#ColumnaInvitada | Inversión en transporte público; ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?

#ColumnaInvitada | Inversión en transporte público; ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?

El transporte público es la principal forma de movilidad en México; es la alternativa más asequible para los hogares mexicanos y el medio de acceso público -e idealmente universal- que nos permite llegar a nuestros destinos. Con esto, el transporte público lleva implícito nuestro acceso a servicios y la posibilidad de hacer efectivos los derechos sociales como la educación, salud, alimentación, entre otros.

No obstante, y a pesar de su relevancia en la vida cotidiana y en nuestra calidad de vida, el transporte público podría estar en mejores condiciones, las cuales van desde la capacidad y calidad de la infraestructura; por ejemplo, desde las paradas, estaciones, si están iluminadas, hasta la seguridad y la experiencia del viaje, principalmente para mujeres y niñas. Si contrastamos lo importante que es el transporte público y su condición actual es fácil concluir que –con excepciones – el transporte público está descuidado. Esta situación nos lleva a preguntarnos ¿a qué se debe este descuido?, ¿cómo podríamos remediarlo?, ¿qué tiene que pasar en nuestras instituciones políticas para que podamos desplazarnos en mejores condiciones? Respecto a la pregunta sobre cómo remediarlo, hay buenas noticias para México. No obstante, las oportunidades sólo podrán transformarse en mejores servicios si nuestros representantes, servidores públicos y sus equipos técnicos, así como asesores privados están dispuestos a innovar el enfoque que el transporte público tiene en el bienestar social, económico y ambiental de México. Antes de analizar estas oportunidades es importante tener tres puntos en cuenta: Primero, que cuando hablamos de remediar o resolver el problema, necesariamente hacemos referencia al financiamiento del transporte público, lo cual definiremos como el qué, quién y cómo se pagarán las mejoras al servicio. Este punto es importante porque en el caso de México generalmente sabemos qué falta –lo vemos todos los días-, es relativamente menos incierto el quién , que es algo que nos ayuda a resolver la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y finalmente, el cómo es algo que se vuelve aún más complicado, pues implica saber 1) de dónde vienen los recursos que pagarán por el servicio (no sólo para inaugurar, sino para operarlo y mantenerlo); 2) con qué frecuencia y 3) cómo intervienen cada una de las partes. Lo segundo es que México es un país federal, esto significa que entre el gobierno federal y la vida diaria de las personas hay estados soberanos y municipios, que son las entidades de gobierno responsables de gran parte de la provisión de servicios públicos básicos a la ciudadanía, entre ellos el transporte y los espacios públicos. Y finalmente, el tercer punto, que México es un país muy diverso en su estructura urbana, por lo que es difícil que una solución resuelva los problemas en distintos contextos. Por ejemplo, los retos de Tijuana serán distintos a los de Cholula o Ciudad de México.

Teniendo estos tres puntos en cuenta vemos la complejidad inherente que implica atender el transporte público a nivel nacional. No obstante, como mencionábamos anteriormente, México tiene dos grandes oportunidades: 1. Hoy, por Ley, los tres niveles de gobierno tienen obligaciones y atribuciones en materia de movilidad –antes de 2022- eran sólo los municipios los que generalmente concedían sus atribuciones a los estados, con apoyos extraordinarios de la federación. Es decir, municipios, estados y federación ya tienen la obligación de participar en el cómo . 2. La Constitución reconoce el derecho a la movilidad como derecho social. Esto es importante porque México tiene un sofisticado sistema nacional para el combate a la pobreza y de acceso a los derechos sociales (Ley General de Desarrollo Social), al cual podría alinearse la movilidad para activar su acceso a una serie de recursos organizacionales, técnicos y financieros. Sólo necesitaríamos conectar los puntos: Como señalé, el transporte público es el medio físico que permite desplazarnos hacia nuestros destinos para ejercer una serie de derechos. Por ejemplo, En promedio, 1 de cada 5 personas tuvo problemas para acudir al médico por dificultades en el transporte, en lo relacionado con la educación 40% de la deserción escolar en jóvenes de 16 a 20 años es por “falta de tiempo” y 5 de las 30 principales causas de deserción están asociadas con movilidad. ¿Qué pasaría si comenzamos a ver de manera integrada los problemas? El transporte público es tan importante para el acceso a la educación, como la disponibilidad de instalaciones educativas; lo mismo para el sector salud, es tan importante contar con hospitales como poder llegar a uno: ¿será posible que el financiamiento de la educación, salud o movilidad contemplen objetivos en común y puedan compartir recursos? Además, tenemos que analizar cómo se puede replicar en otras ciudades la experiencia exitosa de operación y gestión, por ejemplo, el caso de Ecobici en la Ciudad de México; para hacer que los servicios de movilidad (como el transporte público) estén conectados. Si logramos saber cómo Ecobici ha permitido a más estudiantes llegar a sus destinos, de forma segura y sustentable, tal vez podríamos juntar más recursos de distintos sectores para replicar este modelo en más ciudades del país. _____ Nota del editor: Anette Ramírez Valenzuela es usuaria del transporte público, ha trabajado para organizaciones internacionales e instituciones públicas de México buscando aumentar el impacto social de los recursos públicos y privados en las ciudades. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.