Medidas para un gran retroceso

El DNI y la ley ómnibus buscan terminar con la protección al trabajador.

El sector del trabajo está en la mira de Milei. Tanto el decreto de necesidad y urgencia (DNU), como la ley ómnibus enviada al Congreso, buscan imponer reformas sustanciales a los derechos laborales, que se traducen en una permisividad al empleo no registrado, modificaciones perjudiciales en el régimen indemnizatorio y ataques contra la organización sindical. Y eso acompañado de una limitación del derecho a huelga: ante las respuestas de los trabajadores, que este miércoles 24 van a un paro nacional, el gobierno amenaza con descontar los días y habilitó un teléfono para denunciar supuestos “aprietes” de los sindicatos. Desde el derecho laboral advierten que se busca crear un mercado de trabajo “flexible” a favor de la patronal y que se trata del “retroceso más violento” en contra de los trabajadores. Rosario/12 dialogó con los abogados laboralistas Jorge Elías, Sebastián Serrano Alou y Jorge Elizondo para profundizar en las reformas laborales que busca imponer el gobierno nacional. “Tanto el DNU como la ley ómnibus amenazan con la existencia misma de la democracia”, expresó Elizondo.

Eliminación de multas por mala registración, modificaciones al régimen de contratos de trabajo, elevación del período de prueba, reformas en las indemnizaciones. El DNU de Milei busca reformar por completo el mundo de las relaciones laborales como se conoce hasta el momento. Una avanzada tan brusca que los gremios y las centrales obreras buscan frenarla denunciando su inconstitucionalidad. La Cámara Nacional de Apelaciones falló a favor de la presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por el momento su vigencia quedó suspendida, a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, el DNU juega en tándem con la ley ómnibus, que pone en juego su ratificación.

Para Jorge Elías, las intenciones del gobierno deben analizarse en el contexto del objeto que persiguen: avanzar hacia la eliminación del derecho laboral. Entre los aspectos que mayor preocupación le generan aparece la “permisividad del empleo en negro” que se impone con esta reforma. “Básicamente se invita a los empleadores a que puedan tener gente en negro sin correr ningún riesgo de reclamo de sus empleados”, expresó. Al mismo tiempo que cuestionó la posibilidad de que las empresas puedan pagar los juicios laborales en cuotas: “Es un plan Ahora 12 para indemnizaciones”.

El abogado laboralista también apuntó que se busca desligar la relación laboral encubierta entre los monotributistas y sus empleadores, e incluso se avanza con la figura del “trabajador independiente”, donde un empleador puede tener hasta cinco personas trabajando bajo su tutela sin ninguna relación de dependencia. En ese sentido, consideró que esas modificaciones tienen un objetivo de máxima: modificar los convenios colectivos de trabajo y avanzar hacia el sistema que rige en el rubro de la construcción, donde en lugar del régimen indemnizatorio se manejan con un “fondo de cese laboral”.

“No solo se desvaloriza la indemnización, sino que significa un desamparo total para el trabajador que no tiene protección contra el despido y carece de posibilidades de abrir la boca para pedir que le paguen”, expresó y agregó: “Este es un primer paso y viene apoyado por algunos sectores empresarios que lo ven muy ventajoso. Pero en realidad va a traer otras complicaciones, porque va a aumentar la pobreza y provocar efectos recesivos que implican trabajos de menor calidad, salarios más bajos y menos consumo. Nunca hubo un retroceso tan violento en ninguno de los gobiernos que recortó derechos”.

En una misma línea, Sebastián Serrano Alou sostuvo que las medidas del gobierno buscan “de todas las maneras posibles el no registro”, eliminando las responsabilidades del empleador incumplidor. Sin embargo, a los trabajadores que se encuentren registrados también se les busca recortar derechos por dos vías. Por un lado en términos colectivos, avanzando contra los gremios y las acciones que promueven mejoras laborales. Pero también en términos individuales, dejando de lado el principio de irrenunciabilidad de derechos: “Cuando las partes pueden negociar si el empleador va a cumplir o no los derechos, y más en épocas donde hay necesidad de conseguir trabajo, van a contratar a quienes trabajen por menos salario y menos derechos. Si se pueden renunciar a los derechos fundamentales tenemos un problema”.

En ese sentido, el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, consideró que el DNU “va camino a ser declarado inconstitucional” y advirtió a la patronal “no comprar espejitos de colores” con las reformas. Asimismo, remarcó que ninguna de las normativas cambia nada en relación al sistema de accidentes y enfermedades de trabajo impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri. “Se asegura el negocio financiero de las ART. Empresas que funcionan como financieras cuando debieran cuidar la salud de las personas que trabajan. Es un negocio muy conveniente”, sostuvo.

Ante ese escenario, Serrano Alou se refirió a las acciones impulsadas por el gobierno por intentar desalentar la marcha convocada por la CGT el próximo miércoles y consideró que va en una misma línea con las reformas laborales que se buscan impulsar: “El gobierno se da cuenta que sus planes no son algo que funcione matemáticamente, porque del otro lado hay personas de carne y hueso que se organizan de manera colectiva. Como están viendo que no pueden parar el malestar popular quieren amedrentar y después sancionar injustamente para ver si en el futuro no se repiten. Me parece que se van a llevar una gran sorpresa con la convocatoria”.

En tanto, Jorge Elizondo consideró que se trata de “una ofensiva en toda la línea contra el derecho al trabajo”, que además busca disciplinar a los trabajadores intentando prohibir el derecho a huelga y la protesta social. “La idea es crear un mercado de trabajo flexible y eliminar todo tipo de obstáculos y regulaciones. Y es una idea concebida por el gran capital financiero e industrial en Argentina, que son los que ejercen realmente el poder”, expresó y añadió: “A la par de eso quieren prohibir el reclamo y estigmatizar a quienes participan en movilizaciones, identificándolos como si fuesen delincuentes”.

El abogado, que también es investigador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), analizó con preocupación todo lo que refiere a las indemnizaciones y señaló que son “la única defensa” que tienen los trabajadores contra los despidos arbitrarios. “Lo que se busca es reemplazar el sistema que tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo por un sistema similar al que existe en la industria de la construcción. Es decir, en lugar de acceder a una indemnización el trabajador cobra un depósito menor que debe hacer el empleador. El objetivo es contar con sindicatos que se presten a esto, pero hasta el momento la idea no entusiasma a nadie”, evaluó. “Hacer desaparecer la indemnización es modificar ilegalmente el artículo 14 bis de la Constitución nacional”, añadió.

Por último, cuestionó el anuncio del gobierno de descontar el día a los trabajadores que se sumen al paro del miércoles y la puesta en marcha de un número telefónico para denunciar presuntos “aprietes” para sumarse a la medida de fuerza. Considera que se trata de una embestida con un fin claro. “El objetivo final es ilegalizar el derecho de huelga. Y cuando los sindicatos lo ejercen es porque hay decisiones que amenazan ese y otros derechos”, analizó. “La movilización del 24 se justifica desde varias razones y tanto el DNU como la ley ómnibus amenazan con la existencia misma de la democracia”, aseguró.