Morena y aliados van por "blindaje" a sus reformas cuando lleguen a la SCJN

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados alista la dictaminación exprés de reformas para blindar jurídicamente los proyectos de su interés y que hoy están en estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Concretamente, la iniciativa empujada por el partido Morena y sus aliados busca impedir que normas impugnadas vía acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional ante la SCJN y que no alcancen ocho de los once votos de los ministros puedan “revivir”, volver a analizarse vía amparos y ser declaradas inconstitucionales.

¿Qué dice la iniciativa blindaje?

Ese fue precisamente el escenario que recién enfrentó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica –promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador– que en 2023 no alcanzó los ocho votos de los ministros de la SCJN y no pudo ser declarada inconstitucional. Pero el 31 de enero la situación cambió, ya que las reformas, que habían sido combatidas por la vía de amparo, llegaron otra vez a la Corte, ahora a su Segunda Sala. Ésta confirmó la orden de un juez que declaró inconstitucionales los cambios, con los que en esencia el presidente buscó –vía una reforma secundaria pues no consiguió que se aprobaran reformas constitucionales en la materia– dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reducir la participación privada en la materia. Actualmente, la SCJN tiene en su mesa el análisis de diversos recursos promovidos por legisladores de oposición contra reformas de interés presidencial. Entre muchos otras, las reformas que ordenaron crear fideicomisos que financien las megaobras como el Tren Maya, Tren Transísmico, el AIFA. Sin embargo su análisis en la SCJN comenzó con las reglas hoy vigentes y si se logran los cambios propuestos entonces podría limitarse las factultades de la Corte. La iniciativa no es nueva, es una reedición de una propuesta presentada el 24 de octubre por el diputado morenista Juan Ramiro Robledo, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara y que en ese carácter citó al pleno de ese grupo a sesión el jueves 15, para dictaminar su propuesta. Esta plantea modificar los artículos 42 y 72 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución, que regula las funciones de la SCJN. En la exposición de motivos de su propuesta, Robledo Ruiz explica que hay un vacío, pues ese artículo constitucional y su ley reglamentaria prevén que las sentencias que propongan la invalidez de normas tendrán efectos generales cuando se aprueben por una mayoría calificada de los ministros de la SCJN.

Pero -abunda- “es omisa respecto a su consecuencia inmediata con relación a las normas impugnadas cuando no se alcanza la votación calificada” de modo que se puede entender que las normas no invalidadas continúan vigentes y eso no puede quedar abierto a que se resuelva vía amparo, sino que debe prevalecer como última palabra la resolución de la SCJN sea para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad una ley y eso no puede ser modificado por un juez. “Permitir que un tribunal inferior a la SCJN haga caso omiso de sus sentencias, o interprete esas sentencias en su conjunto o alguna de sus consideraciones para justificar una declaratoria de inconstitucionalidad no asumida por la propia Suprema Corte, implica un desdén de la estructura y competencias de los tribunales judiciales federales, de su jerarquía y diseñados funcionales. Permitir eso “significa una violación del principio de supremacía constitucional y jurisdiccional de la SCJN respecto de los tribunales inferiores”, de acuerdo al proponente. Además, el legislador expone como una problemática el hecho de que si bien una sentencia tiene como partes vertebrales sus considerandos y sus puntos resolutivos, si una norma es considerada inconstitucional, en los hechos, los considerandos, aunque no tengan el voto aprobatorio de 8 votos, subsisten y son retomados. Es decir, “no se establece en la ley con claridad cuáles son los efectos de las consideraciones de las sentencias que no alcanzaron la mayoría calificada que se ha indicado”. Esa omisión de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución “puede dar pauta, como ya ha ocurrido, para que esas consideraciones se entiendan incorrectamente como un criterio orientador para resolver juicios de amparo promovidos contra actos o normas que ya fueron impugnados en controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad y no alcanzaron la mayoría calificada de 8 votos”. Por tanto, su iniciativa contempla tres elementos: establecer que las resoluciones de la SCJN para declarar la validez o invalidez de normas impugnadas deberán contar con 8 votos, que estas resoluciones son definitivas y no puede un amparo reabrir los asuntos. Hoy la ley dice que si no se alcanza la votación “el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias”. De acuerdo a la redacción propuesta en las controversias que no se alcance la votación mencionada “el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarará desestimadas dichas controversias y consecuentemente la validez de las normas impugnadas, contra las que no procederá juicio o recurso alguno”. También se propone establecer que “las autoridades jurisdiccionales no podrán invocar las razones justificativas de sentencias no aprobadas para invalidar, anular o desaplicar actos o normas generales, ni para admitir demandas de amparo, juicio o recurso alguno”. En el artículo 72 se propone una redacción acorde y plasmar que “las resoluciones de la SCJN sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada, declarará la validez de las normas impugnadas, contra las que no procederá juicio o recurso alguno y ordenará el archivo del asunto”.