Reforma laboral por decreto “da la espalda a los más vulnerables y desempleados”: advertencia por jugada del Gobierno

La reforma laboral es un proyecto que cursa actualmente en el Congreso de la República y que buscaría cambiar algunas de las condiciones laborales de miles de trabajadores del país, aumentando beneficios como recargos nocturnos y horas extras. Pese a ello, desde su presentación, ha tenido que enfrentar varios obstáculos en el Legislativo.

Una polémica reciente por una movida que se daría en el Congreso tiene a la reforma causando incomodidades en sectores políticos y sobre todo opositores. Se trata de una estrategia que utilizaría el Ministerio de Trabajo para lograr poner en marcha la reforma sin tener que obtener luz verde del Legislativo. Lo haría a través de una serie de decretos.

Los decretos tendrían la tarea de modernizar y democratizar las condiciones laborales del país. Sin embargo, para muchos, el Gobierno se estaría saltando el proceso para imponer su proyecto reformista.

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo.

Un concepto de la firma Chapman Wilches, a través de su abogado Charles Chapman López, especialista en derecho laboral, asegura que los borradores de los decretos del Ministerio de Trabajo implican la subrogación del Congreso, vulnerando además el tripartismo y les dan la espalda a los más vulnerables del mercado laboral, desempleados e inactivos, que se incrementarían.

A través de un comunicado, esa firma aseguró que muchos de los puntos incluidos en los decretos que se presentarían se debaten actualmente en el Congreso, por lo que resulta paradójico el hecho de que se dé un debate de la reforma para discutir los puntos, si aun así se busca imponerlos con otra estrategia.

“Encontramos que en los decretos se extralimitan las facultades del Ejecutivo, toda vez que las normas en muchos apartes exceden las leyes y crean nuevos conceptos, cuando la facultad normativa del Ejecutivo es solo para reglamentar las leyes que expide el Congreso, sin excederlas y mucho menos contrariarlas”, indicó.

En otro de los apartes, la firma también se refiere directamente al punto de la ley en donde se asegura que un contratante no puede establecer horario a sus contratistas o determinar la sede en la que se debe prestar el servicio, como arbitrariamente se cuestiona en el decreto, contrariando la jurisprudencia de las Altas Cortes.

“Pareciera que el Ejecutivo quiere acabar las empresas especializadas de aseo y vigilancia, a las que la contratante les establece que presten servicios en sus instalaciones, en sus horarios y a su beneficio. Eso no está prohibido en la ley y vía decreto no lo pueden fijar como un indicador de tercerización indebida”, mencionan.

Primer debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

También se refieren directamente al tripartismo, asegurando que esta es una característica esencial en la construcción de normas laborales, leyes y decretos. Sin embargo, en la estrategia no se evidencia esa intención.

“Una vez más este gobierno construye normas sin analizarlas con trabajadores y empleadores, se equivoca el Ministerio del Trabajo en este proceder (...) Una de las obligaciones que tiene el gobierno es participar en el diálogo social, pero en pie de igualdad con los interlocutores sociales. En consecuencia, el gobierno debe estar abierto al desafío de compartir parte de la toma de decisiones con los actores claves de la sociedad y no imponerse como lo pretenden hacer con los decretos”, indica la carta.

Finalmente, la firma asegura que una de las preocupaciones es que el Ministerio no esté enfocado en las prioridades y en los más vulnerables del mercado de trabajo, que son los desempleados o inactivos.

“Ninguno de los decretos atiende esta grave problemática y brillan por su ausencia nuevas normas que generen e impulsen el empleo, que debe ser la prioridad al estar incrementándose los colombianos sin trabajo. Todo lo contrario, las normas contenidas en los decretos podrían agravar los indicadores, como: fácilmente se colige en el decreto de tercerización, en el que prácticamente les ponen una lápida a los contratistas independientes que son micro y pequeños empresarios, al exigirles, excediendo las leyes vigentes, que deben tener una excelente capacidad financiera, requisito que no cumple la mayoría, toda vez que en las micro y pequeñas empresas se trabaja para subsistir, con indicadores económicos que no son los mejores”, precisan.

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