Condenas por las pistas falsas en el caso AMIA
Condenas por las pistas falsas en el caso AMIA
85 mujeres y hombres asesinados. Ese fue el saldo del feroz atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994. Cuando se están por cumplir 30 años del ataque, en la justicia argentina se tramitan otras consecuencias de las maniobras y pistas falsas de la investigación judicial y de las fuerzas de seguridad e inteligencia. El juez en lo Contencioso Administrativo, Santiago Carrillo, acaba de condenar al Estado argentino, al exjuez Juan José Galeano y los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia a pagar una indemnización de 2.960.000 pesos, más la actualización desde 1996 -ya en esa época eran casi tres millones de dólares-- al policía Marcelo Albarracín que estuvo casi seis años preso de manera injustificada. Debe pensarse que los policías detenidos --según menciona el juez-- fueron once y, además, hay otros reclamos de indemnizaciones. De manera, que la bochornosa investigación puede derivar en que los argentinos terminen pagando más de 50 millones de dólares. Más allá del dinero, en su fallo de 39 páginas, el magistrado da cuenta de las increíbles demoras y las prisiones sin pruebas del expediente AMIA.
Cuándo el estado es responsable
“En la responsabilidad de un Estado --dice el juez Carrillo-- se pueden distinguir dos supuestos. La responsabilidad por actividad lícita y la responsabilidad por actividad ilícita. Los daños causados por la actividad judicial legítima, no generan derecho a indemnización. Pero la responsabilidad cabe, excepcionalmente, cuando lisa y llanamente los magistrados emiten resoluciones con dolo, conculcando derechos constitucionales de los ciudadanos. Debe tratarse de una evidente y grosera desviación”.
O sea, en el caso del policía bonaerense Albarracín, el juez dice tácitamente que hubo una maniobra intencional para dejarlo preso porque se buscó desviar la causa AMIA.
Las pistas falsas
La base de la condena millonaria son resoluciones anteriores de la justicia respecto del atentado. En 1996, o sea dos años después del ataque contra la mutual judía, y en el marco de una feroz interna entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, se puso en marcha una especie de sub-causa denominada Brigadas, que derivó en achacarle la culpa del atentado a policías de la Bonaerense, es decir de Duhalde. La base fue una declaración del principal imputado de ese momento, Carlos Telleldín, quien dijo que le entregó la camioneta que luego estalló en la AMIA, a un oficial de la policía al que le decían Pino. Por esa declaración cobró 400.000 dólares de manera clandestina. Lo que ahora dice el juez Carrillo es por qué dejaron presos a un gran grupo de policías cuando la referencia era a dos, Anastasio Irineo Leal, Raúl Ibarra y tal vez un par más que los rodeaban. “Hubo una indiscriminada atribución de la participación en el atentado a todos los policías bonaerenses”, dice el magistrado.
En ese sentido, Carrillo afirma que la acusación era que los policías extorsionaban a Telleldín porque éste armaba vehículos con partes robadas. A cambio de dejarlo cometer esos delitos, le cobraban una coima. Y, en ese marco, también los acusaron por el atentado. El juez dice que de manera arbitraria se dejó presos a los policías sin fundamentar las detenciones. “No se enuncia siquiera una sola de las pruebas que justificaron la imputación inicialmente formulada”, afirma Carrillo. No lo dice, pero la conclusión es que fue una maniobra política para achacarle el atentado a alguien y, sobre todo, para jugar en la interna del poder.
La pista local
La concepción que manejaron las fuerzas de seguridad y la justicia partía de que el atentado tenía una conexión internacional y una conexión local. O sea, argentinos que ayudaron a los terroristas. 30 años después, y en especial después del atentado contra las Torres Gemelas, se fue afirmando internacionalmente la idea de que los fundamentalistas sólo confían en los fundamentalistas, de manera que no hay colaboración --voluntaria-- de quienes no respaldan sus ideas. Incluso el servicio de inteligencia israelí, la Mossad, filtró el año pasado al New York Times un informe afirmando que ningún argentino participó en el atentado contra la AMIA.
Por lo tanto, las cosas derivaron en dos posturas:
* Los que dicen que el soporte lo dieron miembros de la Embajada de Irán en Buenos Aires, una hipótesis que se fue cayendo, entre otras cosas porque no hay demasiados antecedentes de involucramiento de personal diplomático en un atentado.
* Y los que afirman que el ataque lo perpetró un grupo de libaneses que vivían en Foz de Iguazú, Ciudad del Este y Buenos Aires, fanáticos, anti-israelíes y anti-judíos, seguidores del imán Mohsen Rabbani, líder de la mezquita de Floresta.
Es más, todo indica que la SIDE venía siguiendo y escuchando a los diplomáticos iraníes desde el atentado contra la Embajada de Israel y, en cambio, se les perdieron los libaneses que efectivamente actuaron. Es la hipótesis del libro 30 días, de Alejandro Rúa.
Todos pagan
Lo cierto es que el juez Carrillo reafirma la mala praxis del exjuez Galeano, los exfiscales Mullen y Barbaccia y pone el acento en la responsabilidad del Estado. Es una conclusión que está en línea con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que el Estado argentino pudo haber tomado medidas razonables para prevenir el atentado y después privó de justicia a las familias de las víctimas. Fue una demanda presentada por los familiares de Memoria Activa.
Como los particulares --el juez y los fiscales-- no tienen bienes para pagar las indemnizaciones, todo hace pensar que terminará pagando el erario público. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con las indemnizaciones que se pagaron a las familias de quienes murieron en el ataque a las Torres Gemelas.
Hay que tener en cuenta que Albarracín es apenas uno de los que reclama. Habrá una veintena. Y la cifra trepará a más de 50 millones de dólares. No es lo más dramático: lo más grave son las vidas que se perdieron y que hasta hoy, 30 años después, el hecho de que los culpables siguen impunes.