Una asociación de fiscales presenta una demanda en el Supremo contra el nombramiento de García Ortiz por "inidóneo"

El fiscal general del Estado a su llegada al Congreso de los Diputados.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha formulado este jueves una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.

La demanda de la APIF se basa en la “falta de idoneidad” de García Ortiz para el desempeño del cargo de fiscal general, “acreditado por la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos, omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo, y culminadas con la condena en el Tribunal Supremo relativa a uno de los nombramientos polémicos que realizó y supuso la anulación del mismo por haber incurrido, el fiscal general, en desviación de poder”.

Este colectivo se refiere al ascenso de la ex ministra y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar, que fue anulado por el Alto Tribunal. Desde la APIF subrayan que “ello bastaría para justificar la no renovación en un cargo cumbre y fundamental en un estado de derecho, pero es que además, no se ha tratado, ni mucho menos de un hecho aislado, tal como recoge el informe contrario a su idoneidad que emitió el Consejo General del Poder Judicial, por vez primera en democracia”.

Los demandantes afirman que “hay otro nombramiento pendiente de deliberación y sentencia realizado por el actual fiscal general del Estado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, también una querella dirigida contra el fiscal general en estudio de admisión por la Sala Segunda y otra querella se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra unos fiscales que, según se informa en los medios de comunicación, actuaron por instrucciones del propio Fiscal General”.

Este colectivo, que siempre ha sido muy crítico con la actuación de García Ortiz, afirma que “la línea abiertamente progubernamental del fiscal general del Estado en el ejercicio de sus funciones se trata de reflejar en el recurso, donde se recogen incidentes como expedientes disciplinarios a fiscales por hechos neutros jurídicamente, quejas de fiscales por sus silencios ante ataques abiertos a jueces y fiscales (incluso en sede parlamentaria), negativas a permitir que el Consejo Fiscal se pronuncie en cuestiones de índole profesional y absolutamente imprescindible para el desarrollo de la Fiscalía, como la necesidad de un presupuesto independiente del Ministerio de Justicia, o sobre las investigaciones pretendidas de jueces y fiscales en sede parlamentaria, o sobre el mismo proyecto de Ley de Amnistía a requerimiento del Senado; o la comisión de errores manifiestos en la interpretación de la ley orgánica 10/2022 [Ley del sólo del sí o sí] que han vinculado a todos los fiscales de España hasta que fueron corregidos por los Tribunales, son razones sobre las que la APIF fundamenta su pretensión”.