Izquierda democrática vs. Izquierda antisistema revolucionaria

Carlos Moreno Columnista El Espectador

Los chilenos explican que en su gran paro nacional de 2019, copiado luego en Colombia, coexistían lo que llamaron una izquierda institucionalizada, parlamentaria, democrática y pacífica (compuesta por el PS, PPD, el Frente Amplio, entre otros) con unos partidos y movimientos que constituían una “Izquierda antisistema revolucionaria”, cuyo mecanismo fue la vía violenta para reemplazar el modelo político chileno por un capitalismo de Estado, mediante el ejercicio de la destrucción, relativización de los valores, entre otros. Era algo similar a lo implementado en Venezuela: la “Izquierda democrática” no tenía la capacidad de control ni dirección del proceso insurreccional. Existen grandes similitudes con Colombia, cuya necesidad de cambios llevó al Pacto Histórico al poder, logrando que partidos de “Izquierda democrática”, como la Alianza Verde, el Polo y otros, se sumaran a partidos y movimientos claramente de “Izquierda antisistema revolucionaria” (IAR), como el PCC, las FARC Comunes y finalmente movimientos guerrilleros como el ELN y las EMC FARC que dicen haber financiado el Pacto Histórico. Esta alianza, más narrativas distorsionadas y falsas, una guerra de desprestigio a la oposición, probablemente dineros corruptos y exceso a topes de campaña, permitieron la elección del Pacto Histórico.

Pero en los postulados casi universales por los que abogamos todos: una sociedad más equitativa, inclusiva, participativa y respetuosa de los derechos humanos, desarrollo económico que sirva a las clases populares y poblaciones marginadas, integración de visiones indígenas y afros, protección de líderes sociales y políticos, defensa campesina y comunidades marginadas, nos encontramos a los grupos y partidos IAR que apoyaron al Pacto Histórico. Ellos, con una metodología violenta y so pretexto de implementar estas causas o de obtener el poder, han sido máquinas de muerte. En cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2021 ha habido en el país 179.076 víctimas de asesinatos selectivos, en su mayoría cometidos por guerrillas y grupos paramilitares, y 4.237 masacres, 38.258 secuestros y 17.865 menores reclutados, además de desplazamiento forzado de campesinos, asesinato de líderes sociales y tomas de territorios indígenas y afros. Y mientras tanto, el Gobierno en su “lucha por el cambio” acomete una destrucción sistemática sectorial, evidenciada con el chu, chu, chu aplicado a la salud, a las universidades privadas, a la construcción de vivienda e infraestructura vial, y a las comercializadoras de energía entre otras, y propone o amenaza con una constituyente orientada a atornillarse en el poder para cambiar el sistema sin discusión democrática y de paso a cubrir su ineptitud e ilegitimidad, y una ley de punto final que limpie la cloaca que han creado, como los crímenes antes relatados y el supuesto pacto de La Picota, y pensando quizá para “quedar en tablas” incluir los abominables crímenes de algunos militares que motu proprio acometieron ejecuciones extrajudiciales. Es claro que Colombia necesita un Acuerdo Amplio Democrático, donde ojalá participen si no todas, casi todas las fuerzas de izquierda democrática, de centro y de derecha. Que sea un acuerdo centrado en construir esperanza y no al servicio de oscuras intenciones, como poner punto final a todas las cloacas.