Otro impacto a la división de poderes
La última propuesta de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Lenia Batres Guadarrama, sobre la modificación al Artículo 105 de la Constitución (CPEUM) de nuestro país, plantea un riesgo grave por la conformación actual del H. Congreso de la Unión (CONGRESO).
Me explico, la reforma planteada establece que en los casos en que la SCJN decrete por mayoría de votos, más no por unanimidad de todos y todas los Ministros, que una norma es inconstitucional esta resolución será votada por el mismo CONGRESO que emitió la ley declarada inconstitucional, y podrá aplazar la invalidación de la ley en comento, por un período de seis meses y de tres años, este último renovable en períodos iguales de manera indefinida.
Pongamos un ejemplo. El CONGRESO decide emitir una ley por la cual otorga facultades al gobernador de un estado específico para que condone discrecionalmente impuestos federales cobrados en su entidad, al ser esta una facultad que tiene regulación constitucional y no ser de aplicación general, sería violatorio de los principios generales de tributación establecidos en la CPEUM. Otro gobernador considera que se le deja en un estado de desigualdad y presenta una acción para declarar inconstitucional dicha ley. La SCJN conoce del asunto y por mayoría de sus miembros, más no por unanimidad, vota por declararla inconstitucional. Le notifica al CONGRESO y este en vez de acatar dicha invalidez, decide convocar a una sesión para votar si quieren o no aceptar dicha invalidez, y si por mayoría simple deciden posponer el efecto de la invalidez, esta nueva reforma les permitiría que, por períodos de 3 años, renovables indefinidamente, puedan postergar los efectos de invalidez de dicha ley declarada inconstitucional. La división de poderes, los famosos check and balances, de los que hemos hablado en varias ocasiones en este espacio, se demolerían por completo.
La democracia funciona mediante el derecho de que todos ciudadanos en uso de sus capacidades, tengan el derecho a votar y ser votados para un cargo de elección popular, es decir, cualquier persona puede ser diputado, y hemos llevado a la curul e incluso a ser gobernador a artistas, futbolistas, corredores, boxeadores, y no es que esté mal que tengamos esa representación, pues es una realidad de nuestro país la baja formación escolar; sin embargo, ellos son los que hacen las leyes, y los miembros del Poder Judicial de la Federación, se vuelven el órgano revisor de la legalidad y de la constitucionalidad, para que los mexicanos, que decidimos votar por la persona que nos cae bien, no haga leyes inconstitucionales por un desconocimiento derivado de su falta de formación.
La división de poderes debe subsistir para que sean los mismos poderes los que revisen las actuaciones de los otros en forma recíproca. Esta propuesta es como decirle a un niño que no puede comerse un chocolate, pero dejarle la opción de que se lo coma. Sabemos lo que sucederá.
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