Contra el dinero sucio: beneficiario final

Articulista Santiago Nieto. Foto: EL UNIVERSAL

Tax Justice Network publicaba en marzo de 2023 que los flujos financieros ilícitos constituyen una de las principales causas del subdesarrollo e inestabilidad económica en América Latina. El impacto de esos movimientos de dinero ilícitos no solo se limita a la pérdida de recursos que pueden financiar rubros en seguridad social, educación, salud, sino que, al extraer divisas de las economías, agudiza la fragilidad financiera de los países de la región.

Haciendo cita de las más recientes estimaciones realizadas por la CEPAL señala que el costo de las maniobras de evasión y elusión fiscal en Latinoamérica ascendió al 6.1% del PIB en 2018, una cifra equivalente a 325,000 millones de dólares. Lo cual no es menor dadas las implicaciones en el desarrollo global.

De ahí que impulsar la creación de registros públicos de beneficiarios finales constituye un incentivo en materia de transparencia para combatir los flujos financieros ilícitos y los provenientes de actividades vulnerables, la cual también debe ir acompañada de mecanismos de rendición de cuentas para que la sociedad pueda acceder, verificar y analizar esa información como lo diagnostica el propio estudio.

¿Pero qué es el beneficiario final (BF)? De acuerdo con la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITI), un beneficiario real de una empresa se refiere a las personas que, en última instancia, directa o indirectamente, son titulares de la entidad corporativa o la controlan. Esquemas de este tipo desafortunadamente sobran en México, ahí están las empresas entorno a García Luna, Cabeza de Vaca, Javier Duarte o Emilio Lozoya, o las que subyacen por el crimen organizado. El cual recordemos la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 y 2023 identifican como la principal amenaza de lavado de dinero, seguido de la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país.

Los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de Beneficiario Final están dirigidas principalmente a tres tipos de actores: a) instituciones financieras y APNFD (o actividades vulnerables como se les conoce en México), b) personas jurídicas y c) otras estructuras jurídicas (fideicomisos). Lo cual es tarea pendiente en nuestro país, ya que la recomendación 22 relativa a la Debida Diligencia del Cliente en el caso de las APNFD se encuentra parcialmente cumplida, así como la que se refiere a Transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas contenida en la recomendación 25 que se mantiene como mayomente cumplida, según el último reporte de GAFI.

No obstante, nuestro país no ha sido ajeno a los esfuerzos globales para combatir esta problemática. En julio de 2019, a invitación de Reino Unido, México a través de diversas instituciones lideradas por la Secretaría de la Función Pública, y la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, manifestó su disposición para formar parte del grupo de países que impulsan los Principios de Divulgación de Transparencia de Beneficiarios Finales, los cuales señalan evaluar los riesgos asociados con los diferentes tipos de actores y mitigarlos, asegurar que los fideicomisos mantengan información adecuada, precisa y actual del BF, así como exigir a las instituciones financieras que identifiquen y verifiquen al BF de sus clientes, entre otros.

En octubre de ese año se planteaba el Plan Nacional de implementación para divulgar información de beneficiarios finales, y para diciembre de 2019, se hacía la presentación del Cuarto Plan de Acción Nacional 2019-2021 en la Alianza para el Gobierno Abierto, donde se incluye el compromiso del país hacia la divulgación de beneficiarios finales. A inicios de 2020, se configuraba el Grupo de Trabajo para cumplir e compromiso de mérito.

Estoy convencido que el segundo nivel de desarrollo de la 4T requiere, entre otras cosas, combatir de manera consistente y eficaz la opacidad de las empresas para evadir impuestos y/o lavar de dinero identificando a quien (es) están realmente detrás del dinero, transparentar sus procesos y establecer mecanismos de rendición de cuentas a fin de que la ciudadanía cuente con información fidedigna para la toma de decisiones, pero sobre todo, que con estas medidas el Estado disponga de una mayor cantidad de recursos para destinarlos a los sectores que más los necesitan, reforzando de esta manera también el sistema financiero y económico del país.

Las buenas acciones deben retomarse y fortalecerse, como ha sido el combate a la corrupción y el lavado de dinero impulsado por la 4T.

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