Sheinbaum y la imprudencia de Colosio en su seguridad

El mini secuestro de la candidata oficial Claudia Sheinbaum Pardo en Motozintla, Chiapas, dejó malas señales en el esquema de seguridad de altos políticos mexicanos.

Los políticos, que dependen del contacto público, suelen desdeñar los indicios en el ambiente cotidiano que tienen que ver con la seguridad en general y su seguridad en particular. En 1994, después de un desayuno en casa de Raúl Cremoux, el autor de Indicador Político se trasladó a solas de Tlalpan al edificio central del PRI en Insurgentes Sur con el candidato Luis Donaldo Colosio y en el camino el tema central, por parte del periodista, fue el clima de inseguridad que podría estar afectando a los políticos en campaña.

Colosio desdeñó el argumento de la seguridad personal y el viaje por periférico y reforma, una semana antes de Lomas Taurinas, lo realizaron candidato y periodistas a solas, sin escolta porque a Colosio le gustaba desprenderse de sus guardias. En la columna Indicador Político del lunes 21 de marzo se desarrolló el tema del clima de inseguridad. Por su importancia, se reproduce textual:

Lógica desestabilizadora.

Seguridad en entredicho.

Cuando estallaron los problemas en Chiapas, el gobierno ofreció una escolta especial a un grupo de hombres importantes. Alfredo Harp Helú, director general de Banamex, hombre clave en la Bolsa de Valores y operador de inversiones de importantísimos funcionarios públicos, la rechazó. Lo malo fue que nadie le insistió y el hombre de negocios fue secuestrado. Así, un asunto de seguridad pública se convirtió en un elemento de desestabilización interna y por tanto de seguridad nacional por el acoso norteamericano.

Mientras los aparatos de seguridad nacional andan espiando donde no deben, el país se mostró bastante vulnerable: un grupo guerrillero se organizó durante diez años y nadie lo descubrió hasta que se levantaron en armas y alguien estalló una bomba en Plaza Universidad y hasta ahora no saben qué pasó. La lógica de la desestabilización sociopolítica que se desprendió de Chiapas no fue prevista por el gobierno: después de los bombazos venían los secuestros, luego los ajusticiamientos y finalmente los golpes criminales contra figuras públicas que crean ingobernabilidad de fin de sexenio.

El conflicto en Chiapas tuvo una mala lectura en los altos círculos del gobierno: todo lo centraron en asuntos locales, sin pensar en la posibilidad de un desbordamiento de grupos aliados, afines o independientes. Si fue comercial, político o social, de todos modos, el secuestro de Harp mostró a un gobierno incapaz de prever conflictos que debilitan su capacidad de gestión.

Aunque sea después del niño ahogado, el gobierno salinista se enfrenta a la necesidad de tomar tres decisiones:

1. La reorganización a fondo del Centro de Información y Seguridad Nacional. El CISEN debe regresar a Gobernación y no ser el brazo espía de Joseph-Marie Córdoba Montoya.

2. La creación de un Consejo de Seguridad Nacional que agrupe la información de las principales oficinas y agencias dedicadas a la recopilación e interpretación de información política para la toma de decisiones presidenciales.

3. La urgencia de que el Congreso legisle sobre temas de seguridad nacional y cree una comisión de supervisión de las oficinas gubernamentales dedicadas a esos menesteres. En el caso de Harp que nadie se hace responsable de esa terrible falla de seguridad.

En esta transición sexenal, el país enfrenta una docena de riesgos de seguridad interna y externa:

1. Urge el padrón de las agrupaciones radicales y extremistas nacionales y extranjeras que actúan con bastante margen de maniobra en la ciudad y el campo. Hay datos de la penetración aquí de Sendero Luminoso, la ETA, grupos fascistas latinoamericanos y sectas religiosas vinculadas a organizaciones de seguridad nacional de EU.

2. El narcotráfico como un asunto prioritario, porque en Estados Unidos hay una línea de análisis que liga el narcotráfico con los acontecimientos de Chiapas y sus secuelas. La lucha contra el narcotráfico será el caballo de Troya de EU.

3. Chiapas y los grupos de poder que hicieron crisis en el sureste siguen sin explicación. Hay el peligro de posibles vinculaciones con otros estados de la República.

4. No existe la evaluación de los efectos en las estructuras tradicionales de poder de las modificaciones a los artículos 3, 27, 28, 123 y 130 de la Constitución. Hay un repliegue de poderes tradicionales y una consolidación de poderes fácticos.

5. La inquietud en el Ejército por las críticas a su actuación en Chiapas es un asunto de doble prioridad: para entender la profundidad y alcance de la irritación y para prever el debilitamiento de la moral de un cuerpo básico de la seguridad nacional.

6. El papel de la apertura comercial en la seguridad nacional del país. La penetración comercial e industrial extranjera va a afectar la conformación cultural de la sociedad mexicana y ese es un tema de seguridad nacional.

7. La penetración de organismos de inteligencia y seguridad nacional de EU en México: CIA, DEA, DIA y muchas otras. Han sido varias las visitas a México de funcionarios de la CIA y del área de seguridad nacional del Departamento de Estado para evaluar la crisis de Chiapas en función de los intereses de EU.

8. La ruptura de pactos internos y la conformación de nuevas alianzas por el proyecto neoliberal salinista modificó la correlación de fuerzas sociales históricas y sus compromisos con el gobierno y con el Estado. El debilitamiento de la fuerza política e ideológica del Estado disminuirá la capacidad de gobernabilidad del sistema.

9. El desbordamiento de grupos radicales exhibe una extrema debilidad del gobierno y de sus aparatos de seguridad. La guerrilla en Chiapas, los bombazos en el DF, los secuestros de personajes de la economía e incidentes como el del cierre de la carretera Toluca-DF con encapuchados con cartuchos explosivos muestran una capacidad menguada de gobernabilidad.

10. La celebración de las elecciones presidenciales más delicadas y decisivas en un ambiente de evidente descontrol político y de seguridad podría abrir espacios a atentados que respondan a la lógica de la desestabilización nacional.

11. El desbordamiento de conflictos locales y la contaminación de otras zonas refleja la incapacidad para apreciar la fragilidad del control político de la República y la falta de capacidad de respuesta del gobierno a la problemática. El autoritarismo y la negación de la realidad llevan a los conflictos violentos.

12. La existencia de cuando menos mil personas cuya seguridad debe de ser un asunto de alta prioridad. Harp rechazó la escolta, pero nadie pensó en una vigilancia que evitara precisamente lo que ocurrió: el secuestro de un banquero y agente de Bolsa que posee información clasificada sobre inversiones de altos funcionarios. Lo de Harp debe ser una llamada de atención para la previsión de escenarios y el seguimiento de conflictos. Se trata, ni más ni menos, de hacer inteligencia política y no espionaje burdo.

Tres días después de este texto, Colosio caía abatido en Lomas Taurinas.

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