La economía europea se militariza con una intervención pública que parecía desterrada

La economía europea se militariza con una intervención pública que parecía desterrada

A cualquier español que se le imponga la necesidad de gastar más en buques, munición o reforzar las cadenas de suministro por si vienen mal dadas, posiblemente le suene a una situación muy lejana y del pasado. Si esa misma suposición se le plantea a un polaco, se empezaría a preocupar seriamente.

Esa distinta percepción que les distancia 4.000 kilómetros, es la que ha llevado a muchos países -los más cercanos a Rusia- a rearmarse; a otros, los de centroeuropa, a tomar posiciones; y a unos pocos, los más occidentales, como España, a verlas venir casi sin actuar. Pero Bruselas ya ha dado varios avisos porque estamos en una economía de guerra.

Esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitía en su intervención en el Congreso que “en España no se escuchan los bombardeos rusos, pero sí las voces de nuestros hermanos europeos que nos piden ayuda”. Estas declaraciones llegan después de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, avisara de que “el riesgo de guerra no es inminente, pero no es imposible”. Ningún país quiere dar un paso más allá, pero la realidad se impone: Putin puede ganar este verano cada vez más terreno en Ucrania; los territorios fronterizos se rearman; y una victoria de Donald Trump en EE. UU. en noviembre dejaría en el aire el actual apoyo a Ucrania bajo el paraguas de una OTAN más descafeinada.

El problema se llama 2%. Esa es la proporción de gasto en defensa sobre el PIB (Producto Interior Bruto) que recomienda la Alianza Atlántica. Y ahí España se encuentra entre los últimos de la trinchera. Sin visos de un nuevo Presupuesto para este año que incluyera un incremento de la inversión militar (siempre que las fricciones entre PSOE y Sumar lo permitan), la Autoridad Fiscal (AIReF) certifica que el gasto “real” en Defensa se redujo en 2.000 millones durante el pasado año, poco más del 1% del PIB.

No se trata de llamar a filas a los civiles ni de llenar las despensas, pero la economía de guerra sí implica “un cambio en las prioridades de los Gobiernos y sus políticas de gastos”, explica Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano. “Hay que reasignar recursos”, indica este experto. Y hay que hacerlo “aumentando el presupuesto miliar” para alcanzar ese 2% recomendado.

También “una mayor intervención de la economía porque los bienes y servicios que se necesitan ahora no los distribuye el mercado”, como la producción de buques, munición, etc. Félix Arteaga recuerda cómo Europa “había ido desmovilizando su base industrial de defensa” y aclara que “ahora se ha encontrado sin capacidad de producción”.

La inesperada invasión rusa de Ucrania, de la que se acaban de cumplir dos años “ha impulsado los desembolsos bélicos europeos”, según indica Sergio Ávila, analista de IG. Este experto afirma que “es crucial una inversión defensiva estratégica, enfocándose a fortalecer las capacidades más efectivas para disuadir o triunfar en los conflictos”.

Los Estados se encuentran ahora más preocupados por garantizar las cadenas de suministro, después de que el caso ucraniano disparara la inflación a niveles que no se veían en décadas. También por asegurar que el mercado de materias primas funciona sin necesidad de depender tanto del exterior europeo. Blindar reservas estratégicas. O establecer normativas que garanticen el buen funcionamiento del sector energético para evitar otra crisis.

Todas estas actuaciones suponen que “el Gobierno asume una mayor intervención en la economía nacional”, según explica Arteaga. Para Sergio Ávila, este tipo de contextos “fomentan la regulación gubernalmental extensiva” al tratarse de economías donde las prioridades van dirigidas hacia defensa, tecnología, seguridad o energía, sectores en los que, además, España está volviendo a mirar por ser “estratégicos”.

Pero ningún presupuesto estatal llega hasta el infinito y las llamadas a gastar más en Defensa implican que otras partidas deberán verse reducidas. En ese sentido, Óscar Vara, doctor en Economía por la Universidad Politécnica de Madrid, explica “las dificultades para adaptarnos a una situación en la que tenemos una deuda pública que supera el 100% del PIB y a la vez un gasto en pensiones o en prestaciones sociales que va a seguir creciendo” a lo largo de los próximos años. Solo en pensiones, el Estado destina el 40% de sus cuentas públicas cada ejercicio. Y a partir de ahí queda cada vez menos pastel económico a repartir.

Para lograr esa cuadratura del círculos, Félix Arteaga mantiene una posición pragmática: si no basta con la reasignación de recursos entre unas partidas y otras del presupuesto “habrá que subir impuestos, emitir más deuda y, por tanto, financiar ese gasto extraordinario que se nos está pidiendo”. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por Nadia Calviño, ha anunciado que agilizará procesos de financiación para seguridad y armamento, consciente de las necesidades de toda Europa en esta materia.

Es en este punto donde el apoyo social jugará un papel determinante. El respaldo mayoritario y popular a estas políticas económicas promilitares, que a muchos les recuerdan a las del pasado, son mucho más apoyadas en los países más cercanos a Rusia, donde sienten de cerca la guerra, que en los más alejados. “En Alemania están muy preocupados, pero en España no tanto, aunque los países mediterráneos se lo van a tener que replantear”, explica Óscar Vara. En este sentido coincide con el análisis de Félix Arteaga, quien indica que “hay líderes que lo último que quieren es que se les compliquen las elecciones por aumentar ese gasto militar” ante la fragmentación política que tienen en sus respectos parlamentos. La sucesión de citas electorales será clave en los próximos meses para determinar hasta donde llega esta escalada.