Amenaza velada del Gobierno a las regiones que no quieran intervenir el precio del alquiler

El Gobierno presiona para expandir el control de los alquileres en las zonas residenciales más calientes. El plan del Ministerio de Vivienda presidido por Isabel Rodríguez pasa por ligar parte del presupuesto de Vivienda a la de declaración de una zona tensionada, un paso que solo ha dado Cataluña y que las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan frontalmente. “Hacemos un llamamiento a todas la CCAA a declarar zonas tensionadas, donde vena que haya una elevada tensión. Si ellas no lo hacen, el ministerio tendrá que ayudar a los ciudadanos y ciudadanas”, explica el ministerio a este medio.

Amenaza velada del Gobierno a las regiones que no quieran intervenir el precio del alquiler

En concreto, el Ejecutivo podría vincular las aportaciones de fondos para proyectos de vivienda social a las comunidades autónomas que no asuman su propuesta de elaborar un mapa de las denominadas “zonas tensionadas”. Según avanza la Ser, el cambio se haría a través de artículo 18.5 de la controvertida ley de vivienda, que apunta que el “Departamento Ministerial competente en materia de vivienda, en el “marco del ejercicio de las competencias estatales, podrá desarrollar, de acuerdo con la administración territorial competente, un programa específico para dichas zonas de mercado residencial tensionado, que contemplará la diversidad territorial, tanto en entornos urbanos o metropolitanos como en zonas rurales, que modificará o se anexará al plan estatal de vivienda vigente”.

La ley de vivienda contempla que las comunidades autónomas podrán declarar zona tensionada si en ellas se cumple alguna de estas dos condiciones. La primera, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. La otra condición es que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya aumentado en esa zona, en los últimos 5 años, al menos tres puntos por encima del IPC autonómico correspondiente.

La propuesta del Gobierno ya ha recibido la respuesta del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha advertido de que si el Gobierno de España “hurta dinero” de los fondos de este ámbito acudirían a los tribunales de Justicia. El dirigente popular considera que la Junta de Castilla y León no considera necesario hacer ese mapa en la comunidad autónoma y ha añadido que si el Gobierno de España pretende “imponer” el criterio y quiere “hurtar dinero a la comunidad” y se produjeran esas circunstancias la Junta iría “a los tribunales de justicia”. “No es la primera vez ni sería la última”, ha apostillado el presidente autonómico.