Estabilización de tarifas eléctricas: irresponsable señal de la política

La Tercera

El alza de las cuentas de la luz que comenzarán a experimentar los hogares a partir de julio, en el marco de la normalización de las tarifas eléctricas luego de que estas estuvieran congeladas por más de cuatro años, ha desembocado en un insólito y preocupante desorden en el mundo político, lo que resulta particularmente evidente en el oficialismo. Allí sobre todo parlamentarios del Partido Comunista -pero también algunas voces del Socialismo Democrático, así como de la oposición- han fustigado al gobierno por no haberse anticipado en forma más decidida a los efectos de estas alzas. La presidenta de la Cámara de Diputados, militante PC, tuvo expresiones particularmente duras en contra del ministro de Energía, reprochándole que cuando se tramitó la ley de estabilización -aprobada en abril pasado- no entregó los datos concretos para visualizar el verdadero impacto, diagnóstico que también han compartido otros parlamentarios.

Resulta cuando menos irónico que una norma que contó con una amplia mayoría en ambas ramas del Congreso ahora esté siendo desconocida por los propios parlamentarios, desentendiéndose de lo que ellos mismos aprobaron hace solo unos meses. La norma sobre estabilización se hizo precisamente cargo del efecto que se produciría sobre las tarifas de los hogares, considerando que la cuenta de la luz, a partir del próximo mes, comenzará un proceso gradual de alzas. Al margen de que en ese momento no se conociera el detalle exacto, no había dudas de que el incremento sería significativo. Fue anticipándose a esos efectos que el Congreso, junto con el Ejecutivo, establecieron un subsidio por US$ 120 millones que beneficiará a más de un millón de hogares, precisamente de los segmentos más vulnerables. Asimismo, la propia norma creó una mesa técnica para estudiar nuevas fórmulas que permitan ampliar el subsidio a los sectores medios, la cual ya está sesionando y tiene un horizonte de cuatro meses para entregar sus conclusiones. Que ahora se pretenda culpar al ministro de Energía por supuestamente no haber entregado cifras mucho más específicas, reprochar al gobierno por un subsidio insuficiente y declararse sorprendidos por los efectos sobre las cuentas de los hogares, resulta un oportunismo mayúsculo, además de una total falta de honestidad intelectual.

En el marco del debate parlamentario hubo coincidencia de que la deuda acumulada con las generadoras producto del congelamiento de tarifas -que ya escala a más de US$ 6 mil millones, y que va creciendo a razón de US$ 3 millones diarios- no era sostenible, y seguir bajo un esquema donde las tarifas no reflejen el costo real de la energía abría enormes riesgos para el país. Los álgidos días del estallido y luego la pandemia probablemente justificaron medidas excepcionales, pero ahora queda más claro que haber prolongado por tanto tiempo un congelamiento de precios redundó en costos mucho mayores para la sociedad.

Por ello resulta profundamente irresponsable que en vez de seguir por la línea de normalizar las tarifas y buscar caminos de mitigación dentro de un marco de responsabilidad fiscal y políticas públicas que no sigan distorsionando los precios, varios parlamentarios estén promoviendo propuestas muy dañinas, como insistir en la renegociación de contratos, aplicar impuestos especiales a las generadoras o eximir de IVA a las cuentas de energía.

En este contexto de desorden y populismo, ha sido particularmente clarificador que el Presidente de la República haya descartado volver a congelar las tarifas, e hiciera ver la importancia de que el país salde la deuda que tiene con las compañías eléctricas. “La experiencia que yo he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara”, señaló, comprometiéndose a buscar una ampliación de los subsidios, pero en el marco de la mesa técnica. Ello desde luego supone un importante respaldo a la labor que ha desempeñado el ministro de Hacienda, quien a lo largo de todo este debate ha mostrado especial firmeza para mantener la disciplina fiscal sin haber cedido a las presiones, advirtiendo que no hay más recursos para aumentar los subsidios, por lo que cualquier incremento en esa dirección debe estar debidamente financiado. Esta determinación, que sin duda conlleva importantes costos políticos para el ministro, resulta especialmente relevante para efectos de transmitir credibilidad en el manejo de nuestras cuentas fiscales. La decisión de Hacienda de haber descartado tempranamente la alternativa de eximir de IVA -algo que sin duda habría implicado una fuerte erosión de las finanzas públicas, además de sentar un peligroso precedente para el futuro- es coherente con los principios que se busca defender. En ese mismo orden de cosas, es también valorable que el ministro de Energía no haya echado pie atrás y defienda la importancia de haber aprobado en el Congreso la estabilización de las cuentas, aun cuando sectores del propio oficialismo le pretenden endosar injustamente la responsabilidad por lo que caricaturizan como el “tarifazo”.

Ha quedado otra vez a la vista lo permeable de una parte de nuestra política a las pulsiones populistas, en este caso claramente inducidas ante las elecciones de octubre, donde ante todo lo que parece importar es buscar la forma de granjearse el apoyo fácil antes que pensar en el mejor interés del país. Esta forma de proceder es una incongruencia manifiesta cuando se dice estar defendiendo los intereses de los chilenos, pero desde luego no la única que hemos visto en todo este debate. En efecto, entre las tantas fórmulas que se han lanzado sobre la mesa para ampliar los subsidios, se aprecia un énfasis en introducir nuevos impuestos “verdes”, entre ellos al carbón, ya que también se apuntaría a una protección medioambiental. Sorprendentemente, ninguna de estas voces ha mencionado las exenciones tributarias con que cuenta el diésel como parte de las propuestas, en circunstancias que es un combustible fósil, su valor subsidiado fomenta el uso de vehículos más contaminantes y es un hecho que este beneficio no lo están aprovechando solo los sectores productivos, que es la justificación para mantener en pie esta generalizada franquicia.

Si hubiera que pensar en algún impuesto “correctivo” y “recaudador”, el diésel debería figurar en los primeros lugares, pero seguramente nadie quiere aparecer asumiendo el costo político de ello, optando en cambio por el facilismo.