Piden al Consejo de Estado medidas cautelares en el Presupuesto 2024

En medio de la polémica y el fuerte debate que se está generando en el país por cuenta de los líos en el Presupuesto General de la Nación para este año, surgió una petición a la rama judicial para que actúe cuanto antes y evite que se sigan presentando las inconsistencias que se han conocido frente a la ejecución de los recursos de la Nación.

Por medio de su cuenta en X, el exdirector de Crédito Público, Pedro Nel Ospina Santamaría, hizo un llamado al Consejo de Estado para que declare medidas cautelares sobre el Decreto de Liquidación (2295 del 2023), con el fin de “proteger derechos e intereses colectivos y prevenir daños irreparables”, entre otros objetivos.

Presidente Gustavo Petro Presidencia

Dentro de los alegatos para hacer esta solicitud, Ospina indicó que las medidas cautelares pueden ser solicitadas por las partes involucradas en el proceso o, en ciertos casos, decretadas de oficio por los magistrado, del Consejo de Estado, cuando se identifique una urgencia manifiesta o se considere necesario para la protección de los derechos.

Teniendo en cuenta esto y resaltando que las irregularidades en el Presupuesto General de la Nación del 2024 requieren una respuesta rápida, agrega que hay tres principios que pueden sustentar dicha decisión. En primer lugar está la urgencia y necesidad, ya que hay que evitar un perjuicio irremediable.

Anexo original enviado por el Minhacienda Portafolio

“Las medidas adoptadas deben ser proporcionales al fin que se busca proteger, sin exceder lo necesario para prevenir el daño o asegurar la efectividad del fallo. Todo acto del Consejo de Estado, incluidas las medidas cautelares de oficio, debe fundamentarse en la ley y seguir los procedimientos establecidos”, explicó.

Respecto a los motivos que lo llevaron a hacer esta petición, Predo Nel Ospina dice que “la Constitución Política de Colombia y la ley establecen el marco dentro del cual deben ejecutarse los presupuestos nacionales, incluyendo la gestión de vigencias futuras” y que no hacerlo “contraviene principios de transparencia y responsabilidad fiscal”.

“La omisión de vigencias futuras en el presupuesto compromete la sostenibilidad fiscal a largo plazo, ya que impide una visión clara de los compromisos financieros futuros del Estado. Esto puede afectar la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras en el futuro, generando incertidumbre y posibles impactos negativos en la calificación crediticia del país”, agregó.

Ospina Santamaría, quien también fue gerente de Bancafé, dijo también que la Ley 819 de 2003 regula el manejo de las vigencias futuras, estableciendo el procedimiento y los límites para su aprobación, razón por la que no respetar estos procedimientos puede exponer al Gobierno a riesgos de demandas por inconstitucionalidad.

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla Cortesía – Ministerio de Hacienda

“La falta de asignación clara de recursos para vigencias futuras puede generar retrasos o la paralización de proyectos de inversión importantes. Esto se debe a la incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos en el futuro, lo que podría dificultar la planificación y ejecución de proyectos a largo plazo”, dijo este analista.

Por último, advierte que los funcionarios responsables de la elaboración y aprobación del presupuesto pueden enfrentarse a investigaciones y sanciones por parte de organismos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, por el manejo inadecuado de los recursos públicos y por comprometer financieramente al Estado sin la debida autorización.

Ministerio de Hacienda Archivo particular

Basado en todo lo que ya se mencionó, Pedro Nel Ospina, hizo el llamado al Consejo de Estado para que proceda de oficio a suspender el decreto en mención y obligue a que se corrijan las fallas que actualmente tiene en su interior, evitando con esto una crisis presupuestal y jurídica en el país.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO PORTAFOLIO