La renovación de cortes, una nueva prueba de la fortaleza del pacto de corruptos en Guatemala
Representantes de los países miembros de la OEA durante la 54ª Asamblea General, en Luque (Paraguay), este 28 de junio.
El proceso para elegir jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, que está previsto que inicie a principios de julio, será una nueva prueba de la fortaleza del pacto de corruptos en Guatemala, un país que el año pasado eligió al presidente Bernardo Arévalo por su firme mensaje de lucha contra la corrupción, pero que empieza a desesperarse ante la falta de señales de cambio para poner fin al sistema de impunidad que tiene cooptados los entes de justicia.
A petición del propio Arévalo, a inicios de esta semana llegó la Misión Especial de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) integrada por Rosa Celorio, Rodolfo Piza y Luiz Marrey, quienes se reunieron con el mandatario para dar por inauguradas sus labores en esa nación. “Durante su estadía en Ciudad de Guatemala, la Misión sostendrá reuniones con autoridades nacionales y otros grupos relevantes”, dijo la OEA en un comunicado publicado en X el 24 de julio.
Según investigaciones presentadas por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estas elecciones se caracterizan por la comisión de delitos como tráfico de influencias, compra de voluntades y negociaciones paralelas comandadas por políticos y empresarios que han estado presos por delitos de corrupción.
Palacio de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en Ciudad de Guatemala.
En marzo, Arévalo pidió el acompañamiento a la OEA. Varias organizaciones civiles locales también mantienen un monitoreo constante del proceso no solo por las irregularidades detectadas en el pasado, sino también porque, en el caso de los jueces, para Corte de Apelaciones, es una elección retrasada. No se realiza un relevo desde hace cuatro años.
Los nombramientos de estas cortes será “el tema principal del acontecer nacional” este año, opina Pablo Hurtado, director ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes). “El año pasado, en las Elecciones Generales, Guatemala vivió un momento de mucha tensión en el cual los propios resultados fueron sometidos al escrutinio del poder judicial”, afirma. A su juicio, esto puso de manifiesto la importancia de un poder judicial dentro del Estado. “La sociedad guatemalteca tomó mucha conciencia de lo importante y relevante que es el poder judicial, sobre todo frente a casos de extrema judicialización de los asuntos políticos”.
“El hecho de que la OEA haya aceptado enviar una misión ya es una alerta temprana de una situación en la que no hay el suficiente control ciudadano, ni el equilibrio de poderes y, en consecuencia, hay riesgos entorno a la cooptación de justicia”, comentó Álvaro Pop, director del organismo indígena Naleb’. Un artículo publicado por el medio independiente Plaza Pública revela que, después de la expulsión de CICIG de Guatemala en 2019, la fiscalía comandada por la controvertida fiscal Consuelo Porras dejó de investigar estructuras de corrupción y que al menos 118 personas presas y/o acusadas de corrupción fueron liberadas de juicios y de la cárcel.
Personas protestan frente al edificio del Tribunal Electoral después de que el máximo tribunal de Guatemala suspendiera la publicación de los resultados oficiales de las elecciones generales, en Ciudad de Guatemala, en julio de 2023.
En los últimos cinco años, más de 100 personas, entre jueces, fiscales, activistas y periodistas han sido criminalizados y perseguidos por el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
¿Quiénes serán los candidatos?
El proceso de elección de jueces requiere la formación de dos comisiones de postulación, una por cada tribunal. Estas reciben los currículums de los candidatos, además de entrevistarlos y calificarlos, para luego enviar una lista depurada de más de 200 aspirantes al Congreso de la República, que toma la decisión final.
“El problema es que [el candidato] puede ser muy buena persona, pero el sistema a través de sus operadores no necesariamente los escoge. Así que nuestra expectativa no es muy alta, pero tenemos esperanzas”, señaló Pop.
Las comisiones fueron integradas a inicios de Junio. Los presidentes de las comisiones de postulación son rectores de dos universidades privadas, mientras que los integrantes de las mismas serán jueces del Organismo Judicial y representantes del Colegio de Abogados y Notarios.
La fase siguiente es que el Congreso juramente a los miembros e ambos equipos para que estos inicien con el proceso de elección. La fecha tentativa para el acto sería el miércoles 3 de julio. Se espera que los nombres de los candidatos se conozcan el próximo mes.
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