdiccional. Definida por una conveniente provisionalidad donde dominan las palancas, las cuotas de magistrados y políticos, los asesores de mediocres y oscuros directores, donde la misión es lo de menos.

Luz Adriana Camargo no se distingue en su mediocridad de sus antecesores. Ya está batiendo récords de turismo judicial. Ha estado prácticamente más tiempo por fuera del país que dedicada al cargo. Por aquello de que aquí no pasa nada en justicia y nadie espera nada tampoco. Delegados y directores de pacotilla designados en todas las áreas de la entidad se definen por su oscuridad y denotan el compromiso de la Fiscala de devolver favores y atenciones. No importa nombrar directores incompetentes. Para eso están los asesores y los asesores de los asesores. La incompetencia siempre es una justificación para más cargos, contratos y con ellos se pueden pagar aún más favores o se pueden asegurar más compromisos, dentro y fuera de la rama. Mas bien dicho: ¡Lo mismo de antes! Como Barbosa, Camargo no manda ni le interesa mandar. La Fiscalía se entrega para pagar favores o rentarla.

Y por ello hay que seguirse preguntando quienes más se benefician con el despelote de la justicia. Claro los corruptos, ya hoy cartelizados y siempre impunes, la clase política que los respalda y los utiliza sin agüero, los grandes intereses económicos que siempre tienen castañas en el fuego y la judicatura que, amparada en su prédica monotemática de la independencia, no se reforma ni se deja reformar.

Hemos conocido el memorando No. 1 del pasado 27 de junio de 2024 de la Fiscala, por fin algún acto frente a las responsabilidades de su cargo. Será que ya se agotó la agenda turística. Recomiendo leerlo a todos mis lectores (https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MEMORANDO-0001.pdf) para conocer una apología monumental al delirio hermenéutico que domina nuestro ineficaz estado. Ese convencimiento ridículo de que las palabras, reiteradas y elegantes, transformarán la realidad.

El memorando es un recuento ofensivo y ridículo de lugares comunes, reiteración de promesas vacías y enunciación de principios y objetivos siempre violados y fracasados. Y notablemente ignora el reclamo del presidente de la Corte Suprema de Justicia Diego Corredor que abiertamente reclama a la Fiscalía por el bloqueo e inoperancia de la justicia premial a través de preacuerdos y formas de terminación anticipada del proceso. Reclama airada la Corte que de los 1,8 millones de noticias criminales en 2023, la Fiscalía solo presentó, óigase bien, 2.742 preacuerdos para cumplir la premisa esencial del sistema penal oral acusatorio que nos rige: un ridículo 0,15% de los casos, cuando el supuesto teórico de nuestro sistema es y debe ser que el 90% de las noticias criminales con imputado deberían dar origen a preacuerdos.

Camargo es Barbosa 2. Nombrados y diseñados para fracasar.

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