España destinó el 6,9% de su PIB a la salud en 2022, menos que la media europea

La inversión pública de España en el sector de la salud, con datos de 2022, representa el 6,9% de su Producto Interior Bruto (PIB), según un informe reciente de Eurostat. Esto sitúa a España casi un punto porcentual por debajo del promedio de la Unión Europea en inversión en sanidad. El gasto público en sanidad es del 7,7%. Austria encabeza la lista con un 9,3%, seguido de cerca por República Checa y Francia con un 9,1%. Le siguen Islandia con un 8,6% y Alemania con un 8,5% del PIB destinado a la sanidad.

España destinó el 6,9% de su PIB a la salud en 2022, menos que la media europea

En comparación con la UE, donde el gasto sanitario por habitante es de 4.028 euros, nuestro país destina 2.771 euros por habitante. Del gasto total en nuestro país, el 35% se utiliza para atención ambulatoria (atención primaria), lo que equivale a 973 euros por habitante, mientras que el 28% se destina a atención hospitalaria, representando 780 euros por habitante.

El estudio revela que la inversión española en sanidad experimentó una ligera disminución entre los años 2021 y 2022 y según los datos recopilados, esta disminución se tradujo en una reducción de 0,3 puntos del PIB.

A pesar de esta disminución, la sanidad continúa siendo uno de los sectores prioritarios para las administraciones españolas. De hecho, el estudio destaca que la sanidad es receptora de la segunda mayor inversión por parte del gobierno, solo superada por la protección social, que representa un 18,8 por ciento del gasto público total.

Tras la protección social y la sanidad, los sectores que reciben mayor inversión por parte de las administraciones españolas son los servicios públicos generales, con un 5,8%, seguidos de los asuntos económicos, con un 5,7%, y la educación, con un 4,4%. Otras áreas como el orden público y seguridad, defensa, recreación, cultura, religión, vivienda, servicios comunitarios y protección ambiental tuvieron una participación menor. A nivel comunitario, el gasto total de las administraciones públicas aumentó en todas las áreas principales, con incrementos notables en protección social, servicios públicos generales, educación y salud.

El gasto total en la UE en 2022 fue del 49,6% del PIB, influenciado por medidas gubernamentales para mitigar los efectos de la pandemia de la Covid-19 y el aumento de los precios de la energía. Aunque menor que en años anteriores, el gasto total aumentó en 377 billones de euros en comparación con 2021, alcanzando los 7.894 billones en 2022. Este crecimiento fue del 5% en comparación con 2021.

Sin presupuestos para 2024

El Gobierno de Pedro Sánchez envió a Bruselas un proyecto de Presupuestos para 2024 considerado “inercial” y “prudente”, con una inversión en sanidad del 6,7% del PIB y en educación del 4,3%. Sin embargo, las partidas para empleo decrecieron ligeramente al 1,9%. Tras el adelanto de las elecciones catalanas para el 12 de mayo y el consecuente rechazo de los presupuestos, el Gobierno ha decidido no presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogará los del año anterior.

Según el informe ‘Spain: Country Health Profile 2023’, elaborado por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud y la OCDE en colaboración con la Comisión Europea, señala que la proporción del gasto sanitario corriente en nuestro país es más bajo que la media de la UE. En España, el gasto en cuidados de larga duración representa el 9% del gasto sanitario corriente, mientras que en la UE es del 16%. Además, el gasto en prevención en España equivale al 3% del gasto sanitario corriente, en contraste con el 6% en la media de la UE.

Concretamente, el gasto en programas de prevención de enfermedades es de 95 euros por persona, mientras que la media de la UE alcanza los 250 euros por habitante. Esto significa que España invierte un 62% menos que la media europea en este ámbito.

A pesar de que el gasto sanitario español se sitúa por debajo de la media europea, el estudio europeo demuestra el aumento constante en dicho gasto, alcanzando el 10,7% del PIB en 2021, muy cerca del promedio de la UE que fue del 11%. Sin embargo, se advierte que la financiación pública para la salud en España es del 71,6%, considerablemente inferior al promedio de la UE del 81,1%. Esto resulta en un gasto de bolsillo en salud que representa más del 21% del gasto sanitario total en España, una cifra superior al promedio de la UE que fue del 14,5%.

El sector privado

El informe “Monitor de la Actividad Empresarial en el Sector Sanitario”, elaborado por Idis, revela que el sector sanitario privado ha alcanzado ingresos por un total de 75.134 millones de euros, equivalente al 5,58% del PIB. La industria farmacéutica lidera en ingresos con 27.442 millones, seguida por los hospitales privados con 12.400 millones, y los seguros de salud con 10.908 millones. La tecnología sanitaria, que ha experimentado un aumento del 7% en su mercado y un 5% en empleo, también ha generado más de 10.000 millones de euros en ingresos.

El sector sanitario representa el 10,8% del PIB. Según el informe, aproximadamente entre el 54% y el 58% del gasto total en sanidad depende de los servicios del sector privado, lo que subraya la importancia de una colaboración entre el sector público y privado.

La sanidad privada en España está integrada por casi 200.000 compañías, lo que representa el 5,7% del total de empresas en el país. Además, emplea a 1,1 millones de personas, equivalente al 7,65% de la fuerza laboral total, de las cuales tres de cada cinco son mujeres. Este sector controla más de la mitad de los hospitales, específicamente el 55,6%, y tres de cada diez camas para pacientes hospitalizados. Además, administra el 70% de los centros sociosanitarios.

El 31% de las operaciones son realizadas por la sanidad privada. Y este sector lleva a cabo el 24% de las altas y el 24% de las consultas de urgencias. Igualmente, el informe de IDIS desvela que el 90% de las ambulancias en servicio son privadas.

La industria farmacéutica juega un papel crucial en el ámbito de la sanidad privada. Con una red de 149 plantas dedicadas a la producción de medicamentos, esta industria se posiciona como la tercera fuerza exportadora del país.

Reme Navarro, fundadora y farmacéutica de Atida I Mifarma, destaca que, en un contexto mundial complejo, marcado por el conflicto entre Rusia y Ucrania y un período de inflación, la industria farmacéutica se enfrenta a dos principales desafíos “la escasez de medicamentos a nivel europeo: El aumento en el desabastecimiento ha sido un problema creciente a nivel europeo, con especial incidencia en España debido a las medidas relativas a reducir el gasto farmacéutico”. Y, por otro lado, las nuevas tendencias tecnológicas, donde “la digitalización y la robotización, es fundamental para mejorar la rentabilidad y ofrecer servicios sanitarios de calidad a los pacientes”.

Por otro lado, si nos centramos en el ámbito de la farmacia comunitaria a estos retos se suman otros desafíos. “Programas asistenciales innovadores. Es decir, se busca mejorar la calidad de los servicios farmacéuticos mediante la promoción de programas como ‘Mi Farmacia Asistencial’, campaña del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, en la cual, los farmacéuticos pueden ofrecer a los pacientes la posibilidad de mejorar el uso de medicamentos y realizar el seguimiento de los tratamientos. El entorno rural, donde las farmacias en zonas rurales enfrentan desafíos únicos debido a la despoblación. Según destacó Bancofar, banco de referencia de los farmacéuticos, en un informe relativo a 2023 se estima que el sector produce un impacto económico de 1.600 millones de euros anuales, generando además 23.600 empleos a jornada completa. Y el eje vertebrador en el Sistema Nacional de Salud. El papel del farmacéutico ha evolucionado en los últimos años en el entorno social y asistencial para ofrecer una gama más amplia de servicios sanitarios. Así, actualmente el farmacéutico es un personal sanitario que se integra en el sistema nacional de salud”, añade Navarro.

Desde Farmaindustria consideran que la dura experiencia de la Covid-19 puso de manifiesto para el conjunto de la sociedad lo que ya la evidencia científica había constatado: que la inversión en sanidad, en medicamentos, en investigación biomédica, no es tanto un gasto cuanto una inversión. Y una inversión con retornos sanitarios, económicos y sociales. “Un euro invertido en salud tiene un efecto multiplicador en términos de crecimiento económico y de empleo muy superior a la inversión de ese mismo euro en muchas otras actividades”, destaca Juan Yermo, director general de Farmaindustria. En el caso concreto de la innovación en medicamentos, cada euro invertido en medicamentos ahorra entre 2 y 7 euros en otros gastos sanitarios y suma ahorros indirectos en productividad y otros costes sociales.

Además, Yermo asegura que “la industria farmacéutica es un sector con una actividad industrial muy potente y con un alto impacto en la inversión, la exportación y el empleo de nuestro país”. Así, las compañías farmacéuticas tienen en España un total de 103 plantas de producción de medicamentos de uso humano, once de ellas de medicamentos biológicos. Si se suman las fábricas de producción de principios activos (46) y de uso veterinario (24), el total de plantas farmacéuticas en nuestro país asciende a 173, pertenecientes a 122 grupos empresariales. Estos datos sitúan a España como uno de los países europeos con un mayor potencial de fabricación de medicamentos, precisamente en un momento en el que hemos visto claro hasta qué punto los medicamentos son un bien estratégico y de seguridad para los países. Tenemos un potente tejido industrial con una alta presencia de empresas nacionales y multinacionales -añade- que tienen a nuestro país como pieza clave de su cadena de producción. La pandemia ha mostrado, entre otras enseñanzas, que los medicamentos son un bien estratégico y de seguridad para los países y ha hecho plantearse a gobiernos de toda Europa la pregunta de si nuestra dependencia de otros países, sobre todo de Asia, en producción de ciertos principios activos y medicamentos estratégicos es excesiva y si deberíamos crear el marco adecuado para recuperar parte de esa producción. Aunque crece la competencia de otros países, en particular de las grandes economías emergentes, en España tenemos las bases apropiadas para convertirnos en un gran hub de producción e investigación de medicamentos en Europa. Para ello, lo único que hace falta es tener clara una hoja de ruta, una estrategia a medio y largo plazo que dé confianza al sector para poder realizar las inversiones que son necesarias en este ámbito.

Recuperación del sistema sanitario

Desde la crisis financiera de 2009, la sanidad pública española ha experimentado un debilitamiento progresivo debido a los recortes presupuestarios impulsados por enfoques económicos neoliberales. Estos recortes han llevado a una pérdida de profesionales, condiciones de trabajo deterioradas y falta de recursos, resultando en una disminución en la calidad de la atención y tiempos de espera más largos. Es crucial que en 2024 se revierta esta tendencia negativa y se inicie un proceso de recuperación para el sistema de salud español, según los expertos consultados.

Según el Barómetro del CIS de noviembre pasado, aproximadamente el 80% de la población española está bastante o muy preocupada por la asistencia sanitaria pública. Además, la sanidad es el segundo problema que más preocupa personalmente a la población. Estos datos reflejan una clara señal de alarma, lo que subraya la necesidad imperativa de tomar medidas para recuperar la calidad perdida del Sistema Nacional de Salud (SNS) y garantizar su futuro. Para recuperar la calidad perdida del SNS y hacer frente al crecimiento y envejecimiento de la población, los expertos proponen ampliar la financiación en torno a 20.000 millones de euros anuales. Esta financiación adicional debería ser finalista y completar el marco de financiación autonómica a través de acuerdos bilaterales para impulsar estrategias concretas y asegurar su cumplimiento. Un SNS bien financiado, donde el gasto público en salud represente el 85% del gasto total en salud, es fundamental para restaurar su prestigio y reconocimiento de calidad.

La Comunidad de Madrid

Un reciente informe de la Federación de Asociaciones Para la Defensa de la Sanidad (FAPDS) ha arrojado luz sobre las inversiones destinadas a la sanidad pública en las distintas comunidades autónomas para este año. Si bien la mayoría de las regiones anuncian un aumento presupuestario, existen disparidades significativas que plantean interrogantes sobre la equidad y la calidad del sistema sanitario a nivel nacional.

Se prevé incremento en las inversiones para la sanidad pública. Sin embargo, el País Vasco se distingue al registrar un ligero descenso en su inversión, aunque continúa siendo una de las regiones con mayor asignación de recursos para este sector. El promedio de inversión por habitante se sitúa en 1.906 euros, según el desglose realizado por la FAPDS, una cifra que refleja el compromiso generalizado de las comunidades autónomas con la mejora de la atención sanitaria. No obstante, este promedio oculta realidades preocupantes, como la situación en la Comunidad de Madrid.

En el caso de Madrid, el presupuesto destinado a la sanidad pública para 2024 es inferior a la cantidad realmente gastada en 2022, lo que constituye una tendencia recurrente que plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para hacer frente a las demandas de la población. La inversión en conciertos con entidades privadas ha aumentado, mientras que el presupuesto público muestra una disminución.

Además, análisis realizados por CCOO indican que, en términos relativos al PIB regional, la inversión en sanidad experimenta una disminución respecto a años anteriores, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para abordar las necesidades emergentes, como el envejecimiento de la población y la expansión de los servicios de salud. En este contexto, Madrid se sitúa a la cola en términos de inversión por habitante, evidenciando una brecha significativa con respecto a otras regiones del país. Esta disparidad pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas presupuestarias y de una mayor coordinación a nivel nacional para garantizar la equidad y la eficiencia en el sistema sanitario español.

El informe de la FADSP también desvela que los presupuestos sanitarios por habitante en España aumentaron en promedio en 90,74 euros, pasando de 1.815,55 euros en 2023 a 1.906,29 euros en 2024. Sin embargo, la FADSP considera este incremento del 4,99% como claramente insuficiente dada la inflación prevista del 4% y las necesidades del sistema sanitario.

Igualmente, el estudio destaca que los presupuestos aprobados por las comunidades autónomas reflejan su nivel de preocupación por el sistema sanitario, especialmente en un contexto de desfinanciación crónica. El gasto sanitario de las regiones representa el 92,1% del gasto público total en salud. El informe concluye que un gasto insuficiente y mal distribuido perpetúa la falta de financiación general del sistema sanitario y refuerza las desigualdades entre regiones.