Un conflicto que no tiene recreo
Los docentes vuelven a las calles para reclamar por aumento salarial.
La relación entre el gobierno provincial y los gremios del sector docente parece terminar de romperse en medio de la negociación paritaria. Ayer la provincia ratificó la decisión de descontar el día a quienes paren este miércoles y difundió las instrucciones sobre cómo cargar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios, un registro publicado en el sitio oficial de la provincia, para que los docentes que no adhieran a la medida de fuerza puedan evitar el descuento. Para el ministro de Economía, Pablo Olivares, el registro asegura “el derecho constitucional a trabajar”, mientras que su par de Gobierno, Fabián Bastia, consideró que “hay un abuso de la medida de fuerza” por parte de los gremios. En los sindicatos docentes la noticia cayó naturalmente mal y así lo expresaron en sus declaraciones. Desde Amsafe, Rodrigo Alonso consideró que el gobierno “está retrocediendo a la década del noventa”, mientras que para Martín Lucero, titular de Sadop Rosario, “no hay vuelta atrás” en el vínculo con el gobierno provincial.
Tras confirmar el descuento a los docentes que paren este miércoles, el gobierno difundió ayer el instructivo para que los trabajadores de la educación que no adhieran a la medida de fuerza eviten el descuento. La “Declaración Jurada de Prestación de Servicios” estará habilitada para completarse entre el 8 y el 10 de mayo en la sección “Mi Legajo” del sitio oficial de la provincia. Olivares explicó que el registro permitirá “hacer el trato justo entre quienes trabajan y los que no” al momento de los pagos. “Con la declaración jurada estamos asegurando el derecho constitucional a trabajar”, sostuvo el titular de la cartera económica provincial.
En declaraciones difundidas por los canales oficiales, el funcionario defendió la postura del gobierno santafesino y recordó que de manera “inédita” se convocó a los gremios de forma temprana, los primeros días de enero, para comenzar a gestar un acuerdo salarial previo al inicio de clases. Sin embargo, cuestionó la cantidad de medidas de fuerzas adoptadas por los gremios contra la gestión: “Con los de miércoles y jueves se cumplirán trece paros en menos de un semestre, muy distinto a otros tiempos. Entendemos que el contexto macroeconómico está influyendo, pero cuanto más tensiones hay, la obligación es apostar más al diálogo”.
En una misma línea salió a hablar Bastia, quien remarcó el “enorme esfuerzo” del gobierno para mejorar la propuesta salarial a todos los trabajadores estatales. El funcionario aseguró que con la última oferta del 15%, el sector público provincial percibiría una mejora del 62% en abril y del 69,8% en mayo, respecto al sueldo cobrado en diciembre. Y remarcó que los números quedan por encima de una inflación que, entre enero y marzo, acumuló un 52,3%. “Esto es lo que están rechazando los gremios estatales y por la cual hacen paro, mientras la paritaria sigue abierta”, indicó en diálogo con LT10.
Bastia también recalcó que el descuento no correrá para el día jueves por ser una medida de fuerza nacional que afecta al transporte y la dificultad para garantizar la movilidad durante la jornada. Pero sí remarcó que los docentes que adhieran al paro del miércoles no solo sufrirán el descuento, sino que tampoco podrán cobrar el premio contemplado en el programa Asistencia Perfecta. “Hay un abuso de la medida de fuerza y una situación descontextualizada. No se contempla la necesidad del Estado”, cuestionó.
El ministro de Educación, José Goity, también se sumó a la ola de declaraciones de este martes y calificó a la medida de fuerza de los gremios como “desmedida” y “fuera de contexto”. Asimismo, recordó que en las mesas paritarias se dejó consignado que, de implementarse medidas de paro, el gobierno avanzaría con los descuentos. “En los hechos es no pagar un día no trabajado. Así que sí, efectivamente lo vamos a hacer para el día miércoles”, expresó en diálogo con Radio 2.
“Hay muchos docentes que vienen pidiendo alguna manera de poder expresar su no adhesión al paro, que es un derecho legítimo y tan legítimo como es el derecho al paro. Acá no está en discusión si se puede parar o no. Lo que está en discusión es si corresponde abonar ese día o no”, manifestó en relación a la declaración jurada de asistencia. “Ya tenemos más de 11 días de paro en el sistema educativo en pocos meses y eso no puede ser una lógica de negociación”, añadió.
Bronca en la docencia
Los gremios docentes salieron a cuestionar la decisión del gobierno. Para Alonso, la gestión de Maximiliano Pullaro no está cumpliendo el “contrato electoral” con sus votantes, muchos de ellos docentes, donde “dijo que iba a respetar la paritaria, que iba a implementar la cláusula gatillo y que no íbamos a perder contra la inflación”. En ese sentido consideró que los aumentos propuestos “están muy por debajo de los índices inflacionarios” y lamentó el rumbo del gobierno: “El camino para solucionar un conflicto nunca es la amenaza ni la extorsión”.
El secretario general de Amsafe reclamó una propuesta “que vaya en línea con las necesidades” de todos los trabajadores docentes. “Están retrocediendo a la década del noventa, donde lo que se discutía era la rebaja salarial, el presentismo y la reforma jubilatoria. Igual que ahora. Lo que está sucediendo es una vuelta al pasado, a la década del noventa, que creo le va a hacer muy mal a la provincia de Santa Fe y también a la escuela pública”, criticó en declaraciones a LT8.
En tanto, Lucero, titular de Sadop, manifestó su malestar respecto a la utilización del sistema “Mi Legajo”, de identificación ciudadana de los docentes de la provincia, para la carga de las declaraciones juradas de asistencia durante el día de paro. “Tiene los datos más sensibles, no solo personales, sino de nuestra familia”, explicó y agregó: “Si a usted le obligan a decir si va a hacer un paro, aun cuando no trabaja, es porque hay una diferencia ideológica y claramente nos parece un atropello que no reconoce antecedentes en la historia democrática de la provincia de Santa Fe”.
En rueda de prensa con diversos medios, el referente de los docentes privados confirmó que iniciarán acciones legales contra el gobierno provincial por “persecución ideológica y política” a través de decisiones personales, con medios propios del estado. “Qué pasaría si el presidente obliga a todos los trabajadores del país a decir, por la aplicación Mi Argentina, o por la clave fiscal de AFIP, si van a adherirse o no a la medida de fuerza. Todos diríamos que es terrible o inconstitucional. Es lo mismo que está haciendo el gobernador Pullaro en este contexto”, ejemplificó.
Por último, Lucero llamó a no contestar las declaraciones juradas y consideró que las últimas decisiones del gobierno tensan la relación en medio de la negociación paritaria: “Yo creo que no hay vuelta atrás con el gobierno provincial. Estos funcionarios van a pasar a la historia como los que volvieron a poner el presentismo”.