Thayer mira con optimismo disposición de Venezuela para recibir expulsados: “Es probable que en el mediano plazo tengamos vuelos charter a ese país”

Agencia Uno

56 ciudadanos de nacionalidad venezolana han sido expulsados de Chile en lo que va de 2024. Es un procedimiento “cotidiano”, dijo Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, en ADN Hoy. Y fue más atrás: en 2023, se expulsaron 343 personas.

En un rango más amplio, entre 2018 y 2024, se han expulsado 937 persoans, de distintas nacionalidades; de esa cifra, el 40% fueron expulsadas entre 2023 y 2024. Es decir, en los dos años de la actual administración.

Pese a las tensiones con Venezuela, particularmente, Thayer aseguró que “el trabajo consular ellos lo siguen haciendo: certifica la identidad de las personas, las reconoce como nacionales de su país, entrega la documentación y el salvoconducto para que la Policía de Investigaciones (PDI) pueda tomarla, subirla al avión y finalmente las reciben allá”.

Su diagnóstico se traduce en optimismo, y en todo tiempo:

“Se ha avanzado en el trabajo con Venezuela y hay buena disposición para recibir vuelos charter. Lo más probable es que en el corto y mediano plazo tengamos vuelos charter en ese país. Nos queda todavía un desafío adicional, que es avanzar eventualmente con vuelos FACh, como hacemos a otros países: hemos sacado 10 vuelos de la Fuerza Aérea a Colombia, Ecuador, República Dominicana, desde que asumió el Gobierno a la fecha, uno de ellos a Venezuela (comercial). Lo importante es que en todos los vuelos, más allá de la nacionalidad de los expulsados, van personas que han cometido delito, que tienen antecedentes la gran mayoría. Son delincuentes, más que nacionales de un país, o que han cometido faltas, como el ingreso irregular. Es algo que ocurre cotidianamente y que vamos a seguir trabajando para facilitar la salida de vuelos charter a Venezuela”.

No hay ciudadanos que hayan sido rechazados o devueltos. Así las cosas, ¿qué hay que mejorar? “Como Estado, nuestra capacidad de expulsar. Entre 2022 y lo que va de 2024, hemos emitido 3.550 decretos de expulsión administrativo, a todas las nacionalidades; de esas, 1.300 son aproximadamente a personas venezolanas. Ese es el volumen de decretos de expulsíón recientes, vigentes, por materializar”.

Pero la problemática de la capacidad se cruza con dos factores: primero, el humano, particularmente en los trabajos de la policía civil; y en el presupuesto, pues aquí algo no cuadra.

Thayer explicó: “Si uno mira la ley de presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones, tenemos $3.500 millones para expulsar personas y podemos solicitar a la Dipres duplicar el monto. Eso nos da un total de $7.000 millones para comprar pasajes, básicamente; contratar vuelos; en ocasiones se expulsa a países fronterizos por tierra. Eso nos permitirá expulsar en torno a dos mil personas. Lo que tenemos que hacer y que estamos haciendo con la PDI: tenemos una serie importante de decretos, tres mil y tanto, y tenemos presupuesto para dos mil personas”.

Labores de la policía

Hace algunos días se vio desplegado un amplio operativo en el campamento de la comuna de Maipú. Algunas eran de nacionalidad extranjera. El director del Servicio Nacional de Migraciones transparentó las coordinaciones con la PDI:

“Estamos priorizando con la PDI: buscando a las personas, identificarlas, entregarles toda la información a la PDI para que puedan hacer los operativos, para detener a quienes cometieron delitos, a quienes tienen condena, a quienes han cumplido condena, porque cuando un extranjero comete delito en Chile, tiene dos opciones: cumplir la condena completa en Chile, luego de la cual sí o sí lo vamos a expulsar administrativamente (es decir, las personas que cometan delito acá y cumplan su condena, nosotros la expulsamos administrativamente); la otra opción es que las personas que han cometido delitos y tienen condenas bajas, pueden solicitar y solicitan la conmutación de la condena por la expulsión. Ah´nosotros también compramos los pasajes y también lo materializa la PDI. Esa gestión está hecha. Esa es la diferencia de las expulsiones judiciales y administrativas. Y siempre con prohibición de ingreso. Si una persona que conmuta su condena por expulsión y vuelve a ingresar, tiene que cumplir completa la condena en Chile y luego, sí o sí, la volvemos a expulsar”.

Una perogrullada: antes de expulsar, hay que detectar y detener a la persona.

El llamado a la autodenuncia fue también otro punto a considerar dentro de las labores de Migraciones: “El procedimiento donde nosotros empadronamos a 182 mil personas es una variable clave para poder detener a personas. O sea, persona que no esté empadronada, es prioridad para la expulsión. Y la clave del procedimiento es que podamos detener a las personas”.

Pero de nuevo, dijo el director, “el problema es detectar a la persona”.

Con todo, desde la detección, aseguró el director, no hay persona detenida a la que, en el plazo legal de cinco días, no se le compre el pasaje para la expulsión. El problema, reiteró, radica en “capacidad e inteligencia, de análisis, que tenemos que aumentar para detectar, ubicar y detener a las personas antes de expulsarlas”.

“La coordinación con Venezuela ha mejorado sustantivamente y en lo personal, soy sumamente optimista, en el corto plazo, en materia de vuelos charter (…) Hay que hacerlos más eficiente. Hay que aumentar la capacidad del Estado para detener a las personas. Hay que aumentar la capacidad del Estado para detener a las personas”, profundizó.

Hubo otro aspecto que Thayer puso sobre la mesa y que se diferencia con la administración anterior:

“Los vuelos charter Fach los hemos informado, pero no nos parece hacer de esta medida, que es práctica habitual del Estado, un espectáculo, un show. Hay que comunicarlo, informarlo, pero mostrar los rostros de las personas…. Cuestiones que pueden estar un poco de más. Lo importante es aumentar la eficiencia y soy optimista que vamos a avanzar en esa línea bien”.