Más de 40.000 motoristas se manifiestan en Francia contra el Gobierno: esta es la llamativa razón de sus quejas

Motoristas durante las manifestaciones en París contra la ITV.

La inspección técnica de vehículos (ITV) es obligatoria en España para cualquier vehículo a motor que circule por las calles y carreteras del país, pero la normativa no es igual en todas las naciones. Sin ir más lejos, en la vecina Francia, las motocicletas no han tenido que pasar por esta inspección nunca, hasta ahora, y a los motoristas franceses ese cambio no les parece buena idea.

Es por eso que más de 40.000 personas, 10.000 de ellas en París, se han manifestado con sus motos para dejar clara su posición en contra de la medida.

Lo cierto es que el país galo va tarde con ella, puesto que en 2014 la Unión Europea publicó una directiva para que todos los países miembros establecieran este tipo de controles, poniendo como fecha límite el 1 de enero de 2022.

En Francia estuvo a punto de implantarse en 2021, pero el Gobierno de Emmanuel Macron finalmente no aplicó la medida. Más adelante, una denuncia por parte de asociaciones ecologistas ante el Consejo de Estado reactivó el asunto y ahora la ley ha entrado en vigor.

Denominada CT2R (control técnico de las dos ruedas), la norma afectará a más de tres millones de vehículos, puesto que la inspección pasa a ser obligatoria para motocicletas, triciclos, ciclomotores, cuadriciclos ligeros y cuadriciclos pesados.

Este año deben someterse a ella los vehículos matriculados antes de 2017, aunque el margen se irá ampliando de manera progresiva. La inspección tendrá una periodicidad de tres años.

No hay una tarifa fija, puesto que la elegirá cada centro en función de múltiples factores (ubicación o tiempo de la inspección, por poner dos ejemplos), y en un primer momento solo evaluará aspectos relacionados con la seguridad. En principio, no se tendrán en cuenta factores como cumplir con la normativa del ruido o que no haya modificaciones mecánicas.

Si se detectan fallos leves en la prueba se podrá seguir circulando, pero, como en España, habrá un margen de dos meses para solventar los errores y volver a pasar la inspección. Si los problemas son graves se podrá inmovilizar el vehículo, aunque también habrá dos meses para arreglarlos. Aquellos que no cumplan el trámite, serán sancionados con una multa de 135 euros.