James Thyden, el abogado que busca justicia 43 años después de su adopción irregular en Chile
James Thyden González en Santiago (Chile).
Cuando el marine de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, James Lippert Thyden, se alistaba a servir a la guerra de Afganistán en 2011, a los 31 años, su madre adoptiva, residente en Virginia, le entregó una serie de documentos de su proceso de adopción. Siempre le dijeron que había nacido en 1980, en Santiago de Chile, y que su madre lo había entregado para que tuviera mejores oportunidades. Thyden había luchado siempre en busca de una identidad. Desde pequeño, cuenta a EL PAÍS en la capital chilena, donde aterrizó este jueves, que en el colegio lo veían “muy moreno para ser blanco y muy blanco para ser latino”. Unos años de clases de español le permitieron hurgar entre los papeles que le dieron y encontró una serie de incoherencias: en un párrafo decía que no tenía familiares vivos; unas páginas más allá que su mamá biológica se llamaba María Angélica González y que vivía en tal dirección; en otro lado describían que había sido abandonado un día después de nacer junto a una bolsa de ropa y, en otro, que lo habían entregado a los dos años.
Al regresar de la guerra, dos años después, Thyden –quien se convirtió en abogado penalista en Estados Unidos tras 19 años como marine–, inició una búsqueda que acabó en mayo de 2023, cuando le envió un mensaje a González. “Hola mamá, soy tu bebé”, acompañado de un retrato suyo. A su madre le dijeron en el Hospital del Salvador de Santiago que su hijo, nacido a los ocho meses, debía ser puesto en una incubadora producto de la inmadurez de su hígado. Luego, el personal médico le comunicó que había fallecido. Cuando la mujer pidió ver el cuerpo, le respondieron que ya se habían desecho de él, según su testimonio. María Angélica González, de 70 años, es una de las víctimas a las que les robaron sus bebés entre 1970 y 1990 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque las investigaciones revelan que la práctica supera el contexto histórico y no se remite solo a esa época.
La investigación judicial en Chile sobre las adopciones irregulares ocurridas entonces, que acumula más de mil de causas, la mayoría desde Estados Unidos y Suecia, comenzó en 2017 y aún no han existido condenas. Cuando Thyden viajó el año pasado junto a su familia nuclear para conocer a su madre, 43 años después de que los separaran en el Hospital del Salvador, se entrevistó para denunciar lo ocurrido con la Policía de Investigaciones (PDI) y llegó rápidamente a una conclusión: “Nadie está haciendo nada por estas mujeres y sus hijos. No habrá justicia”.
Esa noche, de regreso al hotel tras hablar con la PDI, Thyden indagó en qué tipo de estudios en derechos humanos necesitaba para enfrentar un caso así. “Yo he aprendido dos cosas: a luchar y la ley. Y tengo toda la energía del mundo para echar todo abajo y arreglarlo”. Con esa idea se matriculó en un programa de derechos humanos internacionales en la American University de Washington. Uno de sus profesores, Claudio Grossman, le recomendó para su batalla legal contactar al abogado chileno Ciro Colombara, especialista en casos de derechos humanos que involucran al Estado.
La querella criminal
Colombara, junto a Aldo Díaz y Jennifer Alfaro, además de Grossman, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y quien se acaba de sumar el equipo, interpondrán este lunes una querella criminal por el delito de sustracción de menores en representación de Thyden –hoy Thyden González– en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores. La fecha no es azarosa. Ese mismo día el ministro en visita extraordinario de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jaime Balmaceda, quien está a cargo de la investigación judicial sobre las causas sobre sustracción de menores y adopciones ilegales, será reemplazado por el ministro Guillermo de la Barra, según determinó el Pleno de la Corte Suprema a finales de abril. De la Barra será el tercer magistrado que liderará estas pesquisas, tras Mario Carroza y Balmaceda. También solicitarán acceder a la investigación penal que se ha llevado a cabo.
De izquierda a derecha, Ciro Colombara, Aldo Díaz, James Thyden y Jennifer Alfaro.
No es la primera querella, pero Colombara remarca que las anteriores, probablemente, fueron acciones penales dirigidas a situaciones puntuales y que su estrategia judicial es global, sistémica “y tiene que ver con verdad, reparación, no repetición y, en definitiva, se enfoca en el Estado más que en personas específicas”, apunta en su oficina en el sector oriente de Santiago. “Nos parece que la magnitud del problema, la cantidad de víctimas y la forma de ocurrencia dan cuenta de una situación sistémica de la cual, en definitiva, es responsable el Estado de Chile, sin perjuicio a las responsabilidades individuales o institucionales que además puedan haber”, añade.
Más allá de que los responsables hayan muerto o, eventualmente, se discuta sobre la prescripción de los delitos, los querellantes ven necesario que exista una investigación penal que establezca la verdad. También consideran necesarias las reparaciones, no solo económicas, sino desde la perspectiva moral y simbólica “porque se le ha causado un daño a miles de personas, algunas porque sus hijos e hijas fueron quitados y a otros porque se les privó su derecho a la identidad, a la nacionalidad y a ser parte de una familia en la cual nacieron, mediante engaños y probablemente mediante una suerte de fraude en que hubo beneficios económicos para muchas personas”, describe Colombara. En cuanto a la no repetición, buscarán que se conozca la magnitud exacta de víctimas para que se implementen medidas que impidan que algo así vuelva a suceder.
La querella que presentarán el lunes solicita que se oficie al Registro Civil de Chile y al Hospital del Salvador para que remitan todos los antecedentes del caso de Thyden González, entre otras instituciones. Probablemente, adelantan los representantes de la víctima, realizarán acciones en nombre de varios otros afectados. Si el Estado no reconoce su responsabilidad, “el camino será la justicia internacional”, afirma Colombara. Adelanta, también, que será un recorrido largo, de varios años.
Muchas de las madres engañadas han contado sus testimonios públicamente e, incluso, varias de ellas se han reencontrado con sus hijos décadas después. Hasta ahora, la justicia chilena no ha inculpado a nadie porque “no se ha dado ninguno de los supuestos legales que permiten disponer una condena”, argumentó el magistrado Balmaceda en una entrevista en marzo con EL PAÍS. En la mayoría de los casos, sostuvo, no ha tenido la convicción de que “efectivamente” se haya estado frente a hechos delictivos. ¿No es delito decirle a alguien que su hijo falleció y en realidad no era así? “No es delito”, respondió el ministro. “Puede ser un hecho que es moralmente reprochable, pero yo soy el juez del crimen, tengo que castigar las conductas que son constitutivas de delito”, añadió.
El presidente Gabriel Boric se reunió hace un par de semanas, durante su gira a Europa, con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en el país escandinavo, para iniciar un trabajo conjunto en las adopciones irregulares de niños chilenos. “Uno de los puntos vinculados a los derechos humanos tiene una explícita declaración sobre la cooperación conjunta del Gobierno sueco y el Estado de Chile para avanzar en compartir la información”, sostuvo el ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero. En el documento se establece que quienes suscriben, reconocen que se cometieron adopciones irregulares, que tuvieron graves consecuencias en las vidas y los derechos humanos de las víctimas y sus familias. En especial, en el derecho de identidad. La Administración de izquierdas también está trabajando en una mesa intersectorial para coordinar la respuesta estatal a las adopciones forzadas e irregulares.
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