A pesar de giro del INDH: exacusadores de Piñera ratifican convicción de que hubo “crímenes se lesa humanidad” durante el estallido social

La Tercera

“Consentir en que las fuerzas armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada”, decía la primera causal por la que acusó al fallecido expresidente Sebastián Piñera, en noviembre de 2019.

A diferencia de la presentación contra el exministro Andrés Chadwick (a quien se le asignaba una responsabilidad política de índole pasiva, por “omitir” y no supervigilar a las fuerzas de orden y seguridad), la acción contra el exmandatario le endosaba una culpabilidad mayor y un rol más activo (“consentir”), factor que pesó en que algunos legisladores de la oposición de época se restaran del libelo contra Piñera.

Sin embargo, este fin de semana, la actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, quien en esa época era integrante del directorio del organismo, horadó otra de las premisas de aquella fallida acusación que fue rechazada en la cuestión previa por 79 votos de diputados.

“Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los DD.HH., porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado”, señaló el domingo en la noche en Tolerancia Cero, Contreras, quien precisó igualmente que hubo acciones “generalizadas”.

Las declaraciones de la directora del INDH implicaban un cambio de paradigma respecto de la postura mayoritaria que tenía el instituto.

Si bien desde 2019, el anterior director del INDH, Sergio Micco (ex DC, hoy militante de Amarillos) defendía minoritariamente que tras el estallido no hubo acciones sistemáticas, su visión siempre fue aislada.

De hecho, en julio de 2022, un grupo de consejeros emitió una declaración cuestionando que, en la gestión de Micco, “el INDH ha dejado de cumplir su mandato legal y esto ha impactado negativamente, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los DD.HH., desatendidas por el Estado, y ante las cuáles tenemos un deber constitucional que nos obligan a actuar de manera más consistente y eficaz”. Ese comunicado finalmente incidió en la salida del otrora director.

Sin embargo, a pesar del giro, los parlamentarios que impulsaron el libelo mantienen su convicción de que al menos hubo “crímenes de lesa humanidad”, cometidos por agentes del Estado, en la anterior administración presidencial. Incluso, a pesar de tampoco el Ministerio Público ha logrado condenas por acciones coordinadas bajo el Estado, algunos sostienen que sí hubo violaciones “sistemáticas” a los DD.HH.

“No me cabe ninguna duda que, durante el estallido, el gobierno de Piñera violó los derechos humanos. Y tal como dije en esa época creo que fue una violación sistemática y generalizada”, comentó el diputado Tomás Hirsch (presidente de Acción Humanista), quien fue uno de los diez patrocinadores de la presentación.

“Cuando hay más de 400 personas a las que se les dispara a los ojos, dejando incluso a dos de ellas ciegas, cuando hay decenas de denuncias de torturas, vejaciones, disparos, amenazas, detenciones arbitrarias, todo esto en un contexto en que el Presidente (Piñera) le declara la guerra al pueblo, no cabía otra cosa que acusarlo constitucionalmente. Si a eso se agrega que aún no se condena a la mayoría de los responsables de esas violaciones, se configura un cuadro de impunidad que me parece tremendamente grave. Por tanto, me parece insólito que ahora la discusión se centre en las palabras de la directora del INDH, en vez de en la necesaria justicia”, añadió el legislador oficialista.

Una postura similar ha mantenido la diputada Carmen Hertz (PC), otra de las firmantes, quien en su momento fue la principal vocera de la acusación. Al presentarla, en noviembre de 2019, Hertz -abogada de DD.HH. y viuda de víctima de la dictadura militar- señaló que Piñera tenía responsabilidad en las “graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”. Esa postura la volvió a ratificar el año pasado, por ejemplo, cuando la fiscalía señaló que no habían podido acreditar acciones sistemáticas de parte del Estado.

La diputada Claudia Mix, actual jefa de bancada del Frente Amplio, quien fue otra de las impulsoras de la primera acusación contra Piñera, señaló que “reconocer que sí hubo violaciones a los DD.HH. durante el estallido social en Chile es lo más importante. Tratar de minimizar su carácter no absuelve de ninguna manera la responsabilidad de las autoridades a cargo, ni contradice su condición de delitos de lesa humanidad”.

Mix mencionó que el Artículo 7° del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que señala que se entenderá como “crimen de lesa humanidad” cuando existe “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”

“Desligar la responsabilidad de quienes estaban al mando de la seguridad del país, cuando miles de chilenos salieron a las calles a ejercer su derecho a protestar por la desigualdad social y la falta de políticas públicas, es un argumento negacionista que transgrede el Derecho Internacional. El gobierno y los tribunales de justicia tienen la obligación de esclarecer cada una de las causas abiertas a propósito del mal uso y abuso de la fuerza pública, donde se violaron los derechos fundamentales de miles de ciudadanos. Hubo mutilaciones, agresiones sexuales, torturas y hasta muertes. De eso, no cabe duda, negarlo es falsear la historia y eso no ayuda a nadie”, añadió la jefa de la bancada frenteamplista.

La diputada Gael Yeomans (Frente Amplio), otra de las legisladoras que suscribió la presentación, expresó que “se está centrando la discusión en un solo aspecto, en un término en particular (sistemático), cuando todos los organismos nacionales e internacionales acreditaron violaciones generalizadas a los DD.HH., las que, además, y tal como expuso la propia directora del INDH, también pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.